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Multitudinaria y silenciosa

 Una enorme multitud  recorrió el pasado viernes nuestra principal avenida, sorprendiendo a propios y extraños, conmoviendo a todo el país. La causa de los Detenidos Desaparecidos es una causa nacional de ayer, de hoy y de siempre.

Milka Gonzalez, Elena Zaffaroni y Maria Bellizzi, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, este miércoles, en APU. Foto: Ernesto Ryan

La IMM: un ejemplo

En la mañana, por segundo año consecutivo, las principales autoridades departamentales rindieron homenaje a los Detenidos Desaparecidos en el Memorial del Cerro. Por razones de salud, la Intendenta Carolina Cosse no pudo asistir pero estuvieron presentes todas las jerarquías ciudadanas. El año anterior, en medio de una crisis sanitaria importante, la ceremonia se llevó a cabo de una manera informal, pero significativa. En un hecho no menor, la intendenta convoca a participar junto con ella a representantes de Madres y Familiares, una organización referente en la vida del país, y a Crysol, la asociación de todas y todos los ex presos políticos.

La democracia es una conquista del pueblo

La institucionalidad democrática que disfruta  nuestro país desde hace décadas  es una gran conquista del pueblo uruguayo. Es el resultado de sus luchas, de sus movilizaciones, de su resistencia, en forma colectiva e individual, en Montevideo y en el Interior, dentro y fuera de fronteras, de su capacidad de sobreponerse a  fuerzas aparentemente superiores, de su capacidad de superar sus diferencias políticas e ideológicas, de unirse y de contribuir a la búsqueda de salidas constructivas. La democracia uruguaya no le debe nada a las Fuerzas Armadas y mucho menos al vocero oficial  de la dictadura el matutino El País.

La desaparición forzada de ciudadanos que son secuestrados, torturados atrozmente, asesinados y sus restos deliberadamente ocultados, por razones gremiales, sindicales, políticas o ideológicas es una práctica represiva abominable. En Uruguay, durante el terrorismo de Estado fue una práctica habitual y extendida, dentro y fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor.

Sin negar el sufrimiento padecido por miles de compatriotas en el período comprendido entre 1968 y 1985, los 197 Detenidos Desaparecidos representan al grupo de ciudadanas y ciudadanos que, por ser luchadores sociales y políticos, pagaron el mayor precio, al igual que sus familiares y sobrevivientes.

Desde el año 1996 miles y miles de uruguayos se concentran y marchan reclamando conocer su paradero y su destino, hallar sus restos para darles sepultura y esclarecer las circunstancias de su desaparición. También es un ritual cívico de homenaje y de reconocimiento. Todas y todos sabemos que la Verdad está secuestrada y cada vez somos más y más quiénes decimos Todos somos Familiares. En la cárcel de Domingo Arena están algunos de los principales ejecutores de las desapariciones forzadas aunque no les haya podido tipificar los delitos que ameritan y corresponden. Ellos saben y además saben quiénes saben. Ocultan los archivos que contienen la información.

Interpela a los terroristas de Estado

Luego de dos años en que no hubo marchas presenciales, este 2022, con empuje renovado e inusitado, se retomaron las acciones en todo el país. Nos sorprendió Montevideo, pero sorprendió el apoyo y la participación en todo el país. Multitudinario. Conmovedor. Silencioso. Militante.

Homenajear a los Detenidos Desaparecidos es un obligación ciudadana y republicana, un compromiso con el pasado, con el presente y con el futuro. La verdad sigue secuestrada.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular  589 del 27 05 2022

Suprema dignidad

 Con la Directora de Cultura  María Inés Obaldía en representación de la Intendenta Carolina Cosse, ausente por razones de salud, y la presencia de todo el gabinete en pleno del gobierno municipal, la Intendencia de Montevideo, por segundo año consecutivo, rindió homenaje a los Detenidos Desaparecidos en el Memorial que los recuerda en el Parque Vaz Ferreira en el Cerro. Una decisión inspiradora y elogiable. Es lo que deben hacer las autoridades del Estado a todos los niveles.


Foto: Federico Gutiérrez. La diaria

La institucionalidad democrática que disfruta  nuestro país desde hace décadas  es una gran conquista del pueblo uruguayo. Es el resultado de sus luchas, de sus movilizaciones, de su resistencia, en forma colectiva e individual, en Montevideo y en el Interior, dentro y fuera de fronteras, de su capacidad de sobreponerse a fuerzas aparentemente superiores, de su capacidad de superar sus diferencias políticas e ideológicas, de unirse y de contribuir a la búsqueda de salidas constructivas. La democracia uruguaya no le debe nada a las Fuerzas Armadas y mucho menos al vocero oficial  de la dictadura el matutino El País.

