21.11.09
La prensa, la pasada semana, abundó en informaciones con respecto a la amenaza que recibió el diputado Gustavo Borsari luego de la interpelación que le realizara al Ministro del Interior Dr. Jorge Bruni.
No se trató de una amenaza anónima. La misma se envió por fax incluyendo fotocopia de la cédula de identidad de quien la formulara. El amenazante fue detenido y liberado por el Juez actuante que consideró que la misma no implicaba un peligro real o inminente para el amenazado.
En el día de hoy, sábado, el matutino que fuera vocero oficial de la dictadura cívico militar que asoló nuestro país, informa que: “Es uno de los 41 militares que el gobierno "reparó" por haber sufrido persecución en la dictadura por motivos "ideológicos y políticos" a los que les asignó una jubilación con aumento de grado en 2006”.
El militar “reparado” al cual se alude en la nota, sin mencionar su nombre pero explicitando su seudónimo, es “El burrito”.
“El burrito” no sufrió persecución. No es cierto. No fue perseguido. Definir lo que vivió “El burrito” de ese modo es un eufemismo propio de quienes aún justifican el Terrorismo de Estado para ocultar la realidad, la brutal realidad que aún permanece impune en el marco de la Ley de Caducidad.
“El burrito” fue ilegítimamente detenido, sometido a bárbaras torturas acusado de proporcionar información al Movimiento de Liberación Nacional, puesto a disposición de un tribunal militar, que, obviamente lo procesó por gravísimos delitos. Estuvo encarcelado más de una década en el Penal de Libertad junto a miles de compatriotas en un centro de reclusión diseñado para destruir física, síquica y moralmente a quienes pasaban por él. En condiciones inhumanas y degradantes.
“El burrito” nunca logró sobreponerse a “los interrogatorios rigurosos” que justificaba el ahora procesado Juan María Bordaberry y defendía el matutino de marras en su momento. Desde entonces, desde hace más de 36 años, deambula por estos pagos uruguayos con su mochila a cuestas de desequilibrio mental permanente y ostensible.
En menor o mayor medida, centenares o miles de ex presas y de ex presos políticos, padecen las mismas secuelas, los mismos trastornos, síntomas y patologías que “El burrito” hasta el día de hoy sin que el Estado asumiera su responsabilidad y actuara en consecuencia en más de dos décadas de ejercicio del gobierno por parte de los partidos tradicionales.
Como lo señaló el informe de Serpaj en 1989, Uruguay Nunca Más, la tortura masiva y la prisión prolongada en condiciones inhumanas y degradantes, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las FFAA para destruir a quienes consideraban sus enemigos.
El Estado uruguayo, al retornar a la vida democrática nunca cumplió o lo hizo parcialmente, en dosis mínimas, con sus obligaciones políticas, jurídicas y morales hacia las miles de uruguayas y de uruguayos que sufrieron graves violaciones a los DDHH durante el proceso del Terrorismo de Estado.
La norma legal que benefició al “burrito”, la ley 17 949, fue aprobada en enero del año 2006, a 21 años del retorno a la vida democrática. Esta tardanza histórica por parte del Estado uruguayo no le merece al escriba caganchero ningún comentario, aunque si considera necesario alertar a los lectores acerca de que el actual gobierno le ha concedido una jubilación.
La reparación en Salud.
El pasado 13 de octubre el Poder Ejecutivo promulgó la ley 18 596, Ley de reconocimiento de la actuación ilegítima del Estado, que constituye un paso importante en el cumplimiento de las obligaciones del Estado aunque no cumpla, notoriamente, con todas las pautas y los estándares internacionales que obligan al mismo y que se expresan clara y detalladamente en la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.
El artículo 10 de dicha ley consagra el derecho a una adecuada cobertura sanitaria integral para todas las víctimas del accionar ilegítimo del Estado en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud aunque la norma como tal excluye injustificadamente a los niños y adolescentes de la época que eran familiares directos o a cargo de las ex presas y ex presos políticos dentro de los universos de víctimas.
A instancias de Crysol y gracias a las gestiones personales llevadas a cabo por parte de la Ministra de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz, se incorporó al texto de la misma el Decreto 268/08 durante el debate parlamentario en la Cámara de Senadores.
Los beneficios en salud para las víctimas del Terrorismo de Estado establecidos en el Artículo 10 de la ley están pendientes de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo para que puedan ser usufructuados.
Efectivizarlos plenamente, contemplando legítimamente las aspiraciones de Crysol, la organización que tanto ha trabajado por la implementación de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, a la mayor brevedad, es imperioso. Es parte del proceso de hacer justicia con respecto al pasado reciente y a la herencia maldita de los años de plomo. Anular la Ley de Caducidad y remover todos los obstáculos legales para acceder a la justicia es, también, una deuda mayor y aún pendiente del Estado. Para cumplir con la obligación de reparar integralmente.
