Insanía editorial

 La desprotección de las víctimas del terrorismo de Estado

Por Gastón Grisoni – 31.08.24

Un editorial de El País del pasado lunes 26 de agosto arremete contra Graciela Villar. La acusa de haber colaborado con la dictadura. La acusa, justamente, el vocero oficial de la dictadura y del terrorismo de Estado. El matutino de marras tiene el tupé de acusar a una chiquilina de 18 años,  que estuvo detenida en el siniestro Fusna, de colaborar con dicho régimen. Lo hace, basándose en el testimonio de Fleming Gallo que reproduce un libro editado, el mes pasado, por Álvaro Alfonso con la colaboración de Héctor Amodio Pérez.

Usando a Graciela Villar, una ex presa política que integró la fórmula presidencial del FA en las elecciones del año 2019, en base a un libro escrito por Alvaro Alfonso con la colaboración del ex militante del MLN Héctor Amodio Pérez, el editorialista agrede al Partido Comunista (PCU), organización que la víctima de la dictadura integraba en aquel período.

Militante de la resistencia

Durante la dictadura civil militar, Graciela Villar fue detenida en dos oportunidades. En la primera ocasión era menor de edad. Fue detenida por participar en una manifestación callejera ilegal contra el régimen de Juan María Bordaberry conmemorando el 1º de mayo en la zona de la Curva de Maroñas. Como era habitual, luego de su detención fue internada en el Hogar Yaguarón, dependiente del Consejo del Niño (actual INAU).

La segunda detención se produjo en 1977. Estuvo detenida en las instalaciones de los Fusileros Navales (FUSNA). En esta oportunidad, ya tenía 18 años. Luego de algunos días fue liberada. Graciela Villar es la denunciante de Fleming Gallo  en la primera causa penal por la cual la justicia uruguaya pretende juzgarlo. En esta y en otras causas posteriores, se lo acusa  por su activa y comprobada participación en secuestros, privaciones de libertad y torturas, de manera sistemática y continuada de decenas de personas en el marco de la Operación Morgan contra el PCU.

Fleming Gallo: prófugo de la justicia

En la actualidad, Fleming Gallo, reside en Barcelona, España. Recibe una pensión del Estado español. En una acción realmente insólita, incluso, mediante abogados, se presentó en el MTSS ante la Comisión Especial de la Ley 18 033 solicitando el beneficio que la misma otorga a las ex presas y ex presos políticos. Ha concedido, el año pasado, una larga entrevista por correo electrónico a Leonardo Haberkorn donde también detalla su colaboración activa con los servicios represivos del Fusna una vez que fuera detenido en 1976.

El libro que inspira al editorialista de El País consiste en una larga entrevista que Alvaro Alfonso le realiza a Fleming Gallo. Además del testimonio del prófugo, el libro reproduce supuestas actas de interrogatorio de la justicia militar a Graciela Villar para demostrar su colaboración. En dicho libro, Fleming Gallo también señala como colaboradores a otros detenidos que precisamente testificaron en contra de él  ante la justicia. También se presentan supuestas actas de esos interrogatorios en las instalaciones del Fusna, para desacreditarlos.

Alvaro Alfonso es reincidente

Álvaro Alfonso cuenta con antecedentes penales. Comenzó a interesarse en el pasado reciente en el año 1995 luego de realizar un curso para corresponsal de guerra del Ejército, según testimonió al semanario La Mañana, para poder dar todas las versiones y no solo las de la izquierda. En materia de manejo espurio de archivos militares personales es reincidente. Ya fue procesado por la justicia por el delito de difamación en dos instancias en el año 2009. Reprodujo  actas de un interrogatorio, de la justicia militar, en el centro clandestino de detención de La Tablada. Basándose en ellos y en sus propias fuentes militares acusó  de colaborador a otro ex preso político (Carlos Tutzó) que estuvo en dicho centro en el año 1977.

La desprotección salta a la vista

La legislación vigente no protege a las miles de personas que desde el comienzo del Estado de Guerra Interno en 1972 hasta el fin de la dictadura fueron detenidas por los servicios represivos y sometidas a tribunales militares. Están desvalidas ante personajes malintencionados.

