La desprotección de las víctimas del terrorismo de Estado
Por Gastón
Grisoni – 31.08.24
Un editorial de El País del pasado lunes 26 de agosto arremete contra Graciela Villar. La acusa de haber colaborado con la dictadura. La acusa, justamente, el vocero oficial de la dictadura y del terrorismo de Estado. El matutino de marras tiene el tupé de acusar a una chiquilina de 18 años, que estuvo detenida en el siniestro Fusna, de colaborar con dicho régimen. Lo hace, basándose en el testimonio de Fleming Gallo que reproduce un libro editado, el mes pasado, por Álvaro Alfonso con la colaboración de Héctor Amodio Pérez.
Militante de la resistencia
Durante la dictadura civil militar, Graciela Villar
fue detenida en dos oportunidades. En la primera ocasión era menor de edad. Fue
detenida por participar en una manifestación callejera ilegal contra el régimen
de Juan María Bordaberry conmemorando el 1º de mayo en la zona de la Curva de
Maroñas. Como era habitual, luego de su detención fue internada en el Hogar
Yaguarón, dependiente del Consejo del Niño (actual INAU).
La segunda detención se produjo en 1977. Estuvo
detenida en las instalaciones de los Fusileros Navales (FUSNA). En esta
oportunidad, ya tenía 18 años. Luego de algunos días fue liberada. Graciela
Villar es la denunciante de Fleming Gallo en la primera causa penal por la cual la
justicia uruguaya pretende juzgarlo. En esta y en otras causas posteriores, se
lo acusa por su activa y comprobada
participación en secuestros, privaciones de libertad y torturas, de manera
sistemática y continuada de decenas de personas en el marco de la Operación
Morgan contra el PCU.
Fleming Gallo: prófugo de la
justicia
El libro que inspira al editorialista de El País
consiste en una larga entrevista que Alvaro Alfonso le realiza a Fleming Gallo.
Además del testimonio del prófugo, el libro reproduce supuestas actas de
interrogatorio de la justicia militar a Graciela Villar para demostrar su
colaboración. En dicho libro, Fleming Gallo también señala como colaboradores a
otros detenidos que precisamente testificaron en contra de él ante la justicia. También se presentan
supuestas actas de esos interrogatorios en las instalaciones del Fusna, para
desacreditarlos.
Alvaro Alfonso es reincidente
Álvaro Alfonso cuenta con antecedentes penales. Comenzó
a interesarse en el pasado reciente en el año 1995 luego de realizar un curso
para corresponsal de guerra del Ejército, según testimonió al semanario La
Mañana, para poder dar todas las versiones y no solo las de la izquierda. En
materia de manejo espurio de archivos militares personales es reincidente. Ya
fue procesado por la justicia por el delito de difamación en dos instancias en
el año 2009. Reprodujo actas de un
interrogatorio, de la justicia militar, en el centro clandestino de detención
de La Tablada. Basándose en ellos y en sus propias fuentes militares acusó de colaborador a otro ex preso político (Carlos
Tutzó) que estuvo en dicho centro en el año 1977.
La
desprotección salta a la vista
La legislación vigente no protege a las miles de
personas que desde el comienzo del Estado de Guerra Interno en 1972 hasta el
fin de la dictadura fueron detenidas por los servicios represivos y sometidas a
tribunales militares. Están desvalidas ante personajes malintencionados.
El caso de Graciela Villar es significativo. Un prófugo
de la justicia uruguaya tiene en su poder documentos de aquella época y
mediante personas inescrupulosas los pone en circulación a modo de represalia.
La difusión pública de actas de interrogatorio de la justicia militar de aquel
período, de carácter personal, debería ser penalizada.
En esta ocasión como afirmó CRySOL existió una doble
inmoralidad: la de difundir apologéticamente el testimonio de un criminal
confeso de la dictadura, prófugo de la justicia como Fleming Gallo en un libro
y la revictimización que se lleva a cabo de una luchadora y ex presa política
por parte de El País.
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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus
opiniones no reflejan ni comprometen,
necesariamente, al colectivo como tal.
