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Una muralla destrozada por la movilización

 En febrero del año 2013, el presidente de la Suprema Corte de Justicia del momento, el Dr. Jorge Ruibal Pino declaró ante los medios de comunicación que quienes pretendieran juzgar y condenar a los responsables de las gravers violaciones reciente artículo de Mauricio Pérez en Brecha (Sin retorno), informó que el año pasado la Justicia procesó a 25 represores y que en los últimos tres años se ha logrado el enjuiciamiento de 60 de ellos, militares, básicamente, policías y civiles, vinculados al terrorismo de Estado que vivió nuestro país.

Por Gastón Grisoni (*) – El Popular Nº 625 - 24 03 2023


Teniente general Gregorio “Goyo” Alvarez al salir procesado

Dados los pedidos de procesamiento formulados por el Fiscal Especializado Ricardo Perciballe actualmente en curso, dicha cifra seguramente se incrementará en los próximos meses. Nuestro país se apronta para recordar los 50 años del Golpe de Estado y de la huelga general que lo enfrentó. Los golpistas de ayer, los nostálgicos del proceso y sus cómplices, aumentan e intensifican su prédica mediática para eludir sus responsabilidades históricas. Es  una batalla por la construcción de la Memoria Histórica en el imaginario ciudadano.

Represores importantes y significativos

La cifra actual de procesados y condenados por participar activamente en las campañas represivas desde el 13 de junio de 1968 y, muy especialmente, desde el momento en que se aprobó el Estado de Guerra Interno en abril de 1972 es, al día de hoy, significativa, equiparable a la alcanzada en la Argentina que ha sido muy operativa, con vaivenes históricos, en ese sentido.

La necesidad de mantener la movilización y el trabajo para que la justicie continúe su labor, se mantenga la búsqueda de los detenidos desaparecidos y el Estado cumpla a cabalidad con la Sentencia Diana Maidanik, Eduardo González, Oscar Tassino y otros de la Corte IDH, no debe impedirnos apreciar y evaluar la realidad en toda su dimensión.

Importa la cantidad de procesados pero también la jerarquía y la significación de ellos. La movilización de la ciudadanía uruguaya ha logrado que figuras emblemáticas del proceso golpista y represivo fueran enjuiciadas y condenadas como ocurrió con el Dr. Juan Carlos Blanco, exministro de Relaciones Exteriores hasta mediados de 1976, activo participante en el Plan Cóndor y en la desaparición de Elena Quinteros o el Dr. Juan María Bordaberry, el presidente que disolvió las cámaras el 27 de junio de 1973 con el apoyo de la Junta de Comandantes en Jefe. El teniente general Gregorio Alvarez, el Goyo, luego de cumplir una larga condena, y con una edad avanzada, terminó su existencia en prisión. Fue una figura estelar del proceso civil militar, desde fines del año 1971 cuando asumió como Jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército para encabezar la represión de las organizaciones armadas, junto con el coronel Ramón Trabal, hasta el fin de la dictadura.

Familiares y sobrevivientes: los grandes protagonistas

Un hecho significativo del proceso por justicia, es que en Uruguay, a diferencia de lo ocurrido en otros países, todas las causas judiciales, salvo una, Los Vagones, en Canelones, fueron promovidas por los familiares de los detenidos desaparecidos, de los asesinados o por los sobrevivientes de los secuestros, de las torturas, de los abusos y las violaciones sexuales, en un esfuerzo titánico que no ha tenido hasta el momento el reconocimiento social que merecen, por su valentía, por su integridad, por su entereza, su compromiso, su dedicación.

Los denunciantes, los promotores de las causas, los querellantes, debieron hacer frente a la presión y el hostigamiento de los grupos de poder y de los represores, de los medios de comunicación masivos, de  los centros militares,  de sus abogados, la indiferencia y en algunos casos hasta la hostilidad de los funcionarios judiciales y de magistrados involucrados, e, incluso, el rechazo y el menosprecio de las propias organizaciones políticas que habían integrado.

El Pit Cnt, Madres y Familiares, Serpaj, Ielsur, Amnistía Internacional, el Observatorio Luz Ibarburu (OLI) desde su creación, Crysol, y parte del sistema político, han jugado un papel  decisivo en esta parte de la batalla judicial que se desplegó entre los intersticios de la Ley de Caducidad en primera instancia para lograr el procesamiento del Dr. Juan Carlos Blanco. En segundo lugar, para lograr la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 15.848 en octubre de 2009, Resolución 365/2009 de la SCJ, en el caso Nibia Sabalsagaray.

La causa judicial, con la firma letrada del Dr. Juan Errandonea y el Dr. Ruben Waisrup, tuvo un enorme significado en la lucha contra la impunidad instalada por los dueños del poder desde el retorno a la institucionalidad democrática. Fue un antes y un después en el marco de una intensa campaña masiva de la sociedad promoviendo un recurso constitucional que no obtuvo los resultados esperados en las elecciones de ese año.

Este recurso de excepcionalidad, promovido por la exfiscal Dra. Mirtha Guianze, culminó con el procesamiento del general, ya fallecido, Miguel Dalmao, Jefe de la Región Militar Nº3 en el momento  en que se produjo su detención. De todos los procesados, es el único militar que se mantenía en actividad y ocupando, además, un cargo jerárquico de primer nivel en filas del Ejército.

Golpistas y terroristas de Estado: no escaparán

Al retornar a la democracia, a fines del año 1986, el Dr. Julio María Sanguinetti, en convivencia con los golpistas y terroristas estatales, promovió la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva para que los responsables de los crímenes y graves violaciones de los DDHH evadieran a la justicia. Tras décadas de lucha y movilización, luego del fallo de la Corte IDH en febrero de 2011 (Sentencia Gelman vs Uruguay), en octubre de ese año, el Parlamento aprobó la Ley 18 831 que restableció la pretensión punitiva del Estado en su Artículo 1.

Desde ese momento, no existen obstáculos legales para que el Poder Judicial cumpla con sus cometidos constitucionales. La creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y la designación del Dr. Ricardo Perciballe al frente de ella, con un equipo de trabajo eficiente y comprometido, ha dado resultados satisfactorios.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) hasta el momento, pese a la existencia de un mandato de cumplimiento obligatorio por parte de la Corte IDH en tal sentido, sigue sin reconocer el carácter de Crímenes de Lesa Humanidad a las graves violaciones a los DDHH que se cometieron en Uruguay. En la magistratura uruguaya, sigue habiendo juezas y jueces que la honran, como supo decir acerca de la Dra. Mariana Mota, el notable jurista francés, ya fallecido, Philip Joinet.

De todos modos, el proceso histórico permite extraer lecciones de vida para el presente y el futuro: en Uruguay, los golpistas y terroristas estatales, aunque demore 50 años, terminan enjuiciados y condenados. Un mensaje potente para quienes cargan y cargarán una pesada mochila. Y sus cómplices.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.