La ley de caducidad cuya eliminación se discute actualmente en el Parlamento, fue aprobada en diciembre del año 1986 ante las presiones de los militares golpistas que comandaba el Tte. Gral. Hugo Medina. Ante las primeras citaciones a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos por parte de la justicia, el jefe del ejército de aquel momento declaró que ningún militar se presentaría a declarar. El desacato institucional creó las condiciones para que un Parlamento mayoritariamente complaciente aprobara dicha norma.Engendrada a raíz de dicho desacato, continúa vigente precisamente debido a las presiones y amenazas que ejercieron toda vez que se intentó anularla.
Desde el momento en que tomó estado público la intención de los parlamentarios oficialistas de proceder a eliminar dicha ley en la actual legislatura, comenzó una nueva operación política y mediática para evitar su eliminación.
Esta operación multifacética, seguramente orquestada desde el spa 5 estrellas de Domingo Arena, a través de los centros militares que hacen de punta de lanza con sus exabruptos, con el concurso de sus voceros políticos oficiosos, con el respaldo doctrinario de algunos académicos de siempre, con el apoyo de los medios de comunicación que como Búsqueda han destinado, desde hace meses, a sus principales editorialistas a incentivar y darle vuelo intelectual y poético a dicha campaña, santificados por Monseñor Cotugno, está en plena ejecución, golpea, hace dudar, se nota.
La ley de caducidad es una vergüenza institucional.
La ley de caducidad supedita al Poder Judicial, un órgano del Estado supuestamente independiente, a las decisiones que previamente adopte el Poder Ejecutivo para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el proceso cívico militar. Por lo mismo violenta el sistema republicano de gobierno de nuestro país, asentado en tres poderes independientes desmejorando la calidad de la democracia uruguaya.
La actual Suprema Corte de Justicia ya ha establecido desde el 19 de octubre del año 2009 para el caso Nibia Sabalsagaray que dicha ley es inconstitucional y ha mantenido su criterio en dos casos posteriores que se pusieron a su consideración.
Mientras no se elimine del ordenamiento jurídico vigente dicha norma, el Estado de derecho uruguayo mantendrá una ley absolutamente incompatible con el republicanismo que se proclama.
La ley de caducidad es una vergüenza nacional.
Tal como fue engendrada, la ley de caducidad es una amnistía no encubierta para todos los funcionarios militares y policiales que cometieron desapariciones, asesinatos, secuestros de niños, torturas y graves violaciones a los derechos humanos dentro y fuera de las fronteras nacionales.
Los delitos que se amnistían a través de la ley de caducidad son delitos muy graves, tanto para las normas internacionales como nacionales, aunque el sistema judicial uruguayo aún no lo haya asumido cabalmente.
Por haber sido cometidos por funcionarios y agentes del Estado que tienen el cometido específico de proteger los derechos humanos, estos delitos son considerados crímenes de Lesa Humanidad que no pueden ni deben ser amnistiados y que además son imprescriptibles igual que los crímenes del nazismo.
Mantener vigente la ley de caducidad es absolutamente incompatible con el respeto y el acatamiento de las normas internacionales de derechos humanos por parte de nuestro país. Como señala muy claramente la Declaración Universal aprobada en 1948: “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” y el desconocer las normas internacionales destinadas a protegerlos, va en el mismo camino.
Una mentira flagrante.
Debido a la existencia de una sola papeleta, la afirmación de que en octubre de 2009 el pueblo uruguayo votó en contra de la anulación de la ley de caducidad es una mentira flagrante de los sectores reaccionarios del país para encubrir ante la opinión pública su defensa del mantenimiento de la ley de caducidad, aunque lamentablemente fue asumida en forma insensata y cómoda por muchos actores sociales y políticos.
Vale la pena recordar que en el mismo acto electoral el pueblo uruguayo votó mayoritariamente a favor del candidato que en su plataforma electoral anunciaba la anulación de dicha ley. La ciudadanía en comicios incuestionables votó masivamente en contra de aquellos candidatos que por razones familiares o políticas, siempre estuvieron comprometidos con la impunidad para quienes avasallaron las instituciones democráticas y cometieron los crímenes más aberrantes que conoce la historia de nuestro país.
La historia ya los condenó.
Las FFAA y su actuación durante el proceso cívico-militar ya han sido condenadas por la historia y por la ciudadanía en reiteradas oportunidades. Mientras continúen reivindicando su actuación, justificando o minimizando sus crímenes, negando el inexcusable arrepentimiento público, ocultando la información sobre el paradero y el destino de los detenidos desaparecidos y se nieguen al pedido oficial de disculpas que corresponde, seguirán siendo cómplices de lo actuado ante la opinión de todos los ciudadanos y continuarán transitando el camino de la marginación y del desprecio social hacia la institución por el cual sus mandos han optado desde el regreso a la vida institucional.
La movilización y la lucha fueron y son el camino.
El procesamiento y encarcelamiento, con todas las garantías del debido proceso, habidas y por haber, de algunos de los asesinos seriales más emblemáticos, la presentación en los juzgados penales de militares vinculados a los crímenes de Lesa Humanidad que ya ha comenzado y se acentuará en las próximas semanas son señales de salud democrática del país y de las grietas que en el muro de la impunidad han logrado la movilización de los familiares y de las organizaciones sociales que representan a los diferentes universos de víctimas del Terrorismo de Estado con el apoyo del movimiento sindical que claramente ha comprendido la importancia de este tema para construir un país digno. La lucha del Pit-Cnt al respecto ha sido un factor importantísimo para que la anulación de la ley de caducidad siga vigente en la vida del país.
Un proyecto mirando el futuro.
Desterrar la ley de caducidad del ordenamiento jurídico vigente, en el marco de las disposiciones legales que hacen al Estado de derecho, es un requisito imprescindible para herir de muerte a la cultura de la impunidad, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH, para afirmar la democracia y construir un país de primera.
Es precisamente desde la opción de construir un país plenamente democrático hacia el futuro, con justicia social, que se reclama la eliminación de la ley de caducidad. Es inevitable, además, que en dicho proceso surjan tensiones, conflictos, amenazas, chantajes y extorsiones de la misma manera que las patronales que apoyaron el golpe y fueron su sostén, se encabritan ante todas las iniciativas que benefician y favorecen a los trabajadores. Esto está en la tapa del libro.
Implementar la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.
La ley de caducidad impide y obstaculiza que las víctimas de los crímenes de Lesa Humanidad puedan ejercer plenamente su principal derecho consagrado por las normas internacionales y nacionales: a la verdad y a la justicia. El cumplimiento a cabalidad de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es la hoja de ruta que Uruguay debe recorrer para construir un país donde haya paz, justicia, verdad, memoria, reparación integral y plenas garantías de Nunca Más Terrorismo de Estado. Aunque no sea fácil, aunque haya tensiones y conflictos.
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