La desaparición forzada de ciudadanos que son secuestrados, torturados atrozmente, asesinados y sus restos deliberadamente ocultados, por razones gremiales, sindicales, políticas o ideológicas es una práctica represiva abominable. En Uruguay, durante el terrorismo de Estado fue una práctica habitual y extendida, dentro y fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor.

Sin negar el sufrimiento padecido por miles de compatriotas en el período comprendido entre 1968 y 1985, los 197 Detenidos Desaparecidos representan al grupo de ciudadanas y ciudadanos que, por ser luchadores sociales y políticos, pagaron el mayor precio, al igual que sus familiares y sobrevivientes.

Desde el año 1996 miles y miles de uruguayos se concentran y marchan reclamando conocer su paradero y su destino, hallar sus restos para darles sepultura y esclarecer las circunstancias de su desaparición. También es un ritual cívico de homenaje y de reconocimiento. Todas y todos sabemos que la Verdad está secuestrada y cada vez somos más y más quiénes decimos Todos somos Familiares.

Un ejemplo a imitar

La sencilla ceremonia realizada en la mañana de ayer, rindiendo nuevamente homenaje a los Detenidos Desaparecidos, contrasta con el silencio de las más altas autoridades del país que no emitieron ni una sola palabra, que no acompañaron la marcha y que ni siquiera reciben a las organizaciones sociales que nuclean a las víctimas.

El comunicado emitido por la Secretaría de DDHH para el pasado reciente en la voz de la querida Matilde Rodríguez Larreta es la única señal que no permite disimular el silencio de los principales jerarcas tan proclives a la exposición mediática en una fecha tan significativa.

Homenajear a los Detenidos Desaparecidos es un obligación ciudadana y republicana, un compromiso con el pasado, con el presente y con el futuro.

La foto que acompaña esta columna, tomada en la mañana de ayer, en el Parque Vaz Ferreira, es conmovedora. Dos adultos mayores, ejemplares, tomados de la mano, en la fría mañana otoñal, diciendo presente a la ceremonia convocada por la IMM representan el sentimiento de adhesión de nuestro pueblo a esta causa nacional de las grandes mayorías.

El homenaje de la IMM a los Detenidos Desaparecidos debería ser institucionalizado. Los Detenidos Desaparecidos, ciudadanos como todos nosotros, son un claro recordatorio de cuánto le costó a los trabajadores y al pueblo uruguayo conquistar la libertad y la democracia.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.


Nuevamente a las calles!

 197 detenidos desaparecidos

La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado 

La desaparición forzada de ciudadanos que son secuestrados, atrozmente torturados, asesinados y sus restos ocultados, por razones gremiales, sindicales, políticas o ideológicas es una práctica represiva abominable, cruel e inhumana. En Uruguay, durante el terrorismo de Estado fue una práctica habitual y extendida, dentro y fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor.


Las investigaciones llevadas adelante por distintas instancias, a nivel privado y estatal,  desde el retorno a la vida democrática han documentado hasta el momento 197 casos de Detenidos Desaparecidos durante el proceso iniciado en junio de 1968. Esa fecha es un jalón importante en la vida del país.

El presidente de entonces, Jorge Pacheco Areco, implantó las Medidas Prontas de Seguridad para reprimir los conflictos sindicales del momento. Las mismas se mantuvieron en forma casi permanente durante su gobierno como procedimiento de gobierno.

Al amparo de ellas se clausuraron medios de prensa, se estableció la censura previa y se restringió la libertad de expresión, se prohibió la actividad sindical, se detuvieron a centenares de militantes gremiales y políticos, se militarizaron miles de trabajadores, públicos y privados. Aumentó la represión y la sangre estudiantil corrió en las calles montevideanas. Se congelaron los salarios y se intervino la educación.

Las Medidas Prontas de Seguridad: contra los trabajadores.

El decreto por el cual Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad que suspendía derechos constitucionales se orientó básicamente al movimiento sindical, a los trabajadores, públicos y privados. La implantación de las medidas restrictivas no hizo mención a los estudiantes y mucho menos a las organizaciones armadas que, si bien habían surgido algunos años antes, tenían un desarrollo incipiente. Es precisamente durante el gobierno de Pacheco Areco que ocurren las primeras desapariciones, realizadas por el Escuadrón de la Muerte con la cobertura del Ministerio del Interior y otros jerarcas gubernamentales.

Una práctica institucional

Roberto Gomensoro Josman fue el primer detenido desaparecido con responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas como lo puso de manifiesto José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor que juzgó su responsabilidad. La decisión de ocultar sus restos mortales fue adoptada por las más altas jerarquías militares.

Durante muchos años los represores negaron la existencia de Detenidos Desaparecidos. La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, Ley 15 848, promovida por las Fuerzas Armadas y votada por el Parlamento en 1986, fue un escudo protector para impedir la actuación de la justicia.