El caso de  Graciela Villar es significativo. Un prófugo de la justicia uruguaya tiene en su poder documentos de aquella época y mediante personas inescrupulosas los pone en circulación a modo de represalia. La difusión pública de actas de interrogatorio de la justicia militar de aquel período, de carácter personal, debería ser penalizada.  

En esta ocasión como afirmó CRySOL existió una doble inmoralidad: la de difundir apologéticamente el testimonio de un criminal confeso de la dictadura, prófugo de la justicia como Fleming Gallo en un libro y la revictimización que se lleva a cabo de una luchadora y ex presa política por parte de El País.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

"Estamos vivos por milagro"

 "Estamos vivos por milagro, simplemente porque no tuvieron suerte"

El “escuadrón de la muerte” también operó en ciudades del interior del país en los meses previos a las elecciones de 1971 que permitieron el triunfo de Juan María Bordaberry.

Por Gastón Grisoni (*) - 15 de mayo de 2024

Foto de la época luego del atentado en la casa de María Julia Listur

"Me insultaban y calumniaban por medio de chismes de todo tipo, pero me era muy difícil imaginar que serían capaces de asesinarme a mí y a mi familia. No les deseo un solo momento del terror de esa noche, pero que el pueblo sepa quiénes son los criminales, que el pueblo los conozca”.

Estas fueron las palabras de la profesora María Julia Listur publicadas en el semanario Marcha, nro. 1567, tras el atentado contra su casa y la de su familia el sábado 23 de octubre de 1971, en horas de la madrugada.

Tres bombas, algo inusual, aún en aquellos momentos de permanentes atentados de los escuadrones parapoliciales, de alto poder explosivo, fueron arrojadas contra una puerta y una ventana de su casa, cuando María Julia, su esposo y dos de sus pequeños hijos (Laura y Rufo) se encontraban dentro de ella.

Según testimonios de la época,  las vibraciones de esas bombas hicieron estallar los vidrios de muchas casas a la redonda, lo que señala  la potencia que tuvo el atentado.

Esto ocurrió en Santa Lucía, una pequeña localidad en el departamento de Canelones, dos meses antes de las elecciones que permitieron que Juan María Bordaberry, el caballo del comisario, el continuismo de Jorge Pacheco Areco, resultara electo presidente en 1971.

Esta historia, como tantas que sucedieron, es una prueba más de la persecución política de la época, previa a la dictadura y al  terrorismo de Estado a ciudadanos y ciudadanas comunes.

El atentado fue reivindicado por el Comando Cobra, una ramificación canaria del Escuadrón de la Muerte que ya operaba en Montevideo.

Desde el 13 de junio de 1968, momento en que Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad, un instituto de aplicación transitoria que otorga potestades cuasi ilimitadas al Poder Ejecutivo, Uruguay había comenzado a transitar un lento camino de retroceso institucional que enterraba las viejas tradiciones batllistas. Uruguay se sometía a las imposiciones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus consecuencias económicas y sociales sublevaban a la inmensa mayoría de la población que expresaba en las calles su descontento.

Se cercenó la libertad de prensa, se cerraron medios de prensa, se prohibió la libertad sindical, se militarizaron miles de trabajadores, públicos y privados, se intervino la Enseñanza Secundaria, se congelaron los salarios, se acabaron las negociaciones tripartitas, se desencadenó masivamente la represión, mataron estudiantes en las calles, surgió el accionar del Escuadrón de la Muerte, operando primero en la capital

Eran tiempos difíciles,  de democracia, pero donde los ciudadanos eran perseguidos y violentados de diversas formas, también en el interior profundo, por pensar diferente, por ser defensores y defensoras de la libertad y la democracia.

Estas eran señales del camino trazado para dar el golpe de Estado en junio de 1973.

A los días del brutal atentado contra su casa, María Julia Listur y su esposo (ya fallecido) fueron detenidos por las Fuerzas Armadas y torturados, durante semanas, en el Cuartel de San Ramón, meses antes, incluso, de que se declarara el Estado de Guerra interno.

La Profa. María Julia Listur es una auténtica sobreviviente del terrorismo de Estado y una luchadora implacable por la Memoria y la Justicia.

