Mayo es el mes de la Memoria, un mes que convoca a la más amplia movilización
ciudadana en lo que ya es, por imperio de la movilización desplegada por
generaciones de militantes, una sagrada causa nacional.
La consigna para este año que ha formulado la organización referente, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos es bien clara. La verdad sigue secuestrada: responsabilidad del Estado.
Una práctica represiva institucional
Roberto Gomensoro Josman, joven militante del MLN de 26 años, fue el primer detenido desaparecido por parte de las Fuerzas Armadas en marzo de 1973.
Su asesinato y posterior ocultamiento de su cuerpo se produjo cuatro meses después de que las Fuerzas Conjuntas anunciaran públicamente la desarticulación total de dicha organización y tres meses antes de que se disolvieran las Cámaras y estallara la huelga general de los trabajadores enfrentando el golpe de Estado.
Roberto Gomensoro fue detenido y trasladado al Cuartel de Artillería Nº 1 (La Paloma) en el Cerro.
Fue torturado y asesinado por quien era en ese momento el segundo jefe del cuartel, el teniente coronel José Nino Gavazzo. Ante la muerte, no intencional pero previsible, de acuerdo a las prácticas militares, Gavazzo informó a sus superiores y solicitó instrucciones.
Con el visto bueno de quien era el Comandante en Jefe del Ejército, el general Esteban Cristi, jefe de la Región Militar Nº 1, ordenó a Gavazzo trasladar los restos de Gomensoro a la represa de Baygorria en Paso de los Toros y hacerlos desaparecer.
Hacer desaparecer los restos de Roberto Josman para ocultar su crimen mientras era torturado en “democracia”, al amparo de la Declaración del Estado de Guerra Interno, fue, claramente, una decisión institucional del ejército uruguayo que marcaría una línea de actuación al respecto.
Haber recibido la orden de hacer desaparecer a Gomensoro fue declarado por José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor que juzgó su conducta en el año 2018 y que Guido Manini Ríos no informó al Poder Judicial como corresponde que hagan todos los funcionarios públicos al tomar conocimiento de hechos delictivos.
Ante el Poder Judicial, Nino Gavazzo había negado conocer a Roberto Gomensoro, aunque existían testimonios contundentes en su contra cuando el entonces joven juez de Paso de los Toros, Dr. Jorge Dìaz, retomó la causa.
Un delito permanente
La desaparición forzada de ciudadanos que son secuestrados, torturados atrozmente, asesinados y sus restos desaparecidos, por razones gremiales, sindicales, políticas o ideológicas es una práctica represiva abominable, cruel e inhumana. En Uruguay, durante el terrorismo de Estado fue una práctica habitual y extendida, dentro y fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor.
La sentencia Maidanic y otros de la Corte Interamericana de DDHH en noviembre del año pasado condenó a Uruguay a continuar la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos y a esclarecer las circunstancias de las mismas.
La sentencia Maidanic involucra a las “Muchachas de Abril” asesinadas en el año 1974, en Brazo Oriental, a Luis Eduardo González detenido y desaparecido desde ese momento a fines de ese año y a Oscar Tassino militante de Aute y del PCU en el año 1977.
Seguir reclamando por nuestros detenidos desaparecidos es una batalla estratégica de afirmación de la institucionalidad democrática, para seguir avanzando en democracia. En la cárcel de Domingo Arena y en la Republicana están detenidos algunos de los principales involucrados en la política represiva del Estado. Ellos saben y saben quiénes saben, además.
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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.
(**) Publicado en el Popular el 6 5 2022
