La Corte Electoral estipuló, desvirtuando el sentido de la aspiración de los convocantes, que sólo habría una papeleta, la de quienes se manifestaran a favor de la iniciativa. Se inhibió de este modo que hubiese un auténtico pronunciamiento del cuerpo electoral: los votos a favor y los votos en contra de los ciudadanos en torno a la consulta que se realizaba.
Solamente se contabilizaron los votos a favor de la iniciativa. De manera malintencionada y perversa, se establecieron reglas de juego que desvirtuaron el procedimiento electoral y lo desnaturalizaron. Se estableció incluso que los votos anulados de aquellos ciudadanos que manifiestamente estaban a favor de la iniciativa, se contabilizaban como negativos.
Como resultado de esta maniobra, absolutamente legal pero desnaturalizadora del procedimiento, el único pronunciamiento que hubo en dicha instancia, el único veredicto popular válido, fue el de más de un millón cien mil ciudadanos que pusimos la papeleta rosada del Sí, manifestando nuestra disposición a anular la Ley de Impunidad para construir un Uruguay plenamente democrático. Un auténtico pronunciamiento ciudadano.
Casi la mitad de los habilitados para votar, expresamos nuestra aspiración de erradicar del ordenamiento jurídico una norma ya declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia para el caso específico de Nibia Sabalzagaray.
Los votos obtenidos a favor de la iniciativa, en función de esta maniobra artera de la Corte Electoral, dadas las disposiciones constitucionales, no alcanzaron para aprobar la iniciativa de reforma propuesta.
Extraer del fracaso de la iniciativa la conclusión de que la ciudadanía se manifestó a favor de mantener la amnistía para los perpetradores de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el terrorismo de Estado, es otra grosera manipulación llevada adelante por el Comité Pro Impunidad de los sectores conservadores de nuestro país, liderados por el matutino El País: Primero Siempre en favor de las causas más innobles y degradantes.
En octubre del año pasado no hubo un pronunciamiento del cuerpo electoral en su conjunto para mantener la Ley de Caducidad. Hubo un auténtico pronunciamiento popular para aprobar una iniciativa destinada a erradicarla, pero claramente insuficiente para lograrlo, de acuerdo a las disposiciones legales para concretarla.
Quienes abogamos por erradicar del ordenamiento jurídico la Ley 15 848 en forma inmediata, no estamos propiciando desconocer un pronunciamiento del conjunto de la ciudadanía pues en octubre del año pasado, explícitamente, no lo hubo. Y no lo hubo debido a la maniobra pergeñada, en su momento, por una Corte Electoral no representativa del sistema político uruguayo, como es de pública notoriedad.
La ofensiva conservadora en los medios de comunicación y a nivel parlamentario para evitar que el Parlamento destierre una norma absolutamente inmoral, violatoria de los convenios internacionales suscriptos por el país, claramente inconstitucional, antidemocrática, que impide que sean investigados los crímenes más horrendos en la historia del país, los crímenes cometidos, precisamente, por aquellos que debían velar porque ellos no ocurrieran, debería fracasar estrepitosamente.
El Parlamento debe desterrar la Ley de Caducidad apelando a los votos de quienes quieren lo mejor para el país y no tienen compromisos con el Terrorismo de Estado. A más de 25 años del retorno a la institucionalidad, la transición democrática, debe continuar y afirmarse si se pretende construir un Uruguay democrático, afirmado en la plena vigencia de los DDHH y de las normas que los protegen. Evitar la inminente condena por parte de la Corte Interamericana de DDHH de la OEA es un suplemento nutricional de las convicciones democráticas.
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