La desaparición forzada fue una política institucional
La Ley 19 822 otorgó a la Institución Nacional de DDHH
(INDDHH) el cometido de continuar la búsqueda de los Detenidos Desaparecidos.
El testimonio de José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor, que el general retirado Guido Manini Ríos ocultó a la
justicia, fue demoledor: la desaparición de los restos de Roberto Gomensoro
Josman fue decidida por los mandos de la época.
Por Gastón Grisoni (*)
Crysol adhirió al petitorio presentado ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo por un centenar de organizaciones sociales
cuestionando el trabajo de la Comisión Bicameral que llevó a cabo el proceso de
selección de candidatos para integrar la INDDHH.
Consciente de la fragilidad jurídica de la demanda
presentada, evitando ser conducida a la inoperancia por un plazo indefinido de tiempo esperando una muy
probable decisión adversa, Crysol se
reunió con el próximo presidente de la INDDHH Marcos Israel en el Salón de
Actos de la Institución el pasado martes 30, aún antes de que se concretara su
asunción formal.
En el marco de una reunión muy franca abogó, por
continuar implementando a cabalidad la Ley 19 641 (Ley de Sitios de Memoria) y
la Ley 19 822, aprobada en el año 2019, que le confiere a la INDDHH la responsabilidad
de llevar a cabo la búsqueda de los detenidos desaparecidos y llegar a la
verdad de los hechos. En ese sentido se gestionó que Wilder Tayler, reelegido
el pasado 11 de agosto, con vasta experiencia en la temática, continuara al
frente de dicha labor. También participará de dicha tarea el próximo presidente
de la institución Marcos Israel.
Desaparición forzada: un delito
atroz
La desaparición forzada de ciudadanos es una práctica
represiva cruel e inhumana, un delito de Lesa Humanidad cuando se practica de
manera masiva, sistemática y generalizada contra una población civil por parte
de funcionarios del Estado o con su aquiescencia u autorización.
Durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco hubo dos
casos a manos del Escuadrón de la Muerte, Héctor Castagneto y Abel Ayala,
Roberto Gomensoro Josman desapareció a manos del Ejército en marzo en 1973
antes de la disolución de las Cámaras y hubo 194 casos adicionales hasta el
restablecimiento de la democracia en el año 1985, en operaciones represivas
dentro y fuera de fronteras en el marco del Plan Cóndor.
Hasta el momento solamente una persona fue imputada
por dicho delito en Uruguay: el coronel Carlos Calcagno, ya fallecido, fue
procesado en el año2010 por la exjueza Mariana Mota por la desaparición forzada
de los uruguayos Edison Insaurralde y
Nelson Santana quienes fueron detenidos en Paraguay tal como consta en los
archivos encontrados en dicho país.
Respaldo a Virginia Martínez.
La Ley 19 641, conocida como Ley de Sitios de Memoria,
fue aprobada en julio de 2018 y creó la Comisión Nacional Honoraria de Sitios
de Memoria en el marco de la INDDHH para su implementación. Virginia Martínez
es la actual Presidenta de dicha comisión.
La institucionalidad democrática fue una gran
conquista del pueblo uruguayo que pagó un altísimo precio en detenidos desaparecidos,
asesinados, detenidos y exiliados por enfrentar el gobierno de Jorge Pacheco
Areco, la dictadura y el terrorismo de Estado.
La declaración y creación de Sitios de Memoria
Histórica consagra el recordatorio y reconocimiento de aquellos lugares donde
las personas víctimas de terrorismo o accionar ilegítimo del Estado sufrieron
violaciones a sus derechos humanos por motivos políticos, ideológicos o
gremiales. Dichos ámbitos son utilizados como espacios abiertos al público para
la recuperación, construcción y transmisión de memorias, así como forma de
homenaje y de reparación a las víctimas y a las comunidades.
La obligación de continuar la
búsqueda
El Estado uruguayo tiene la obligación de continuar la
búsqueda de los detenidos desaparecidos hasta el esclarecimiento de lo
ocurrido. Los archivos sieguen sin aparecer. En la cárcel de Domingo Arena se
encuentran algunos de los principales responsables de las desapariciones
forzadas. Otros, como Ernesto Ramas o Mario Aguerrondo, se encuentran en sus
domicilios gozando de prisión domiciliaria. Manuel Cordero se encuentra preso
en Argentina y Jorge Tróccoli en Italia. Pedro Mato se encuentra prófugo en
Brasil y Wellington Sarli en Chile. Mantienen un silencio cómplice. La verdad
sigue secuestrada.
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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus
opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.
(**) Publicado en El Popular Nº 603 - 2 09 22