Este jueves 16 de mayo, en el Mes de la Memoria, la Intendencia de Canelones homenajea a María Julia Listur y su trayectoria en la promoción de las normas de DDHH. Un homenaje bien merecido.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de CRySOL pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

Curado de espanto

Ni me callo ni otorgo

                                                 

                                                      Por Gastón Grisoni (*) – 7.04.2024

Informo a todas y todos que el comunicado de Crysol lamentando el fallecimiento del senador Adrián Peña fue aprobado mediante contactos telefónicos y por otros medios, como se hace habitualmente, ante hechos imprevistos, por los referentes institucionales. En el acierto o en el error, fue, por lo mismo, un pronunciamiento de la organización y no la difusión de  los puntos de vista de una persona como ha señalado Jorge Llambías en redes sociales, en un cuestionamiento a mi persona.

De acuerdo a los estatutos vigentes, la Comisión Directiva, elegida cada dos años, está facultada para hablar en nombre del colectivo y también para adoptar decisiones vinculantes para la organización. Está estipulado en los Estatutos de Crysol y quiénes integran Crysol expresan su conformidad al respecto para ser miembros de la organización.

Así se ha hecho en los últimos 20 años. 

Semana a semana emitimos pronunciamientos de carácter político porque como víctimas del terrorismo de Estado somos actores políticos. Y nunca hemos adoptado, ni adoptaremos, una posición política partidaria. Somos la asociación de todas y de todos los ex presos políticos.

Jorge Llambías, en su pleno derecho, ha expresado públicamente su desacuerdo con el comunicado. Además manifestó cuáles son sus sentimientos personales ante el hecho y ha realizado valoraciones sobre lo sucedido que corren por su cuenta.

También ha cuestionado a la directiva de CRySOL en base a afirmaciones que el comunicado no dice y que son resultado de una errónea lectura  y mala comprensión del mismo por su parte.

1) CRySOL expresó su pesar por el fallecimiento y NO  "su hondo pesar" como él, equivocadamente, señala.

2) El comunicado de Crysol no llora lágrimas de cocodrilo por el fallecimiento del senador  Adrián Peña pero reconoció, públicamente, el papel positivo desempeñado por él para hacer naufragar la iniciativa de Cabildo Abierto y otros senadores del Partido Nacional (Graciela Bianchi, Carmen Asiaín, Jorge Gandini) destinada a otorgar la prisión domiciliaria compulsiva a los terroristas de Estado condenados por la justicia en la Cámara Alta del Poder Legislativo.

Como socio de CRySOL, Jorge Llambías tiene derecho a discrepar con las decisiones de la Comisión Directiva y a difundirlas por los medios que considere convenientes.

Desde hace 20 años las herramientas de comunicación de CRySOL solamente se usan para difundir comunicaciones institucionales.

Tan es así que CRySOL jamás difundió ninguna de las columnas de opinión sobre temas de DDHH que suelo escribir en medios de prensa o publicar en mi propio blog (www.gastongrisoni.blogspot.com).

Desde diciembre de 2011, la Comisión Directiva se reúne los días lunes de 15 a 18 horas. Sus reuniones son públicas y abiertas a la participación de todas y de todos los asociados que deseen participar y sumarse al trabajo.

En las redes sociales, Jorge Llambías, sin ninguna prueba, pone en cuestionamiento mi honestidad y me acusa  de difundir opiniones personales dándoles el estatuto de ser institucionales. Es una afirmación grosera de su parte. No se la llevo.

Durante los más de 12 años en que he ejercido la presidencia de CRySOL he evitado, cuidadosamente, emitir opiniones personales distintas a las del colectivo o hacerlas pasar como del colectivo. Y jamás se ha difundido ningún comunicado, ni ningún Opinando que no haya sido aprobado por la Comisión Directiva o sus referentes reconocidos y en ejercicio de la militancia.

Jorge Llambías fue informado de que si quería protestar o realizar algún reclamo ante la Comisión Directiva estaba en su derecho y que debía hacerlo por escrito (correo electrónico) para darle a la misma el tratamiento que corresponde en una organización formal con más de 1.200 asociadas y asociados.

Además de opinar y cuestionar, sería muy recomendable que se sumara al trabajo efectivo y a dar una mano a los que siempre ponemos el lomo para el logro de los objetivos del colectivo. Me parece a mí.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.