En febrero del año 2013, el presidente de la Suprema Corte de Justicia del momento, el Dr. Jorge Ruibal Pino declaró ante los medios de comunicación que quienes pretendieran juzgar y condenar a los responsables de las gravers violaciones reciente artículo de Mauricio Pérez en Brecha (Sin retorno), informó que el año pasado la Justicia procesó a 25 represores y que en los últimos tres años se ha logrado el enjuiciamiento de 60 de ellos, militares, básicamente, policías y civiles, vinculados al terrorismo de Estado que vivió nuestro país.
Por
Gastón Grisoni (*) – El Popular Nº 625 - 24 03 2023
Dados los pedidos de
procesamiento formulados por el Fiscal Especializado Ricardo Perciballe
actualmente en curso, dicha cifra seguramente se incrementará en los próximos
meses. Nuestro país se apronta para recordar los 50 años del Golpe de Estado y
de la huelga general que lo enfrentó. Los golpistas de ayer, los nostálgicos
del proceso y sus cómplices, aumentan e intensifican su prédica mediática para
eludir sus responsabilidades históricas. Es
una batalla por la construcción de la Memoria Histórica en el imaginario
ciudadano.
Represores
importantes y significativos
La cifra actual de procesados
y condenados por participar activamente en las campañas represivas desde el 13
de junio de 1968 y, muy especialmente, desde el momento en que se aprobó el
Estado de Guerra Interno en abril de 1972 es, al día de hoy, significativa,
equiparable a la alcanzada en la Argentina que ha sido muy operativa, con
vaivenes históricos, en ese sentido.
La necesidad de mantener
la movilización y el trabajo para que la justicie continúe su labor, se
mantenga la búsqueda de los detenidos desaparecidos y el Estado cumpla a
cabalidad con la Sentencia Diana Maidanik, Eduardo González, Oscar Tassino y
otros de la Corte IDH, no debe impedirnos apreciar y evaluar la realidad en
toda su dimensión.
Importa la cantidad de
procesados pero también la jerarquía y la significación de ellos. La
movilización de la ciudadanía uruguaya ha logrado que figuras emblemáticas del
proceso golpista y represivo fueran enjuiciadas y condenadas como ocurrió con
el Dr. Juan Carlos Blanco, exministro de Relaciones Exteriores hasta mediados
de 1976, activo participante en el Plan Cóndor y en la desaparición de Elena
Quinteros o el Dr. Juan María Bordaberry, el presidente que disolvió las
cámaras el 27 de junio de 1973 con el apoyo de la Junta de Comandantes en Jefe.
El teniente general Gregorio Alvarez, el Goyo, luego de cumplir una larga
condena, y con una edad avanzada, terminó su existencia en prisión. Fue una
figura estelar del proceso civil militar, desde fines del año 1971 cuando
asumió como Jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército para encabezar la
represión de las organizaciones armadas, junto con el coronel Ramón Trabal,
hasta el fin de la dictadura.
Familiares
y sobrevivientes: los grandes protagonistas
Un hecho significativo del
proceso por justicia, es que en Uruguay, a diferencia de lo ocurrido en otros
países, todas las causas judiciales, salvo una, Los Vagones, en Canelones,
fueron promovidas por los familiares de los detenidos desaparecidos, de los
asesinados o por los sobrevivientes de los secuestros, de las torturas, de los abusos
y las violaciones sexuales, en un esfuerzo titánico que no ha tenido hasta el
momento el reconocimiento social que merecen, por su valentía, por su
integridad, por su entereza, su compromiso, su dedicación.
Los denunciantes, los
promotores de las causas, los querellantes, debieron hacer frente a la presión
y el hostigamiento de los grupos de poder y de los represores, de los medios de
comunicación masivos, de los centros
militares, de sus abogados, la
indiferencia y en algunos casos hasta la hostilidad de los funcionarios
judiciales y de magistrados involucrados, e, incluso, el rechazo y el
menosprecio de las propias organizaciones políticas que habían integrado.
El Pit Cnt, Madres y
Familiares, Serpaj, Ielsur, Amnistía Internacional, el Observatorio Luz
Ibarburu (OLI) desde su creación, Crysol, y parte del sistema político, han
jugado un papel decisivo en esta parte
de la batalla judicial que se desplegó entre los intersticios de la Ley de
Caducidad en primera instancia para lograr el procesamiento del Dr. Juan Carlos
Blanco. En segundo lugar, para lograr la declaración de inconstitucionalidad de
la Ley 15.848 en octubre de 2009, Resolución 365/2009 de la SCJ, en el caso
Nibia Sabalsagaray.
La causa judicial, con la
firma letrada del Dr. Juan Errandonea y el Dr. Ruben Waisrup, tuvo un enorme
significado en la lucha contra la impunidad instalada por los dueños del poder
desde el retorno a la institucionalidad democrática. Fue un antes y un después
en el marco de una intensa campaña masiva de la sociedad promoviendo un recurso
constitucional que no obtuvo los resultados esperados en las elecciones de ese
año.
Este recurso de
excepcionalidad, promovido por la exfiscal Dra. Mirtha Guianze, culminó con el
procesamiento del general, ya fallecido, Miguel Dalmao, Jefe de la Región
Militar Nº3 en el momento en que se
produjo su detención. De todos los procesados, es el único militar que se
mantenía en actividad y ocupando, además, un cargo jerárquico de primer nivel
en filas del Ejército.
Golpistas
y terroristas de Estado: no escaparán
Al retornar a la
democracia, a fines del año 1986, el Dr. Julio María Sanguinetti, en
convivencia con los golpistas y terroristas estatales, promovió la Ley de
Caducidad de la Pretensión Punitiva para que los responsables de los crímenes y
graves violaciones de los DDHH evadieran a la justicia. Tras décadas de lucha y
movilización, luego del fallo de la Corte IDH en febrero de 2011 (Sentencia
Gelman vs Uruguay), en octubre de ese año, el Parlamento aprobó la Ley 18 831
que restableció la pretensión punitiva del Estado en su Artículo 1.
Desde ese momento, no
existen obstáculos legales para que el Poder Judicial cumpla con sus cometidos
constitucionales. La creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa
Humanidad y la designación del Dr. Ricardo Perciballe al frente de ella, con un
equipo de trabajo eficiente y comprometido, ha dado resultados satisfactorios.
La Suprema Corte de
Justicia (SCJ) hasta el momento, pese a la existencia de un mandato de
cumplimiento obligatorio por parte de la Corte IDH en tal sentido, sigue sin
reconocer el carácter de Crímenes de Lesa Humanidad a las graves violaciones a
los DDHH que se cometieron en Uruguay. En la magistratura uruguaya, sigue
habiendo juezas y jueces que la honran, como supo decir acerca de la Dra.
Mariana Mota, el notable jurista francés, ya fallecido, Philip Joinet.
De todos modos, el proceso
histórico permite extraer lecciones de vida para el presente y el futuro: en
Uruguay, los golpistas y terroristas estatales, aunque demore 50 años, terminan
enjuiciados y condenados. Un mensaje potente para quienes cargan y cargarán una
pesada mochila. Y sus cómplices.
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(*) Gastón Grisoni es
Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen,
necesariamente, al colectivo como tal.