La intensa lucha desplegada por generaciones de luchadores sociales y políticos, con un papel protagónico de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Pit Cnt, permitió ir logrando avances parciales y pequeños que comenzaron a filtrar la muralla de la impunidad. El triunfo de  Néstor Kirchner en Argentina y su activa política de DDHH hacia la dictadura militar y la llegada al gobierno del Dr. Tabaré Vázquez en nuestro país permitieron los primeros avances judiciales.

Parte de la verdad, comenzó a surgir y, especialmente, quedó en evidencia que la desaparición forzada de ciudadanos fue una metodología represiva asidua por parte de la dictadura y el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas reprimieron activamente en la Argentina. Hubo traslados clandestinos de prisioneros. Hubo vuelos clandestinos como lo admitió la Fuerza Aérea en el 2005

En octubre de 2009, la SCJ presidida por el Dr. Jorge Chediak declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. En el año 2011, la Ley 18 831 restableció la pretensión punitiva del Estado y autorizó al Poder Judicial a retomar las obligaciones constitucionales.

En Domingo Arena saben

Con la excepción de Manuel Cordero condenado en la Argentina, de Jorge Tróccoli preso en Italia, de Pedro Matos prófugo de la justicia en Brasil, Ernesto Avelino Ramas en prisión domiciliaria,  en la cárcel de Domingo Arena se encuentran los principales represores involucrados en las prácticas represivas y en las desapariciones forzadas. Ellos saben y saben, además, quiénes saben. En los Tribunales de Honor han dicho la verdad.

Hoy, en todo el país y allende, miles y miles, seguiremos reclamando. Es lo que corresponde. Lo que necesita el país: la desaparición forzada de ciudadanos merece ser repudiada una y otra vez. Aunque al senador Gustavo Penadés lo exaspere la consigna: todos somos familiares.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular del 30.05.2022

Un botón de muestra

 Salió a la venta un libro que bajo el pomposo título de Operación Verdad

aborda el pasado reciente de una forma maliciosa. Desde el mismo prefacio,

mediante afirmaciones temerarias y sin fundamento,  muestra la hilacha y las

simpatías emocionales e ideológicas.

Para aligerar y disminuir la responsabilidad jurídica, política y moral de los represores, de los servicios de seguridad de la dictadura cívico militar y del terrorismo de Estado, afirma que tanto las fuerzas de seguridad como los guerrilleros, seguidores de Fidel Castro, violaron los derechos humanos en lo que se denomina el pasado reciente. Son muchos los funcionarios de la actual administración, algunos con rango ministerial,  que adhieren a esta tesis errónea.

Un desconocimiento intencional

Nadie niega ni oculta que las organizaciones que enfrentaron al gobierno liberticida y autoritario de Jorge Pacheco Areco y a su continuador Juan María Bordaberry, camino hacia la dictadura, llevaron a cabo múltiples acciones que violentaban las leyes, atacaban y dañaban propiedades privadas y estatales, que causaron dolor y sufrimiento a muchas familias, que, incluso, ocasionaron pérdida de vidas, algunas de ellas no intencionales. Es un dato de la realidad. Los propios protagonistas lo han señalado, tanto en forma individual y/o colectiva. Lo han reconocido en forma pública en innumerables ocasiones. Hasta han promovido la colocación de recordatorios permanentes en el lugar en que fallecieron algunas de las personas afectadas.

Las normas de DDHH fueron reconocidas a nivel mundial en 1948 luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, para regular y reglamentar las conductas y los comportamientos de los Estados, especialmente de los funcionarios que portan armas intimidatorias.  Aprobadas por la comunidad de naciones, son normas destinadas a humanizar y dignificar la vida en sociedad, a proteger a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, ante los potenciales abusos y atropellos de los funcionarios estatales.

Solamente los funcionarios del Estado

Las fuerzas policiales y los integrantes de las fuerzas armadas poseen el privilegio del porte de armas para garantizar el pleno usufructo de la libertad al conjunto de la ciudadanía. Por ese motivo, cuando violan los derechos humanos de los ciudadanos, sus delitos son particularmente graves. Son cometidos por funcionarios que tienen beneficios y prerrogativas especiales con respecto al conjunto de los particulares en forma individual y colectiva.

Solamente los funcionarios del Estado son quienes violan las normas de DDHH. Esas normas, tan manoseadas en los discursos de la actual administración, están concebidas para limitar el accionar de los gobernantes y de los funcionarios del Estado. Son escudos protectores de los ciudadanos, de los más pobres, de los más desprotegidos en el mundo capitalista.

