El artículo 115 de la Ley 14 106 del 14 de marzo de 1973 reparó económicamente a los militares fallecidos en actos de servicio. Los familiares recibieron 85 mil dólares al día de hoy.
Por
Gastón Grisoni (*) – 30.12.22
Los
senadores de Cabildo Abierto
Mintiendo descaradamente,
sin ninguna razón que explique con sensatez tanto apuro, la coalición de
gobierno aprobó en el Senado, presionada por Cabildo Abierto, un proyecto de
ley que es un auténtico mamarracho jurídico. Además se sustenta en una gran
falsedad.
Abusando de la imperiosa
necesidad de contar con sus votos en la Cámara de Senadores para aprobar el
proyecto de Reforma Jubilatoria, Cabildo Abierto hizo aprobar una minuta de
aspiración, sin mayor justificación aparente, en la semana anterior. Logró el
envío de un proyecto de ley con la firma de todos los ministros y del propio
presidente, su ingreso y aprobación en la Comisión de Constitución y Códigos de
la Cámara el martes 27 y su votación al otro día en el Plenario. Un
procedimiento alejado de las prácticas democráticas y parlamentarias que los senadores
cabildantes obviamente desconocen.
Mienten:
los militares fueron reparados
Aduciendo que las víctimas
de la violencia no estatal durante el período predictadura y durante el
terrorismo de Estado no habían sido reparadas y que había muertos de primera y
de segunda categoría, según el Ministro de Defensa Nacional Dr. Javier García,
se fundamentó en el breve debate que hubo, el proyecto de ley aprobado en la
sesión del Plenario de la Cámara de Senadores.
Sin embargo, el Artículo
115 de la Ley 14 106 de marzo de 1973, aprobada aún en democracia, no deja
lugar a dudas. Aunque para esa ley hay muertos de primera y de segunda, repara
a los militares víctimas de la violencia no estatal.
“Fíjase la prestación que
deberá pagar el Estado por concepto de reparación a los causahabientes del
personal militar fallecido con motivo o
a causa de la lucha antisubversiva en los siguientes montos en Unidades
Reajustables (Artículo 38 y concordantes de la ley 13.728, de 17 de diciembre
de 1968).
A) Para los causahabientes del personal de
categoría Superior: 2.480 (dos mil cuatrocientas ochenta) Unidades
Reajustables. (u$s 85.000.- al día de hoy).
B) Para los causahabientes del personal
categoría Subalterna: 2.170 (dos mil ciento setenta) Unidades Reajustables. (u$s
75.000.- al día de hoy).
Los militares, por lo
mismo, tenían un marco legal habilitante para ser reparados. De hecho lo fueron,
según consta en informes brindados por el exministro del Dr. Julio María
Sanguinetti, Yamandú Fau a requerimiento
de la Cámara de Diputados. Cuesta creer que Cabildo Abierto, liderado por el
general retirado Guido Manini Ríos, secundado por el coronel retirado Raúl
Lozano, no estuviera al tanto.
Quitar
gravedad a la actuación de los terroristas de Estado
Cabildo Abierto ha
propuesto reimplantar la Ley de Caducidad para que los criminales del terrorismo
no sean condenados. Ha hecho su defensa pública una y otra vez y ha presionado,
de manera obscena, al Poder Judicial. Mediante este proyecto de ley, con la
complicidad del resto de los integrantes de la coalición gubernamental,
pretende, de manera indirecta, quitar gravedad a las desapariciones forzadas, a
los secuestros de niños, a los asesinatos, a las torturas, a las calamidades
sufridas por miles de exiliados y de insiliados forzosos.
Las normas de Derechos
Humanos son una conquista de la humanidad, un gran logro de los pueblos. Luego
de la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial, las mismas surgieron a
nivel internacional para proteger a los ciudadanos de los potenciales abusos de
los funcionarios estatales, civiles, militares y policiales. En este sentido,
solamente los funcionarios del Estado violan las normas de DDHH tal como lo ha
señalado hace pocas semanas en un reportaje el actual presidente de la INDDHH
el Sr. Marcos Israel.
La
violencia fue generada desde el poder
El proceso iniciado el 13
de junio de 1968, cuando Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de
Seguridad (MPS), desembocó en la dictadura y luego en el terrorismo de Estado. Las
Fuerzas Armadas desempeñaron un papel protagónico, cargan y cargarán,
históricamente, una pesada mochila. Fue una calamidad nacional. Sobre dicho
proceso recae toda la responsabilidad por los costos directos e indirectos del
mismo, en daños y sufrimientos, humanos y materiales.
Los funcionarios del Estado
tienen la obligación de respetar las normas de Derechos Humanos y asegurar el
pleno usufructo de ellas a toda la ciudadanía. El accionar de los particulares
nunca puede ser equiparado ni igualado al de los funcionarios del Estado.
En realidad, lo que se
pretende, como parece sugerir el modo en que se presentó el proyecto, se manejó
públicamente en los medios y se aprobó, es quitarle gravedad, importancia y
significado a los delitos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
calificado como crímenes de Lesa Humanidad en la Sentencia Diana Maidanik y otros, de noviembre de 2021 y que está,
aún, pendiente de implementar por parte
del gobierno.
El debate en la Cámara de
Representantes, impedirá que este auténtico mamarracho jurídico, sin montos,
sin aclaraciones básicas, pueda prosperar. La calidad de la democracia estará
en juego. La más amplia movilización en el marco de evitar la continua pérdida
de la capacidad adquisitiva y del nivel de vida de los trabajadores, los
jubilados y los pensionistas, de los derechos conquistados, de impedir la
aprobación de la Reforma Jubilatoria regresiva, será fundamental.
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(*) Gastón Grisoni es
Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen,
necesariamente, al colectivo como tal.
