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Una realidad inocultable

 El pasado y el presente en disputa

Por Gastón Grisoni (*)

La actual coalición gubernamental ha llegado para retrotraer al país a épocas ya superadas, todos sus esfuerzos van en ese sentido. La enseñanza histórica, la interpretación de lo ocurrido en el pasado reciente, no escapa a ese afán restaurador. Excluyen a Carlos Demasi e  incorporan  dos textos militantes de la teoría de los dos demonios.


Un aspecto clave

La exclusión del Prof. Carlos Demasi tiene razones importantes. Su estudio de la historia uruguaya destruye el mito de la teoría de los dos demonios para explicar lo ocurrido.

El 13 de junio del año 1968 es un día de gran significación en el acontecer nacional. Ese día, el presidente Jorge Pacheco Areco suspendió las garantías individuales e impuso las Medidas Prontas de Seguridad como mecanismo de gobierno.  Las mismas se mantuvieron de manera permanente hasta poco antes de las elecciones llevadas a cabo en noviembre de 1971. Su decisión de implantar las Medidas obligó a renunciar al Ministro de Trabajo y Seguridad Social de entonces Manuel Flores Mora en rechazo.

El proceso iniciado el 13 de junio de 1968 condujo a la dictadura y desembocó en el terrorismo de Estado. Fue la respuesta de los grandes grupos de poder, aliados a EEUU, ante la crisis de la estructura económica del país que se venía manifestando desde 1955. Mediante ese proceso autoritario, represivo, terrorista, los grupos económicos privilegiados procedieron a reestructurar la economía uruguaya en perjuicio de los trabajadores, los jubilados y los sectores populares.

Pacheco Areco encendió la mecha

Cuando el 13 de junio de 1968 Jorge Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad (MPS), un instrumento de gobierno temporal, para gobernar al margen del Parlamento, dio comienzo a un lento y prolongado proceso de deterioro institucional que se mantuvo hasta febrero de 1985.

En ese marco, a fines del mes de junio, Jorge Pacheco Areco convocó a las Fuerzas Armadas para reprimir a los gremios en conflicto, tanto públicos como privados que se opusieron a su programa de ajustes económicos siguiendo las pautas del Fondo Monetario Internacional.

La dictadura civil – militar fue una calamidad para el país y su gente pero un gran negocio para los poderosos. Los trabajadores y los sectores populares perdieron el 50% del poder adquisitivo de los salarios, vieron seriamente disminuida sus condiciones laborales y de vida, los jubilados y pensionistas perdieron el aguinaldo anual como resultado del Acta Institucional Nº 9. Al final del proceso, el 40% de los hogares uruguayos estaban en la pobreza según cifras oficiales. Los grupos económicos se apropiaron de más de tres mil millones de dólares que fueron redistribuidos de los bolsillos de los trabajadores.

Militantes de la teoría de los dos demonios

Tanto Alfonso Lessa como  Julio María Sanguinetti, con matices y diferencias entre ellos, explican el proceso político uruguayo, la dictadura civil – militar, a la luz de la irrupción de las organizaciones armadas en la vida política. Lessa destaca y amplifica el desarrollo de las acciones de los grupos armados, señala su surgimiento al principio de los años sesenta luego de la Revolución Cubana. Lo hace cuando es público y notorio que la guerrilla, como la denomina, adquiere relevancia mucho después de que Jorge Pacheco Areco decretara las Medidas Prontas de Seguridad y desatara una brutal represión contra los trabajadores sindicalizados y el movimiento estudiantil.

El profesor Carlos Demasi,  con  rigor supo estudiar y presentar las vicisitudes de ese 1968 uruguayo tan impactante (1). Dejó muy claro que el decreto de Pacheco Areco  para implantar las Medidas Prontas de Seguridad no menciona ni a los estudiantes y, mucho menos, a los grupos insurgentes. Las Medidas Prontas de Seguridad se aplicaron para llevar adelante las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

El doctor Julio María Sanguinetti coincide con Lessa  en líneas generales pero es  más amplio, más minucioso, incorpora el accionar de los sindicatos  y sus reclamos como un elemento pernicioso que condujo a que ocurriera lo que ocurrió.