Equiparar el accionar de los funcionarios del Estado durante la dictadura y terrorismo de Estado con las acciones de los particulares y/o colectivos en el mismo período no tiene bases jurídicas, éticas ni políticas. Es simplemente parte de la campaña que llevan adelante los portavoces y voceros de los terroristas estatales para disminuir su responsabilidad histórica.

Mayo: mes de la Memoria

En mayo de 1976, en pleno desarrollo de la Operación Morgan contra el PCU y la UJC, desaparecieron al Dr. Manuel Liberoff quién había sido expulsado del país por su militancia antidictatorial.  A los días secuestraron a Rosario Barredo, a William Whitelaw, a Zelmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, Argentina. Aparecieron asesinados. Wilson Ferreira Aldunate, líder del Partido Nacional, se salvó en el anca de un piojo. Fue una operación criminal de la dictadura. No hay dudas. Fue un mensaje al conjunto de la oposición, a los militantes de la resistencia. La causa judicial aún se sigue procesando.

El próximo viernes 20 de mayo, las y los uruguayos, en todo el país y en todo el mundo, levantaremos las banderas de Verdad, Memoria y Justicia: la Verdad sigue estando secuestrada. En Domingo Arenas y en la Republicana están los que saben y que saben quiénes saben.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular el 13 5 2022


Mayo: un mes de memoria militante

Mayo es el mes de la Memoria, un mes que convoca a la más amplia movilización ciudadana en lo que ya es, por imperio de la movilización desplegada por generaciones de militantes, una sagrada causa nacional. 



La consigna para este año que ha formulado la organización referente, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos es bien clara. La verdad sigue secuestrada: responsabilidad del Estado. 

Una práctica represiva institucional 

Roberto Gomensoro Josman, joven militante del MLN de 26 años, fue el primer detenido desaparecido por parte de las Fuerzas Armadas en marzo de 1973. 

Su asesinato y posterior ocultamiento de su cuerpo se produjo cuatro meses después de que las Fuerzas Conjuntas anunciaran públicamente la desarticulación total de dicha organización y tres meses antes de que se disolvieran las Cámaras y estallara la huelga general de los trabajadores enfrentando el golpe de Estado. Roberto Gomensoro fue detenido y trasladado al Cuartel de Artillería Nº 1 (La Paloma) en el Cerro. 

Fue torturado y asesinado por quien era en ese momento el segundo jefe del cuartel, el teniente coronel José Nino Gavazzo. Ante la muerte, no intencional pero previsible, de acuerdo a las prácticas militares, Gavazzo informó a sus superiores y solicitó instrucciones. 

Con el visto bueno de quien era el Comandante en Jefe del Ejército, el general Esteban Cristi, jefe de la Región Militar Nº 1, ordenó a Gavazzo trasladar los restos de Gomensoro a la represa de Baygorria en Paso de los Toros y hacerlos desaparecer. Hacer desaparecer los restos de Roberto Josman para ocultar su crimen mientras era torturado en “democracia”, al amparo de la Declaración del Estado de Guerra Interno, fue, claramente, una decisión institucional del ejército uruguayo que marcaría una línea de actuación al respecto. 

Haber recibido la orden de hacer desaparecer a Gomensoro fue declarado por José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor que juzgó su conducta en el año 2018 y que Guido Manini Ríos no informó al Poder Judicial como corresponde que hagan todos los funcionarios públicos al tomar conocimiento de hechos delictivos. Ante el Poder Judicial, Nino Gavazzo había negado conocer a Roberto Gomensoro, aunque existían testimonios contundentes en su contra cuando el entonces joven juez de Paso de los Toros, Dr. Jorge Dìaz, retomó la causa. Un delito permanente 

La desaparición forzada de ciudadanos que son secuestrados, torturados atrozmente, asesinados y sus restos desaparecidos, por razones gremiales, sindicales, políticas o ideológicas es una práctica represiva abominable, cruel e inhumana. En Uruguay, durante el terrorismo de Estado fue una práctica habitual y extendida, dentro y fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor. 

La sentencia Maidanic y otros de la Corte Interamericana de DDHH en noviembre del año pasado condenó a Uruguay a continuar la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos y a esclarecer las circunstancias de las mismas. La sentencia Maidanic involucra a las “Muchachas de Abril” asesinadas en el año 1974, en Brazo Oriental, a Luis Eduardo González detenido y desaparecido desde ese momento a fines de ese año y a Oscar Tassino militante de Aute y del PCU en el año 1977. 

Seguir reclamando por nuestros detenidos desaparecidos es una batalla estratégica de afirmación de la institucionalidad democrática, para seguir avanzando en democracia. En la cárcel de Domingo Arena y en la Republicana están detenidos algunos de los principales involucrados en la política represiva del Estado. Ellos saben y saben quiénes saben, además.
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 (*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal. 

(**) Publicado en el Popular el 6 5 2022