Dos
proyectos de ley aprobados en la Cámara de Senadores en las últimas semanas por
parte de la coalición gubernamental, muestran a las claras el rumbo conservador
y retrógrado del actual gobierno.
Por Gastón Grisoni (*) – 3 02 23
El más importante y
significativo para el país es el referido a la reforma del sistema jubilatorio,
con graves consecuencias en caso de ser aprobado para los actuales jubilados y
pensionistas y, también, para quienes se vayan a jubilar en el futuro.
Trabajar
más, más años: ganar menos
Tal como fue aprobado en
la Cámara de Senadores, los futuros jubilados deberán trabajar más años,
aportar más y, muy posiblemente, percibirán menos ingresos. El sistema seguirá
siendo financiado básicamente por los propios trabajadores, al tiempo que los
dueños de la riqueza, los más acomodados, aportarán cada vez menos.
Por si lo anterior fuera
poco, se adoptan medidas destinadas a privatizar aún más el sistema previsional
para mejor beneficio de las empresas privadas. Las encuestas de opinión
públicas son lapidarias en cuanto al
rechazo de un proyecto de ley que ya ha merecido la repulsa de todos los
sectores populares, incluso, nuestro propio colectivo.
Un
pretexto: invisibilizar al terrorismo de Estado
El otro proyecto, tan conservador
como nostálgico, es el que se ha presentado con el pretexto de asistir a las
víctimas de la violencia no estatal en el período que va desde el 1º de enero de
1963 hasta fines del año 1976.
Luego de presentado con la
firma de todos los ministros y aprobado en un trámite exprés en el Senado, para
que no faltaran los votos para la reforma jubilatoria, la opinión pública tomó
conocimiento de que los funcionarios militares ya fueron resarcidos en términos
económicos hace ya casi 50 años. Y lo fueron en montos superiores a los que percibieron las víctimas
del terrorismo de estatal, luego de 25 años del retorno a la vida democrática.
Mientras en los programas
de la televisión abierta privada nunca invitan a Crysol (Polémica en el Bar, Periodistas,
El living, Esta boca es mía, Todas las voces, etc, etc), se hacía referencia al
hecho de que existían víctimas de primera y segunda categoría, haciendo referencia
a los resarcimientos percibidos por los ex presos políticos, se supo que ley 14
106 de 1973, aprobada cuando los mandos de las FFAA ya cogobernaban integrando el
Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), estableció un monto significativamente
inferior para los familiares del personal de tropa y subalterno que el que
recibieron los familiares de los oficiales fallecidos en actos de servicio.
Un
proyecto malintencionado
El proyecto de ley que
lleva la firma de todos los ministros, son todos responsables, del primero al
último y de uno en uno, como solía decir la inolvidable Luisa Cuesta, basado en
mentiras, manipulando los legítimos sentimientos de la ciudadanía, pretende,
por la vía de los hechos, poner en el centro de la atención ciudadana, los
daños ocasionados por la violencia no estatal. Se enfoca en el período de
graves confrontaciones sociales que vivió nuestro país, luego que Jorge Pacheco
Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad para poder aplicar las
recomendaciones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los familiares de la
inmensa mayoría de los ciudadanos que fallecieron (funcionarios policiales y
militares) debido al clima de confrontación que sufrió nuestro país desde el 13
de junio de 1968 ya fueron resarcidos económicamente. Los proponentes de este
proyecto de ley, lo saben. Es evidente, entonces, que su objetivo no es asistir
a los familiares de las víctimas. Hacen politiquería. Pretenden influenciar a
la opinión pública y a la ciudadanía para quitar trascendencia, significado e
importancia, a la violencia estatal generada
por los funcionarios del Estado desde las propias esferas gubernamentales.
Quieren ocultar al terrorismo de Estado.
Olvidar
las normas de DDHH
Surgidas luego de la
Segunda Guerra Mundial y de la formación del Tribunal de Nuremberg para juzgar
a los criminales nazis, las normas de DDHH forman parte de una nueva rama del
Derecho Internacional. Se consagra a la
protección de los ciudadanos frente a los potenciales abusos de poder de los
funcionarios estatales en sus distintas variantes. Ese es su cometido. Por ese
motivo, para esta nueva rama del derecho, solamente los funcionarios del Estado
violentan las normas de DDHH. La conducta de los particulares, ya sea a título
individual o colectivo, es penalizada por otras ramas del Derecho.
Los funcionarios del
Estado, tienen la obligación de respetar y garantizar el cumplimiento de las
leyes y de las normas que protegen a los ciudadanos. Por eso, cuando por acción
o por simple omisión, no cumplen con sus obligaciones esenciales, sus conductas
son siempre graves, a diferencia de lo que ocurre con las conductas de los
particulares que son penalizadas por el Código Penal.
El proyecto de reparación
a las “víctimas de la guerrilla” como lo denominan los nostálgicos de la
dictadura, sus defensores y sus cómplices, medios masivos de comunicación
incluidos, es una bazofia reaccionaria en todos los sentidos. Pone al desnudo “el
alma de la coalición republicana” y de quienes firmaron el proyecto de ley que
se envió al Senado. No se salvarán en el tribunal de la historia. Aunque nos
monitoreen a todas y todos desde las cámaras del Ministerio del Interior como
lo puso al descubierto el hombre de confianza del actual gobierno, caído en
desgracia, “el Gran Alejandro Astesiano”.
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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.