El movimiento sindical: un papel decisivo

En forma contraria a lo sostenido por el Dr. Julio María Sanguinetti, los trabajadores uruguayos, nucleados en la CNT, históricamente han jugado un papel decisivo y positivo. Supieron enfrentar al proyecto antipopular y represivo de Pacheco Areco y luego el golpe de Estado de Juan María Bordaberry con 14 heroicos días de huelga general. Fueron un motor decisivo de la resistencia popular y de la reconquista democrática. El crecimiento de las organizaciones armadas fue la expresión de la conmoción y conflictividad desatada a nivel de toda la sociedad por el intento de descargar la crisis de la economía uruguaya en las espaldas de los trabajadores y de los sectores populares.

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1)1) Prof. Carlos Demasi. El 68 uruguayo. El año que vivimos en peligro. Ediciones de la Banda Oriental. 

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular Nº 615 - 25 11 2022

Sembrando demonios

 En los programas de historia se incluyeron en la bibliografía a consultar dos textos significativos: “La revolución imposible” de Alfonso Lessa y “Agonía de una democracia” del Dr. Julio María Sanguinetti. Ambos libros son testimonios muy personales sobre el proceso histórico uruguayo.

Por Gastón Grisoni (*)


Argentina 1985

Hay que reconocer que el texto de Lessa fue presentado con pretensiones académicas y talante de objetividad. El libro del Dr. Sanguinetti es un testimonio personal de alguien que participó activamente en los sucesos y que continúa participando. Cuando escribe lo hace con intenciones históricas, ubicarse en la historia uruguaya y también para seguir haciendo política e influyendo en los destinos del país.

Dos demonios

Tanto Lessa como Sanguinetti, con matices y diferencias entre ellos, explican el proceso político uruguayo, la dictadura civil – militar, a la luz de la irrupción de las organizaciones armadas en la vida política. Lessa destaca y amplifica el desarrollo de las acciones de los grupos armados, señala su surgimiento al principio de los años sesenta cuando es público y notorio que la guerrilla, como la denomina, adquiere relevancia mucho después de que Jorge Pacheco Areco decretara las Medidas Prontas de Seguridad.

El profesor Carlos Demasi, tan odiado, con verdadero rigor supo estudiar y presentar las vicisitudes de ese 1968 uruguayo tan impactante (1). Deja muy en claro que el decreto de Pacheco Areco no menciona ni a los estudiantes y mucho menos a los grupos insurgentes. Las Medidas Prontas de Seguridad se aplican para llevar adelante las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

Sanguinetti coincide con Lessa pero es  más amplio, más militante, incorpora el accionar de los sindicatos como un elemento pernicioso que condujo a que ocurriera lo que ocurrió.

De eso no hablamos

Ambos soslayan el verdadero carácter  y la intencionalidad perseguida que tuvo el proceso uruguayo. El proceso que se inició el 13 de junio de 1968 y, desembocó en el terrorismo de Estado, fue la respuesta de los grandes grupos de poder, aliados a EEUU, ante la crisis de la estructura económica del país. Mediante ese proceso autoritario, represivo, terrorista, los grupos económicos privilegiados procedieron a reestructurar la economía uruguaya en perjuicio de los trabajadores, los jubilados y los sectores populares.

Cuando el 13 de junio de 1968 Jorge Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad (MPS), un instrumento de gobierno temporal, que mantuvo hasta poco antes de las elecciones de 1971, para gobernar al margen del Parlamento, dio comienzo a un lento y prolongado proceso de deterioro institucional que se mantuvo hasta febrero de 1985.

La dictadura civil – militar fue una calamidad para el país y su gente pero un gran negocio para los poderosos. Los trabajadores y los sectores populares perdieron el 50% del poder adquisitivo de los salarios, vieron seriamente disminuida sus condiciones laborales y de vida, los jubilados y pensionistas perdieron el aguinaldo anual como resultado del Acta Institucional Nº 9. Al final del proceso, el 40% de los hogares uruguayos estaban en la pobreza según cifras oficiales. Los grupos económicos se apropiaron de más de tres mil millones de dólares que fueron redistribuidos de los bolsillos de los trabajadores.

No dan puntada sin nudo

Tanto Lessa como Sanguinetti se caracterizan por dar un gran relieve a los sucesos del 9 de febrero de 1973. En ese momento, el Ejército y la Fuerza Aérea rechazan la designación por parte de Juan María Bordaberry del general Antonio Francese como Ministro de Defensa y se amotinan. Como resultado de las negociaciones que se llevan a cabo en dicha oportunidad en la base aérea de Boiso Lanza se produce un cambio institucional  indudable: se crea el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) con la participación de las Fuerzas Armadas.

