Salió a la venta un libro que bajo el pomposo título de Operación Verdad
aborda
el pasado reciente de una forma maliciosa. Desde el mismo prefacio,
mediante
afirmaciones temerarias y sin fundamento,
muestra la hilacha y las
simpatías
emocionales e ideológicas.
Para aligerar y disminuir la responsabilidad jurídica, política y moral de los represores, de los servicios de seguridad de la dictadura cívico militar y del terrorismo de Estado, afirma que tanto las fuerzas de seguridad como los guerrilleros, seguidores de Fidel Castro, violaron los derechos humanos en lo que se denomina el pasado reciente. Son muchos los funcionarios de la actual administración, algunos con rango ministerial, que adhieren a esta tesis errónea.
Un
desconocimiento intencional
Nadie niega ni oculta que
las organizaciones que enfrentaron al gobierno liberticida y autoritario de
Jorge Pacheco Areco y a su continuador Juan María Bordaberry, camino hacia la
dictadura, llevaron a cabo múltiples acciones que violentaban las leyes, atacaban
y dañaban propiedades privadas y estatales, que causaron dolor y sufrimiento a
muchas familias, que, incluso, ocasionaron pérdida de vidas, algunas de ellas
no intencionales. Es un dato de la realidad. Los propios protagonistas lo han
señalado, tanto en forma individual y/o colectiva. Lo han reconocido en forma
pública en innumerables ocasiones. Hasta han promovido la colocación de
recordatorios permanentes en el lugar en que fallecieron algunas de las
personas afectadas.
Las normas de DDHH fueron
reconocidas a nivel mundial en 1948 luego de los horrores de la Segunda Guerra
Mundial, para regular y reglamentar las conductas y los comportamientos de los
Estados, especialmente de los funcionarios que portan armas intimidatorias. Aprobadas por la comunidad de naciones, son
normas destinadas a humanizar y dignificar la vida en sociedad, a proteger a
los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, ante los potenciales
abusos y atropellos de los funcionarios estatales.
Solamente
los funcionarios del Estado
Las fuerzas policiales y
los integrantes de las fuerzas armadas poseen el privilegio del porte de armas
para garantizar el pleno usufructo de la libertad al conjunto de la ciudadanía.
Por ese motivo, cuando violan los derechos humanos de los ciudadanos, sus
delitos son particularmente graves. Son cometidos por funcionarios que tienen
beneficios y prerrogativas especiales con respecto al conjunto de los
particulares en forma individual y colectiva.
Solamente los funcionarios
del Estado son quienes violan las normas de DDHH. Esas normas, tan manoseadas
en los discursos de la actual administración, están concebidas para limitar el
accionar de los gobernantes y de los funcionarios del Estado. Son escudos
protectores de los ciudadanos, de los más pobres, de los más desprotegidos en
el mundo capitalista.
Equiparar el accionar de
los funcionarios del Estado durante la dictadura y terrorismo de Estado con las
acciones de los particulares y/o colectivos en el mismo período no tiene bases
jurídicas, éticas ni políticas. Es simplemente parte de la campaña que llevan
adelante los portavoces y voceros de los terroristas estatales para disminuir
su responsabilidad histórica.
Mayo:
mes de la Memoria
En mayo de 1976, en pleno
desarrollo de la Operación Morgan contra el PCU y la UJC, desaparecieron al Dr.
Manuel Liberoff quién había sido expulsado del país por su militancia
antidictatorial. A los días secuestraron
a Rosario Barredo, a William Whitelaw, a Zelmar Michelini y a Héctor Gutiérrez
Ruiz en Buenos Aires, Argentina. Aparecieron asesinados. Wilson Ferreira
Aldunate, líder del Partido Nacional, se salvó en el anca de un piojo. Fue una
operación criminal de la dictadura. No hay dudas. Fue un mensaje al conjunto de
la oposición, a los militantes de la resistencia. La causa judicial aún se
sigue procesando.
El próximo viernes 20 de mayo, las y los uruguayos, en todo el país y en todo el mundo, levantaremos las banderas de Verdad, Memoria y Justicia: la Verdad sigue estando secuestrada. En Domingo Arenas y en la Republicana están los que saben y que saben quiénes saben.
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(*) Gastón Grisoni es
Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen,
necesariamente, al colectivo como tal.
(**) Publicado en El Popular el 13 5 2022
