En los programas de historia se incluyeron en la bibliografía a consultar dos textos significativos: “La revolución imposible” de Alfonso Lessa y “Agonía de una democracia” del Dr. Julio María Sanguinetti. Ambos libros son testimonios muy personales sobre el proceso histórico uruguayo.
Por Gastón Grisoni (*)
Hay que reconocer que el texto de Lessa fue presentado con pretensiones académicas y talante de objetividad. El libro del Dr. Sanguinetti es un testimonio personal de alguien que participó activamente en los sucesos y que continúa participando. Cuando escribe lo hace con intenciones históricas, ubicarse en la historia uruguaya y también para seguir haciendo política e influyendo en los destinos del país.
Dos
demonios
Tanto Lessa como
Sanguinetti, con matices y diferencias entre ellos, explican el proceso
político uruguayo, la dictadura civil – militar, a la luz de la irrupción de
las organizaciones armadas en la vida política. Lessa destaca y amplifica el
desarrollo de las acciones de los grupos armados, señala su surgimiento al
principio de los años sesenta cuando es público y notorio que la guerrilla,
como la denomina, adquiere relevancia mucho después de que Jorge Pacheco Areco
decretara las Medidas Prontas de Seguridad.
El profesor Carlos Demasi,
tan odiado, con verdadero rigor supo estudiar y presentar las vicisitudes de
ese 1968 uruguayo tan impactante (1). Deja muy en claro que el decreto de
Pacheco Areco no menciona ni a los estudiantes y mucho menos a los grupos
insurgentes. Las Medidas Prontas de Seguridad se aplican para llevar adelante
las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.
Sanguinetti coincide con
Lessa pero es más amplio, más militante,
incorpora el accionar de los sindicatos como un elemento pernicioso que condujo
a que ocurriera lo que ocurrió.
De
eso no hablamos
Ambos soslayan el
verdadero carácter y la intencionalidad
perseguida que tuvo el proceso uruguayo. El proceso que se inició el 13 de
junio de 1968 y, desembocó en el terrorismo de Estado, fue la respuesta de los
grandes grupos de poder, aliados a EEUU, ante la crisis de la estructura
económica del país. Mediante ese proceso autoritario, represivo, terrorista,
los grupos económicos privilegiados procedieron a reestructurar la economía
uruguaya en perjuicio de los trabajadores, los jubilados y los sectores
populares.
Cuando el 13 de junio de
1968 Jorge Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad (MPS), un
instrumento de gobierno temporal, que mantuvo hasta poco antes de las
elecciones de 1971, para gobernar al margen del Parlamento, dio comienzo a un
lento y prolongado proceso de deterioro institucional que se mantuvo hasta
febrero de 1985.
La dictadura civil –
militar fue una calamidad para el país y su gente pero un gran negocio para los
poderosos. Los trabajadores y los sectores populares perdieron el 50% del poder
adquisitivo de los salarios, vieron seriamente disminuida sus condiciones laborales
y de vida, los jubilados y pensionistas perdieron el aguinaldo anual como
resultado del Acta Institucional Nº 9. Al final del proceso, el 40% de los
hogares uruguayos estaban en la pobreza según cifras oficiales. Los grupos
económicos se apropiaron de más de tres mil millones de dólares que fueron
redistribuidos de los bolsillos de los trabajadores.
No
dan puntada sin nudo
Tanto Lessa como
Sanguinetti se caracterizan por dar un gran relieve a los sucesos del 9 de
febrero de 1973. En ese momento, el Ejército y la Fuerza Aérea rechazan la designación
por parte de Juan María Bordaberry del general Antonio Francese como Ministro
de Defensa y se amotinan. Como resultado de las negociaciones que se llevan a
cabo en dicha oportunidad en la base aérea de Boiso Lanza se produce un cambio
institucional indudable: se crea el
Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) con la participación de las Fuerzas
Armadas.
Desde junio de 1968, las Fuerzas
Armadas, convocadas por Jorge Pacheco Areco, comenzaron a participar
activamente en la vida política uruguaya. Tuvieron a su cargo las
militarizaciones de los trabajadores que enfrentaban la congelación salarial. En
setiembre de 1971, también por decreto, se les encomendó la represión de las
organizaciones armadas. En abril de 1972 se les ampliaron las potestades para
actuar, con suspensión de garantías individuales y otorgando amplias facultades
a la denominada Justicia Militar para juzgar a quienes estimaran conveniente.
La
prisión de los 4 médicos: el primer motín institucional
En crónicas publicadas en
el año 1973 en La Opinión de Buenos Aires, Julio María Sanguinetti dejó en
claro que desde el mes de julio de 1972 el Ejército operaba totalmente al
margen de las disposiciones constitucionales con total aceptación y
subordinación del titular del Poder Ejecutivo y de los ministros, Sanguinetti
incluido. (2) Su relato de la reunión que mantuvo el domingo 9 de julio de ese
año es muy trascendente aunque sea relatado con total naturalidad.
El primer motín de las
Fuerzas Armadas contra el Poder Ejecutivo se llevó a cabo en octubre de 1972
cuando luego de varios meses de detención y tortura en el Regimiento de
Caballería Nº 6, cuatro médicos fueron sometidos a la Justicia Militar. Esta
decretó su liberación pero los mandos militares del Ejército se negaron a
cumplir con dicha decisión.
A raíz de dicha
insubordinación, el 19 de octubre de 1972, luego de una reunión con el
presidente Juan María Bordaberry, en la residencia de Suárez y Reyes, de los
comandantes de las tres armas, algunos jefes militares (Cristi, Zubía, Chiappe
Posse, Vadora, Gregorio Alvarez) acordaron 8 puntos que les otorgaba una
participación política de gran importancia y auguraba un protagonismo creciente
en la conducción de los destinos del país. Como resultado de dicho acuerdo,
renunció el Jefe del Ejército general Florencio Gravina y el ministro de
Defensa Nacional del momento el doctor Augusto Legnani.
Construir
una interpretación histórica funcional
Los sucesos de febrero de
1973 y los comunicados emitidos por la central sindical y sectores políticos de
la izquierda y declaraciones, incluso, de dirigentes del Partido Nacional, han
sido empleados para ocultar la verdadera naturaleza del proceso histórico. Se
pretende ocultar las auténticas responsabilidades de quienes participaron en él. La batalla por la
memoria y la construcción histórica es permanente. La inclusión de los textos
Alfonso Lessa y Julio María Sanguinetti es una muestra de ello.
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(1)
Prof. Carlos Demasi. El 68 uruguayo. El año
que vivimos en peligro. Ediciones de la Banda Oriental.
(2)
María Urruzola. Julio María Sanguinetti.
Ante el tribunal de la historia. Planeta.
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(*) Gastón Grisoni es
Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen,
necesariamente, al colectivo como tal.
(**) Publicado en El Popular Nº 614 - 18 11 2022