Desde junio de 1968, las Fuerzas Armadas, convocadas por Jorge Pacheco Areco, comenzaron a participar activamente en la vida política uruguaya. Tuvieron a su cargo las militarizaciones de los trabajadores que enfrentaban la congelación salarial. En setiembre de 1971, también por decreto, se les encomendó la represión de las organizaciones armadas. En abril de 1972 se les ampliaron las potestades para actuar, con suspensión de garantías individuales y otorgando amplias facultades a la denominada Justicia Militar para juzgar a quienes estimaran conveniente.

La prisión de los 4 médicos: el primer motín institucional

En crónicas publicadas en el año 1973 en La Opinión de Buenos Aires, Julio María Sanguinetti dejó en claro que desde el mes de julio de 1972 el Ejército operaba totalmente al margen de las disposiciones constitucionales con total aceptación y subordinación del titular del Poder Ejecutivo y de los ministros, Sanguinetti incluido. (2) Su relato de la reunión que mantuvo el domingo 9 de julio de ese año es muy trascendente aunque sea relatado con total naturalidad.

El primer motín de las Fuerzas Armadas contra el Poder Ejecutivo se llevó a cabo en octubre de 1972 cuando luego de varios meses de detención y tortura en el Regimiento de Caballería Nº 6, cuatro médicos fueron sometidos a la Justicia Militar. Esta decretó su liberación pero los mandos militares del Ejército se negaron a cumplir con dicha decisión.

A raíz de dicha insubordinación, el 19 de octubre de 1972, luego de una reunión con el presidente Juan María Bordaberry, en la residencia de Suárez y Reyes, de los comandantes de las tres armas, algunos jefes militares (Cristi, Zubía, Chiappe Posse, Vadora, Gregorio Alvarez) acordaron 8 puntos que les otorgaba una participación política de gran importancia y auguraba un protagonismo creciente en la conducción de los destinos del país. Como resultado de dicho acuerdo, renunció el Jefe del Ejército general Florencio Gravina y el ministro de Defensa Nacional del momento el doctor Augusto Legnani.

Construir una interpretación histórica funcional

Los sucesos de febrero de 1973 y los comunicados emitidos por la central sindical y sectores políticos de la izquierda y declaraciones, incluso, de dirigentes del Partido Nacional, han sido empleados para ocultar la verdadera naturaleza del proceso histórico. Se pretende ocultar las auténticas responsabilidades de  quienes participaron en él. La batalla por la memoria y la construcción histórica es permanente. La inclusión de los textos Alfonso Lessa y Julio María Sanguinetti es una muestra de ello.

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(1)        Prof. Carlos Demasi. El 68 uruguayo. El año que vivimos en peligro. Ediciones de la Banda Oriental.

(2)        María Urruzola. Julio María Sanguinetti. Ante el tribunal de la historia. Planeta.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular Nº 614 - 18 11 2022

A Mariana lo que es de Mota

 Una jueza contra viento y marea

Por Gastón Grisoni (*) 

Crysol, la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay, declaró a la Dra. Mariana Mota como Socia Honoraria de la organización. Lo hizo en reconocimiento a su labor y trayectoria en favor de la justicia. En su momento tuvo el coraje cívico de procesar a Juan María Bordaberry por haber disuelto las Cámaras.

Dra. Mariana Mota

Desaparición forzada

De acuerdo a la Ley 18 026 es un delito continuado, se sigue cometiendo hasta que se esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido. Hasta el momento Mariana Mota es la única jueza que en Uruguay ha usado la tipificación de Desaparición Forzada para condenar a un represor del terrorismo. Lo hizo para procesar en 2010,  al coronel retirado Carlos Calcagno por su participación en la desaparición forzada de Nelson Inzaurralde y Carlos Santana.

Ambos eran exiliados uruguayos, fueron detenidos en Paraguay en el mes de marzo de 1977 y posteriormente desaparecidos en la Argentina. Fue una típica acción represiva en el marco de la Operación Cóndor. Según documentación encontrada en los Archivos del Terror de Paraguay por el abogado Martín Almada, el coronel Carlos Calcagno, oficial de Inteligencia y amplio historial represivo desde el año 1972 en el Batallón Florida, participó en los interrogatorios de los dos en las mazmorras del régimen de Stroessner y jugó un papel decisivo en el destino de ambos prisioneros.

