Por primera vez, la Justicia uruguaya inicia un proceso contra los represores materiales que participaron de los emblemáticos asesinatos del 20 de mayo de 1976.
Fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe.
La semana pasada, el juez en lo penal de 31er turno, Fernando Islas, imputó a los militares en situación de reforma José Arab, Ernesto Ramas, Jorge Pajarito Silveira y el expolicía Ricardo “Conejo” Medina, en la causa que investiga los asesinatos de Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y la desaparición forzada del militante comunista Manuel Liberoff.
Además incluyó otras decenas de violaciones a
los derechos humanos perpetradas por los represores uruguayos en Buenos Aires,
entre ellas, la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y
Máximo Barredo, y la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana
Zaffaroni.
Entre los delitos imputados por Islas, se
encuentra el de homicidio muy especialmente agravado, supresión de estado civil
en la calidad de coautor, abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones
graves, privación de libertad, desaparición forzada y rapiña.
Crímenes
escandalosos
La dictadura uruguaya ya había demostrado una
enorme ferocidad represiva, incluso antes de ser formalmente una dictadura. El
gobierno de Juan María Bordaberry fue el continuador de Jorge Pacheco que
durante su mandato ensangrentó las calles con sangre estudiantil y conformó el
Escuadrón de la Muerte.
Juan María Bordaberry, incluso antes de la
disolución de las Cámaras en junio de 1973, desde la aprobación de la
declaración del Estado de Guerra Interno el 15 de abril de 1972, había
impulsado, con la buena disposición de los mandos militares, una gran campaña represiva contra el
Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y otros grupos que realizaban acciones
armadas para desarticularlos. La misma abarcó a todo el país e involucró a las
tres fuerzas, además de la Policía. A los seis meses se había proclamado oficialmente
su desarticulación. Cuando en junio de 1973 se inicia la huelga general contra
el golpe, la Cárcel de Paso de los Toros, Punta Carretas, el Penal de Libertad
y el Penal de Punta de Rieles estaban abarrotados de presas y de presos
políticos del movimiento popular.
Durante el año 1974 los servicios represivos
de la dictadura civil militar impidieron sangrientamente los intentos reorganizativos del MLN. Asimismo
continuaron la escalada represiva contra otras organizaciones de la
resistencia, en el marco de una dictadura que había eliminado la libertad de
prensa y prohibido las actividades sindicales y políticas.
A fines del año 1975 y principios de 1976 se
desplegó la Operación Morgan contra las estructuras clandestinas del Partido
Comunista del Uruguay (PCU) que lideraban la resistencia organizada. Implicó el
secuestro y detención de centenares de militantes de dicha organización que
pasaron por la Casona de Punta Gorda (Infierno Chico), el 300 Carlos (Infierno
grande) y la exCárcel del Pueblo (Juan Paullier 1190) entre otros centros
represivos.
Cuando se conoció que el exsenador Zelmar Michelini y el exdiputado
Héctor Gutiérrez Ruiz habían sido asesinados junto con los exiliados Rosario
Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires, un sentimiento de estupor sacudió a
la sociedad uruguaya. Con el correr de las horas se supo que el líder del
Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate había salvado su vida milagrosamente
y que el operativo represivo incluyó el secuestro y la desaparición del Dr.
Manuel Liberof. El accionar represivo superó ampliamente todos los límites
imaginables hasta ese momento y conmocionó a todo el país. El brazo represivo
de la dictadura superaba las fronteras nacionales y se intuía una coordinación represiva.
Los
familiares de las víctimas dignos exponentes
La causa judicial se concretó gracias al
esfuerzo, el sacrificio y la valentía de los familiares de las víctimas que la
promovieron y la impulsaron. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa
Humanidad cumplió con su cometido y el Poder Judicial formalizó a algunos de
los principales involucrados en los hechos. La responsabilidad del expresidente
Juan María Bordaberry y del ex ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos
Blanco, exsenador del Partido Colorado al retornar a la democracia, ya había
sido acreditada.
La investigación, el esclarecimiento y la
sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es un requisito básico
y esencial para que esos hechos no vuelvan a reiterarse. Cada pronunciamiento
judicial condenatorio de estos crímenes es un ladrillo más en la afirmación
democrática y del Estado de derecho.
---------------
(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.
(**) Publicado en El Popular Nº 601 - 19 08 2022
