Aunque tarde, la justicia se expidió: ¡un inmenso logro!
Por
Gastón Grisoni (*)
El
pasado lunes la Justicia procesó a tres militares por la detención y tortura de
39 jóvenes y adolescentes de ambos sexos
en Treinta y Tres, en abril de 1975. La jueza letrada de primer turno de dicho
departamento, María Eugenia Mier imputó abuso de autoridad contra detenidos,
privación de libertad y lesiones graves. Dispuso el procesamiento con prisión
de los militares Juan Luis Álvez, Héctor Rombys y Mohacir Leite.
Pruebas
contundentes: documentos militares
Mier imputó a los tres
militares en calidad de coautores. Fundamentó el procesamiento con prisión en
la gravedad de los hechos y basándose en la normativa que los señala como
delitos de lesa humanidad.
La jueza pidió que se
realizaran pericias para evaluar si los procesados están en condiciones de
salud para cumplir la prisión preventiva en un establecimiento carcelario.
También convocó a audiencia a cuatro testigos pedidos por los procesados y
dispuso que se ubique a tres médicos que ejercían funciones en el batallón de
Infantería 10 en 1975. Fueron denunciados por su participación activa en el proceso
de torturas y malos tratos que todos los detenidos sufrieron.
El
operativo represivo
En abril del año 1975,
meses antes de que se desencadenara la Operación Morgan, la Región Militar Nº 4
del Ejército comandada por el general Gregorio Alvarez, llevó a cabo una
inusitada operación represiva contra la Juventud Comunista en la ciudad de
Treinta y Tres. 39 jóvenes y adolescentes de ambos sexos, fueron secuestrados,
incomunicados y sometidos a torturas de todo tipo durante semanas en el
Batallón de Infantería Nº 10 en función de sus actividades opositoras.
Los tuvieron encapuchados
y de plantón, las manos atadas con alambre, los privaron de agua y comida, les
aplicaron picana, submarino, los quemaron con cigarrillos, los colgaron, los
golpearon y obligaron a montar sobre una barra de hierro. A José Nacimiento le
quebraron el pie con el taco de la bota y a otra detenida le fracturaron un
brazo. Como uno de los presos pidió que lo atendiera un dentista, al día
siguiente, en castigo, a muchos les extrajeron una pieza dental cualquiera, sin
anestesia.
La gran mayoría de los
detenidos eran estudiantes del Liceo Nº 1 de Treinta y Tres, el operativo
represivo conmocionó a la capital departamental y a todo el país. En algunos
casos se detuvieron a varios miembros de una misma familia. Los detenidos
mayores fueron derivados a la justicia
militar y condenados por ella, cumpliendo largas condenas en el Penal de
Libertad y Punta de Rieles.
En el caso de las y de los
menores fueron recluidos en el Alvarez Cortés los varones y las adolescentes en
el Hogar Yaguarón en Montevideo durante varios meses. Al recobrar la libertad
se les prohibió continuar con sus estudios.
Torturados
delante del Goyo Alvarez
En la noche del 18 de
abril, previo a la celebración de la fecha patria, llegó al Batallón el Jefe de
la Región Militar Nº 4 el general Gregorio Alvarez. Esa noche todos los
detenidos fueron sometidos a una sesión colectiva de tortura dirigida por el capitán Pedro Buzó
y que fue presenciada por quien llegara a ser posteriormente Presidente en la
última etapa de la dictadura.
Según la denuncia penal
presentada en el año 2011, esa noche, según narra Liliana Pertuy, una de las
víctimas denunciante, el capitán Pedro Buzó le partió la boca a Ruben Olivera
en una sesión en la que estaba presente Álvarez: “Esa noche, en medio de la
locura esa, en la penumbra, mientras el tipo que había venido a torturar me
pegaba como un loco, ahí estaba el señor, el Goyo, observando todo. No hablaba.
Y después lo corroboramos con la tropa”. (1)
Una
Comunicado Público repugnante
El 30 de abril un
comunicado del Comando General del Ejército informó que se había desarticulado
una célula subversiva que entrenaba a menores de edad para cumplir las “tareas
que el marxismo internacional determina a nivel nacional”. Campamentos, fiestas
y guitarreadas formaban parte de las actividades que, según el comunicado, la
organización promovía con el fin de reclutar adeptos, adoctrinarlos y lograr su
“desarraigo” de la vida familiar y de las “normas morales propias del estilo de
vida uruguayo”.
Un ensayo de ese desarraigo
planificado había tenido lugar en el balneario La Esmeralda donde se habían
reunido muchachos y muchachas “en completa promiscuidad”, intercambiando
parejas y rivalizando en competencias de resistencia sexual: “En tal ambiente
donde se han rebasado largamente las barreras no solo de lo moral sino también
de la más elemental higiene sexual, no resulta extraño que cinco jovencitas
cuyas edades oscilan entre 14 y 17 años contrajeran enfermedades venéreas”,
sentencia el comunicado. (1)
Héroes
y heroínas de carne y hueso
El proceso judicial pudo
llevarse a cabo gracias a que un grupo importante de víctimas, ex presas y ex
presos políticos, con el apoyo del Observatorio Luz Ibarburu (OLI), asumieron
el compromiso militante de presentar en el año 2011 la denuncia penal que acaba
de avanzar sustancialmente con estos primeros procesamientos. Wellington Sarli
mencionado como uno de los principales torturadores en la denuncia penal se
encuentra en Chile.
Cuando la justicia actúa,
procesa y condena, se afirma el Estado de Derecho y se mejora la calidad
democrática. Para robustecer la democracia, todas las graves violaciones a los
Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado deben ser
esclarecidas y debidamente castigadas.
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(1) Denunciados e impunes.
Observatorioluzibarburu.org.
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(*) Gastón Grisoni es
Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen,
necesariamente, al colectivo como tal.
(**) Publicado en El Popular Nº 610 - 21 10 2022
