Desde la aprobación en octubre de 2011 de la ley 18 831 que restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado, alrededor de 70 represores han sido procesados y condenados. Se les imputaron delitos relacionados a las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.
Por Gastón Grisoni (*)
Coronel
retirado Eduardo Ferro: reclama cinco millones de pesos al MDN por haber estado
prófugo de la justicia. Procesado por la desaparición de Oscar Tassino.
Fueron procesados en el marco de una estricta legalidad. Contaron con todas las garantías del debido proceso. Las mismas que garantías que, en su momento, ellos negaron a sus víctimas.
Los maquillan para la televisión
Para abogar por ellos, los
presentan en los medios de comunicación, en los programas informativos o de
entretenimiento, como prisioneros políticos. Se autodenominan familiares de presos políticos. Omiten señalar
que en todos los casos fueron procesados por un poder del Estado autónomo e
independiente: el Poder Judicial.
En la mayoría de los casos
son exmilitares que durante el proceso civil militar ocuparon puestos de
significación en los diferentes aparatos represivos y estuvieron directamente
involucrados en los crímenes por los cuales fueron procesados.
Desde diciembre de 1986
hasta octubre de 2011, en la mayoría de los casos, gozaron de la más amplia impunidad. Al amparo
de la Ley 15 848, ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, continuaron
con sus carreras profesionales y se jubilaron computando como años de servicio
los que dedicaron a actividades delictivas y criminales.
Una veintena de ellos
cumplen condena en la cárcel de Domingo Arena, en Montevideo, con condiciones carcelarias envidiables.
Cuentan con un coronel en actividad que
concurre diariamente a dicho
establecimiento a tomar nota de sus preocupaciones, necesidades y deseos, según
versiones de prensa nunca desmentidas.
Algunos pocos se
encuentran recluidos en la Guardia Republicana. Una veintena de ellos se
encuentran con prisión domiciliaria. A diferencia de lo ocurrido en Argentina
donde más de un millar de represores fueron condenados, en Uruguay, hasta el
momento, solo alrededor de 70 de ellos han sido procesados por la justicia.
Crímenes
de Lesa Humanidad
Desde el Tribunal de
Nuremberg al cual adhirió Uruguay, a fines de la década de los años cuarenta,
las graves violaciones a los derechos humanos cuando son cometidas de una
manera masiva, sistemática y generalizada contra una población civil, son crímenes de Lesa Humanidad. Incluyen
las desapariciones forzadas, los asesinatos, los secuestros, las privaciones de
libertad, las torturas, los malos tratos, los abusos sexuales, las violaciones,
el secuestro de niños y la apropiación de ellos.
Son delitos cometidos por
funcionarios del Estado. Por funcionarios que tenían el uso legítimo de la fuerza,
que debían impedir que dichas situaciones ocurrieran. Por lo mismo, no caducan
con el simple transcurso del tiempo, es decir, son imprescriptibles. Además,
por su gravedad, por su trascendencia, por ofender la conciencia del conjunto
de la sociedad son de carácter inamnistiable. Los procesados por dichos delitos
no pueden ser indultados ni ampararse a regímenes especiales que impidan o
alivianen las penas impuestas por los órganos competentes de justicia.
Un
solo corazón
Con el respaldo, no
encubierto, de los centros militares que son subvencionados hasta el momento
por el Estado, es decir por la ciudadanía, como ha quedado demostrado estos
días, y de los grupos de poder, prensa y medios incluidos, han surgido organizaciones
que, además de atacar en forma permanente a la justicia, a los operadores
judiciales, al Fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Dr. Ricardo
Perciballe, despliegan una intensa actividad publicitaria y mediática promoviendo una ley de amnistía o mejoras
sustanciales para ellos. Tienen diferentes denominaciones pero todas apuntan a
lo mismo: defender a ultranza a los terroristas estatales.
Justicia
para afirmar el Estado de derecho
En aras de afirmar la
justicia y la democracia para asegurar la paz y la convivencia social, los crímenes más graves de la historia del
país no pueden quedar sin castigo. Fueron cometidos por funcionarios del
Estado, civiles, militares y policiales, que debían impedir que ellos
ocurrieran. Deben ser investigados, esclarecidos y castigados por el poder del
Estado que tiene las prerrogativas constitucionales para hacerlo.
Se le deben brindar las
máximas garantías a todos los involucrados como ha venido ocurriendo hasta el
presente. Incluso cuando la justicia comete errores, ha quedado demostrado, que
instancias posteriores han rectificado lo ocurrido.
Desde la aprobación de la
ley 18 831 que en octubre de 2011 restableció plenamente la pretensión punitiva
del Estado, no existen obstáculos legales que impidan la actuación del Poder
Judicial. Debe continuar haciéndolo.
La amplia movilización
desplegada desde hace décadas por los sectores populares ha permitido lograr
los avances obtenidos, no pocos, pero sí insuficientes para afirmar las bases
de la democracia. Habrá que continuar desplegándola. El destino de los 197
detenidos desaparecidos es la brújula que nos orienta e impulsa.
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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus
opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.
(**) Publicado en El Popular Nº 606 - 23 09 2022
