Una jueza contra viento y marea
Por
Gastón Grisoni (*)
Crysol,
la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay, declaró a
la Dra. Mariana Mota como Socia Honoraria de la organización. Lo hizo en reconocimiento
a su labor y trayectoria en favor de la justicia. En su momento tuvo el coraje
cívico de procesar a Juan María Bordaberry por haber disuelto las Cámaras.
Dra. Mariana Mota
Desaparición
forzada
De acuerdo a la Ley 18 026
es un delito continuado, se sigue cometiendo hasta que se esclarezcan las circunstancias
de lo ocurrido. Hasta el momento Mariana Mota es la única jueza que en Uruguay
ha usado la tipificación de Desaparición Forzada para condenar a un represor del
terrorismo. Lo hizo para procesar en 2010, al coronel retirado Carlos Calcagno por su
participación en la desaparición forzada de Nelson Inzaurralde y Carlos Santana.
Ambos eran exiliados
uruguayos, fueron detenidos en Paraguay en el mes de marzo de 1977 y
posteriormente desaparecidos en la Argentina. Fue una típica acción represiva en
el marco de la Operación Cóndor. Según documentación encontrada en los Archivos
del Terror de Paraguay por el abogado Martín Almada, el coronel Carlos
Calcagno, oficial de Inteligencia y amplio historial represivo desde el año
1972 en el Batallón Florida, participó en los interrogatorios de los dos en las
mazmorras del régimen de Stroessner y jugó un papel decisivo en el destino de
ambos prisioneros.
Una
larga y necesaria batalla por la justicia
Al retornar a la vida
democrática, con elecciones llevadas a cabo de manera irregular, con
proscriptos y el principal dirigente del Partido Nacional privado de su
libertad, comenzó, débilmente, a actuar el Poder Judicial. En ese marco,
comenzaron a citarse a declarar a algunos de los principales referentes de la
represión. En ese momento, el partido de la impunidad, de la dictadura,
reclamó, con el comandante en jefe del Ejército Hugo Medina encabezando las
gestiones, que se aprobara una ley de amnistía que protegiera a los
responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.
En diciembre de 1986 la
Asamblea General, de manera absolutamente irregular, aprobó la Ley 15.848, ley
de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, para conceder una amnistía a
los militares y efectivos policiales,
pero no incluyó a los civiles que participaron. Durante más de 20 años
el Poder Judicial estuvo impedido de actuar, dependiendo de las decisiones que
adoptara el Poder Ejecutivo para investigar.
Dicha ley fue declarada
inconstitucional en octubre de 2009 por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a
pedido de la fiscal Dra. Mirtha Guianze, para el caso Nibia Sabalsagaray. En
febrero de 2011 la Corte Interamericana DDHH (Corte IDH) declaró su
ilegitimidad en la Sentencia Gelman vs Uruguay. En base a la misma, en octubre
de 2011, el Parlamento aprobó la Ley 18 831 restableciendo legítima y plenamente
la pretensión punitiva del Estado.
Una
sanción ejemplificante
Responsable del
procesamiento y prisión de Juan María Bordaberry por haber dado el golpe de
Estado en el año 1973 junto a las Fuerzas Armadas, la jueza Mariana Mota se ganó el odio de los
golpistas de ayer y sus cómplices. Comenzó a ser objeto de una pertinaz e
insidiosa campaña en su contra. Promovida desde los centros nostálgicos del poder, con importantes medios de
comunicación potenciando y amplificando la campaña de desacreditación pública,
la operación apuntaba a la jueza y también al resto de los integrantes del
sistema judicial.
En febrero de 2013 fue
sancionada de manera encubierta por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En ese
momento, sin justificación de ningún tipo, en el marco de la intensa y
persistente campaña de prensa en su contra, la Suprema Corte de Justicia
dispuso su traslado desde el ámbito Penal al Civil. Dicha acción, adoptada por
el máximo órgano, fue un castigo a su persona pero al mismo tiempo una sanción
ejemplificante para el resto de los jueces.
Hasta el día de hoy sigue
estando satanizada por parte de los terroristas estatales, de los medios adictos
al poder y a la impunidad, por su pasado y también por su posterior labor en la
Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) encabezando la
búsqueda de los Detenidos Desaparecidos junto al Dr. Wilder Tayler.
Democracia
y justicia: una conquista popular
La actual democracia
uruguaya no le debe nada a las Fuerzas Armadas. Descansa en el enorme esfuerzo
militante desplegado por los trabajadores y los sectores populares enfrentando
a la dictadura. En la lucha por la libertad y la democracia hubo más de 20.000
personas detenidas, más 7.000 prisioneros condenados por tribunales militares,
197 detenidos desaparecidos y 200 asesinados por las fuerzas represivas.
La investigación, el
esclarecimiento y la sanción penal de las graves violaciones a los DDHH
cometidas durante el terrorismo de Estado es un requisito básico y esencial
para afirmar una democracia plena y con bases sólidas. El Poder Judicial es el
órgano del Estado con facultades plenas para ello. Los jueces tienen sobre sus
espaldas la mayor de las responsabilidades. La Dra. Mariana Mota ha sabido
honrar al Poder Judicial y ser un ejemplo a seguir.
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(*) Gastón Grisoni es
Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen,
necesariamente, al colectivo como tal.
(**) Publicado en El Popular Nº 613 - 11 11 2022