Una larga y necesaria batalla por la justicia

Al retornar a la vida democrática, con elecciones llevadas a cabo de manera irregular, con proscriptos y el principal dirigente del Partido Nacional privado de su libertad, comenzó, débilmente, a actuar el Poder Judicial. En ese marco, comenzaron a citarse a declarar a algunos de los principales referentes de la represión. En ese momento, el partido de la impunidad, de la dictadura, reclamó, con el comandante en jefe del Ejército Hugo Medina encabezando las gestiones, que se aprobara una ley de amnistía que protegiera a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.

En diciembre de 1986 la Asamblea General, de manera absolutamente irregular, aprobó la Ley 15.848, ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, para conceder una amnistía a los militares y efectivos policiales,  pero no incluyó a los civiles que participaron. Durante más de 20 años el Poder Judicial estuvo impedido de actuar, dependiendo de las decisiones que adoptara el Poder Ejecutivo para investigar.

Dicha ley fue declarada inconstitucional en octubre de 2009 por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a pedido de la fiscal Dra. Mirtha Guianze, para el caso Nibia Sabalsagaray. En febrero de 2011 la Corte Interamericana DDHH (Corte IDH) declaró su ilegitimidad en la Sentencia Gelman vs Uruguay. En base a la misma, en octubre de 2011, el Parlamento aprobó la Ley 18 831 restableciendo legítima y plenamente la pretensión punitiva del Estado.

Una sanción ejemplificante

Responsable del procesamiento y prisión de Juan María Bordaberry por haber dado el golpe de Estado en el año 1973 junto a las Fuerzas Armadas,  la jueza Mariana Mota se ganó el odio de los golpistas de ayer y sus cómplices. Comenzó a ser objeto de una pertinaz e insidiosa campaña en su contra. Promovida desde los centros nostálgicos  del poder, con importantes medios de comunicación potenciando y amplificando la campaña de desacreditación pública, la operación apuntaba a la jueza y también al resto de los integrantes del sistema judicial.

En febrero de 2013 fue sancionada de manera encubierta por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En ese momento, sin justificación de ningún tipo, en el marco de la intensa y persistente campaña de prensa en su contra, la Suprema Corte de Justicia dispuso su traslado desde el ámbito Penal al Civil. Dicha acción, adoptada por el máximo órgano, fue un castigo a su persona pero al mismo tiempo una sanción ejemplificante para el resto de los jueces.

Hasta el día de  hoy sigue estando satanizada por parte de los terroristas estatales, de los medios adictos al poder y a la impunidad, por su pasado y también por su posterior labor en la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) encabezando la búsqueda de los Detenidos Desaparecidos junto al Dr. Wilder Tayler.

Democracia y justicia: una conquista popular

La actual democracia uruguaya no le debe nada a las Fuerzas Armadas. Descansa en el enorme esfuerzo militante desplegado por los trabajadores y los sectores populares enfrentando a la dictadura. En la lucha por la libertad y la democracia hubo más de 20.000 personas detenidas, más 7.000 prisioneros condenados por tribunales militares, 197 detenidos desaparecidos y 200 asesinados por las fuerzas represivas.

La investigación, el esclarecimiento y la sanción penal de las graves violaciones a los DDHH cometidas durante el terrorismo de Estado es un requisito básico y esencial para afirmar una democracia plena y con bases sólidas. El Poder Judicial es el órgano del Estado con facultades plenas para ello. Los jueces tienen sobre sus espaldas la mayor de las responsabilidades. La Dra. Mariana Mota ha sabido honrar al Poder Judicial y ser un ejemplo a seguir.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular Nº 613 - 11 11 2022


Un prededente que marca rumbo

 La Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) acogió 

petición  reparatoria de viuda

Por Gastón Grisoni (*) 


Un reciente informe de fecha 15 de agosto de este año da cuenta que la Comisión IDH (1) acogió una petición de amparo formulada por una víctima del terrorismo de Estado.  Debió renunciar a su pensión por discapacidad para poder percibir la Pensión de Sobrevivencia del BPS correspondiente a su fallecido esposo. El mismo  era ex preso político y, en función de ello, percibía la Pensión Especial Reparatoria que otorga la Ley 18 033.

