197 detenidos desaparecidos
La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado
La
desaparición forzada de ciudadanos que son secuestrados, atrozmente torturados,
asesinados y sus restos ocultados, por razones gremiales, sindicales, políticas
o ideológicas es una práctica represiva abominable, cruel e inhumana. En
Uruguay, durante el terrorismo de Estado fue una práctica habitual y extendida,
dentro y fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor.
Las investigaciones
llevadas adelante por distintas instancias, a nivel privado y estatal, desde el retorno a la vida democrática han
documentado hasta el momento 197 casos de Detenidos Desaparecidos durante el
proceso iniciado en junio de 1968. Esa fecha es un jalón importante en la vida
del país.
El presidente de entonces,
Jorge Pacheco Areco, implantó las Medidas Prontas de Seguridad para reprimir
los conflictos sindicales del momento. Las mismas se mantuvieron en forma casi
permanente durante su gobierno como procedimiento de gobierno.
Al amparo de ellas se
clausuraron medios de prensa, se estableció la censura previa y se restringió
la libertad de expresión, se prohibió la actividad sindical, se detuvieron a
centenares de militantes gremiales y políticos, se militarizaron miles de
trabajadores, públicos y privados. Aumentó la represión y la sangre estudiantil
corrió en las calles montevideanas. Se congelaron los salarios y se intervino
la educación.
Las
Medidas Prontas de Seguridad: contra los trabajadores.
El decreto por el cual
Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad que suspendía
derechos constitucionales se orientó básicamente al movimiento sindical, a los
trabajadores, públicos y privados. La implantación de las medidas restrictivas no
hizo mención a los estudiantes y mucho menos a las organizaciones armadas que,
si bien habían surgido algunos años antes, tenían un desarrollo incipiente. Es
precisamente durante el gobierno de Pacheco Areco que ocurren las primeras
desapariciones, realizadas por el Escuadrón de la Muerte con la cobertura del
Ministerio del Interior y otros jerarcas gubernamentales.
Una
práctica institucional
Roberto Gomensoro Josman
fue el primer detenido desaparecido con responsabilidad directa de las Fuerzas
Armadas como lo puso de manifiesto José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor
que juzgó su responsabilidad. La decisión de ocultar sus restos mortales fue
adoptada por las más altas jerarquías militares.
Durante muchos años los
represores negaron la existencia de Detenidos Desaparecidos. La Ley de
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, Ley 15 848, promovida por las
Fuerzas Armadas y votada por el Parlamento en 1986, fue un escudo protector
para impedir la actuación de la justicia.
La intensa lucha
desplegada por generaciones de luchadores sociales y políticos, con un papel
protagónico de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Pit Cnt,
permitió ir logrando avances parciales y pequeños que comenzaron a filtrar la
muralla de la impunidad. El triunfo de Néstor Kirchner en Argentina y su activa
política de DDHH hacia la dictadura militar y la llegada al gobierno del Dr.
Tabaré Vázquez en nuestro país permitieron los primeros avances judiciales.
Parte de la verdad,
comenzó a surgir y, especialmente, quedó en evidencia que la desaparición
forzada de ciudadanos fue una metodología represiva asidua por parte de la
dictadura y el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas reprimieron
activamente en la Argentina. Hubo traslados clandestinos de prisioneros. Hubo
vuelos clandestinos como lo admitió la Fuerza Aérea en el 2005
En octubre de 2009, la SCJ
presidida por el Dr. Jorge Chediak declaró la inconstitucionalidad de la Ley de
Caducidad. En el año 2011, la Ley 18 831 restableció la pretensión punitiva del
Estado y autorizó al Poder Judicial a retomar las obligaciones
constitucionales.
En
Domingo Arena saben
Con la excepción de Manuel
Cordero condenado en la Argentina, de Jorge Tróccoli preso en Italia, de Pedro Matos
prófugo de la justicia en Brasil, Ernesto Avelino Ramas en prisión
domiciliaria, en la cárcel de Domingo
Arena se encuentran los principales represores involucrados en las prácticas
represivas y en las desapariciones forzadas. Ellos saben y saben, además,
quiénes saben. En los Tribunales de Honor han dicho la verdad.
Hoy, en todo el país y
allende, miles y miles, seguiremos reclamando. Es lo que corresponde. Lo que
necesita el país: la desaparición forzada de ciudadanos merece ser repudiada
una y otra vez. Aunque al senador Gustavo Penadés lo exaspere la consigna:
todos somos familiares.
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(*) Gastón Grisoni es
Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen,
necesariamente, al colectivo como tal.
(**) Publicado en El Popular del 30.05.2022
