Una nueva versión desproporcionada y ofensiva: 150.000 dólares
Por
Gastón Grisoni (*) – El Popular Nº 626 – 31 03 23
Para
salvar las carencias básicas del proyecto de ley de reparación a las víctimas
de los grupos armados que aprobara el Senado, el diputado Ope Pasquet presentó
esta semana una nueva versión en la Comisión de Constitución y Códigos de
Diputados. La necesidad de contar con los votos de Cabildo Abierto para poder
aprobar la reforma jubilatoria en Diputados, asegura que el proyecto de ley será
aprobado en la Comisión y pasará al Plenario del cuerpo.
El
diputado Ope Pasquet presentó la nueva versión gubernamental
Cifras escandalosas
El proyecto aprobado por el Senado,
además de no identificar el universo de personas a beneficiar, carecía de cifras a otorgar a los mismos. La
propuesta de la coalición gubernamental subsana este aspecto pero lo hace de
una manera ofensiva y provocativa de acuerdo a los antecedentes históricos.
Desde el regreso a la vida democrática se han aprobado varias leyes
reparatorias que no pueden ser ignoradas, muy especialmente las que fueron
aprobadas durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez. La Ley 18 596,
aprobada en setiembre de 2009, la más amplia, amparó de manera indemnizatoria a
los familiares de los detenidos desaparecidos, de los asesinados, a las
personas que sufrieron lesiones gravísimas, de acuerdo al artículo 318 del
Código Penal, a los niños secuestrados y desaparecidos por más 30 días y a los
niños nacidos en situación de cautiverio.
El nuevo proyecto a estudio de los
diputados, es más amplio, más benévolo y más generoso en todos los aspectos.
Duplica los montos otorgados por la Ley
18 596 que es una ley que reparó a las víctimas directas de la actuación
ilegítima y del terrorismo de Estado en el período comprendido entre el 13 de
junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.
Enérgico
comunicado de Crysol
Al tomar conocimiento de la nueva
propuesta gubernamental a la cual consideró mezquina y provocativa, Crysol
señaló que la misma: “Pone de relieve
que la vida de los centenares de detenidos desaparecidos y de los
asesinados durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, durante la dictadura
civil militar y el terrorismo de Estado, vale mucho menos que la de otros
ciudadanos. Discrimina, además, a las decenas de ciudadanos que sufrieron
lesiones gravísimas durante acciones represivas o en las salas de tortura, a
los niños secuestrados y desaparecidos. Especialmente lo hace con miles de
uruguayos que, sin haber sido formalmente procesados, estuvieron semanas y
meses, privados de su libertad, incomunicados, sometidos a las más crueles
torturas en los centros clandestinos de represión y a los cuales se les demanda
seis meses de cautiverio para ser considerados víctimas del terrorismo de
Estado en la Ley 18 596.”
Conviene poner de relieve que ser
considerado víctima del terrorismo de Estado por la Ley 18 596, artículo 9, no
otorga ningún beneficio económico. Dicho reconocimiento simplemente permite
acceder a un documento oficial que constata la calidad de víctima.
Crysol manifestó claramente que considera de justicia
que el Estado asista a los familiares de los civiles que fallecieron
como resultado de la violencia que vivió nuestro país y que no fueron
resarcidos hasta el momento. Fueron muchos años de omisiones de los diferentes gobiernos que se sucedieron desde el retorno
a la democracia en 1985.
Los
militares y los policías ya fueron reparados
Aunque durante muchos años se señaló
públicamente que las víctimas de la violencia no estatal nunca habían sido
contempladas por el Estado, el tratamiento parlamentario del actual proyecto, puso
en evidencia que tanto los familiares de los policías y de los militares
fallecidos en dichos años ya fueron resarcidos.
En el caso de los militares, además
de las leyes jubilatorias y pensionarias para quienes fallecen en actos de
servicio, en marzo de 1973, en la Ley 14
106 se aprobó el artículo 115 que otorga un resarcimiento especial para “los
caídos en la lucha contra la subversión”. Estableció montos distintos para el
caso de los oficiales y del personal de tropa, pero los mismos van desde 75.000
hasta 85.000 dólares actuales. Este resarcimiento que obtuvieron los militares,
supera a los montos que estableció la Ley 18 596 para los familiares de los
detenidos desaparecidos y asesinados por los terroristas estatales.
Cumplir
y respetar las normas de DDHH
La
principal característica de la nueva propuesta gubernamental es que desconoce e
ignora las más elementales normas de Derechos Humanos y de justicia. Las
autoridades de la actual coalición gobernante tienen poco apego y adhesión a
las normas de DDHH. Basta tener en cuenta que la coalición está integrada por
Cabildo Abierto que ha defendido a capa y espada a los principales criminales
procesados por las graves violaciones a los derechos humanos. Cabildo Abierto
ha formulado duras y amenazantes críticas públicas al Poder Judicial en un
fallido intento por frenar los procesamientos que se han venido llevando a cabo
en los últimos años.
Las
normas de DDHH son una conquista de la humanidad desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial. Pretenden dignificar la vida en sociedad y proteger a los
ciudadanos de los potenciales abusos de poder de los funcionarios del Estado,
civiles, militares y policiales. Solamente los funcionarios del Estado violentan
las normas de DDHH.
Una
vez derrotada la dictadura, al regresar a la vida democrática, Uruguay aprobó
la Ley 15 737 mediante la cual adhirió a la Carta Interamericana de DDHH y
aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de DDHH. Sus decisiones son
vinculantes, de cumplimiento obligatorio.
En
diciembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la
Resolución 60/147, cuyo borrador inicial fue elaborado por el jurista francés,
ya fallecido, Philip Joinét. Hasta el momento es el principal documento
internacional que define de manera pormenorizada y exhaustiva las obligaciones
de los Estados ante casos de graves violaciones a los DDHH como las ocurridas
en Uruguay desde el 13 de junio de 1968 hasta el 28 de febrero de 1985. Es la
referencia ineludible.
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Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni
comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.