Los Estados tienen que reparar

En diciembre de 1985, al retornar a la democracia, durante el gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, se aprobó la primera ley reparatoria por daños ocasionados. Fue la Ley 15 783 destinada a resarcir a los miles de funcionarios públicos expulsados de la administración durante la dictadura civil militar. Abarcó a todas y todos aquellos funcionarios que fueron despedidos  por razones políticas, gremiales, ideológicas o por simple arbitrariedad.

Más adelante, en el año 2002, el presidente Dr. Jorge Batlle aprobó la Ley Jubilatoria 17 449 para la actividad privada que amparaba, de manera muy limitada a requeridos por la Justicia Militar, presos políticos y exiliados.

A Vázquez lo que es de Vázquez

Durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez se aprobaron las leyes reparatorias más significativas, hasta el día de hoy, referidas a las víctimas del accionar de los funcionarios del Estado. Lo hicieron tomando como punto de referencia la normativa actualizada al respecto a nivel internacional.

La aprobación de las leyes 17 949 (militares expulsados, detenidos y condenados por la dictadura), 18 033 y 18 596 fue un inmenso logro de la sociedad. Muy especialmente de las organizaciones sociales que las impulsaron, trabajaron por ellas y se movilizaron intensamente, incluso en las calles, con manifestaciones multitudinarias, para que ellas se concretaran.

Es digno de tener en cuenta que tanto para la Ley 18 033 como para la Ley 18 596, Crysol presentó y puso a consideración del gobierno y del sistema político, proyectos de ley que facilitaban el trabajo a llevar a cabo.

Tabaré Vázquez ha sido hasta ahora el único presidente que   manifestó mayor sensibilidad hacia el sufrimiento de las víctimas y lo materializó en acciones de diferente naturaleza. Todas las leyes reparatorias de impacto real llevan su firma. Han significado un gran avance para la sociedad en su conjunto. Y el rechazo de los terroristas de Estado y sus cómplices y defensores. 

Antecedentes de cuestionamiento

Aunque siempre valoró muy positivamente la Ley 18 033, Crysol formuló propuestas superadoras de la misma, consciente de las carencias que ella tenía, tomando como base la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.  Por eso mismo, en el año 2012 solicitó el amparo de la Institución Nacional de DDHH (INDDHH), durante el gobierno de José Mujica. En diciembre la institución se pronunció y emitió una recomendación que ha sido ignorada hasta el día de hoy por los diferentes gobiernos.

En el año 2013, el Relator Especial de las Naciones Unidas Pablo de Greiff visitó Uruguay y presentó al Consejo de DDHH de la ONU un contundente informe señalando que la Ley 18 033 al reparar a los ex presos políticos los obligaba a renunciar a otros legítimos derechos como las jubilaciones y pensiones.

En igual sentido se pronunciaron en el año 2018 la Relatora Especial de la ONU para la Discapacidad Catalina Devandas-Aguilar y el Relator Especial para la Verdad y la Justicia Fabián Salvioli en base a resoluciones del Consejo de DDHH.

Justicia con perspectiva humana: castigar y reparar

Desde sus inicios, Crysol ha destinado importantes esfuerzos a la lucha por la justicia con un enfoque amplio y profundo, no meramente legal. El accionar del Poder Judicial es importante por múltiples razones elementales. Pero la lucha por la justicia debe abordar también todas las obligaciones del Estado con respecto a las víctimas.

Los Estados deben respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos. Cuando sus funcionarios los violentan, incluso en forma masiva como en el caso uruguayo, deben repararlos de manera integral, de acuerdo a la gravedad del daño ocasionado y a los estándares establecidos. Al hacerlo no deben, como ocurre en el caso uruguayo, como ha sido señalado desde hace años, obligar a renunciar a otros legítimos derechos. Es lo que pasa con la Ley 18 033: obliga a las ex presas y a los ex presos políticos a renunciar a sus legítimas jubilaciones y pensiones para percibir la Pensión Especial Reparatoria (PER).

Precisamente, en este precedente de la Comisión Interamericana de DDHH y en la disposición negociadora del actual gobierno, aceptando explícitamente el cuestionamiento, se basa Crysol para iniciar en las próximas semanas una petición de amparo colectiva ante ella para las socias y socios de la institución. Sin perjuicio de ello, se debe seguir promoviendo los cambios legislativos necesarios, como corresponde, aunque ellos deben surgir desde la iniciativa del propio Presidente de la República.

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(1) Informe Nº 183/22. Petición 1376-19. Informe de solución amistosa. 15 de agosto de 2022

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular Nº 612 - 4 11 2022