13 de junio de 1968

Los cultores de la teoría de los dos demonios en cualquiera de sus versiones, burda o sofisticada, directa o indirecta, tienen varios rasgos en común. Uno de ellos es el hecho de minimizar, disminuir o simplemente ignorar los acontecimientos ocurridos el 13 de junio de 1968. De ese modo se les facilita la labor de responsabilizar a los grupos armados, especialmente al MLN, de generar el golpe de Estado y la actuación terrorista sistemática de los funcionarios estatales al amparo del poder.

Por Gastón Grisoni (*) – El Popular Nº 623 - 10 03 2023

Entierro de Líber Arce

El año 1967 se caracterizó por un enorme alza de los precios y una consecuente pérdida del poder adquisitivo de los salarios, públicos y privados. Tampoco se contaba con los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones contraídas con el exterior. La inflación anual adquirió cifras históricas, no superadas hasta el momento: 150%. Este ritmo inflacionario desconocido generó en el país un clima de enorme descontento social y movilizaciones constantes de los distintos gremios, incluso estudiantiles.

El MLN había surgido y se había dado a conocer en el año 1963 mediante el robo de armas en el Club Tiro Suizo de Nueva Helvecia. También había desarrollado otras acciones armadas de pertrechamiento logístico y acciones publicitarias. Era una organización incipiente pero sin mayor presencia ni en el movimiento sindical ni tampoco estudiantil. No era una organización de impacto, hasta ese momento, en la agenda política.

Pacheco Areco incendió la pradera

A fines del año 1967 falleció el general Oscar Gestido sin llegar a completar un año de mandato. En la misma noche de su muerte, asumió Jorge Pacheco Areco. Se había caracterizado por ser un editorialista del matutino El Día, de larga tradición colorada y un diputado poco activo del Partido Colorado.

El 13 de junio, de manera sorpresiva y sin conflictos sindicales que lo justificaran, decretó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) poniendo abrupto fin a las negociaciones que el Ministro de Trabajo de la época, Manuel Flores Mora, venía llevando a cabo con las cámaras empresariales y con el movimiento sindical.

El Prof. Carlos Demasi en su libro El 68 uruguayo, el año en que todos estuvimos en peligro, describe de manera exhaustiva el proceso que se vivió en esos doce meses tan intensos. Deja en evidencia, sin mencionarlos, la falsedad del relato de Alfonso Lessa y de  Julio María Sanguinetti que nunca incluyen las Medidas Prontas de Seguridad, como un factor de peso y gravitación, en el relato de los acontecimientos.

Pacheco Areco decretó las Medidas Prontas de Seguridad sin causas reales que lo justificaran pues había decidido aceptar las Recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y llevar a cabo un ajuste estructural de la economía uruguaya que tendría en los trabajadores y sectores asalariados los principales grupos sociales perjudicados.

A los 15 días, a fines del  mes de junio,  Jorge Pacheco Areco adoptó medidas sumamente trascendentes: congeló los precios de los productos y la congelación salarial, envió al Parlamento un proyecto de ley de presupuesto que no otorgaba aumentos salariales en toda la administración pública y decretó la militarización de los trabajadores del Banco de la República (BROU) y del Banco Central del Uruguay (BCU) dando inicio a un ciclo autoritario que extendería esta modalidad represiva e inusual a otros gremios con el correr de los meses en una medida que conmocionaría a toda la sociedad.

Las Fuerzas Armadas que en su interior ya contaban con sectores golpistas y reaccionarios encabezados por el General Mario Aguerrondo, fueron convocadas a la escena pública como brazo armado de sectores empresariales que apoyaban el plan económico del FMI que Jorge Pacheco Areco decidió implementar como salida a la crisis.

Lessa y Sanguinetti: un solo corazón

En Agonía de una democracia, el Dr. Julio María Sanguinetti hace mención explícita al 13 de junio de 1968 y a las Medidas Prontas de Seguridad, aunque les resta importancia y dramatismo para acomodar los hechos reales en función de su interpretación histórica. Ahora, compartiendo la coalición gubernamental con los nostálgicos del proceso civil – militar, en su último libro ¿Qué pasó en febrero?, en la narración cronológica de los hechos, no menciona la implantación de las Medidas Prontas de Seguridad, a pesar de que la militarización de miles de trabajadores fue el inicio de un proceso que desembocó en la dictadura y el terrorismo de Estado.

El periodista Alfonso Lessa, elogiado incluso por Julio María Sanguinetti en su último libro, es un reconocido autor que no le atribuye ninguna importancia a la implantación de las Medidas Prontas de Seguridad. En su libro La Revolución Imposible, por ejemplo, las cita al pasar, fugazmente e, incluso, las ubica en el año 1969. Culpabilizar a los grupos armados y al movimiento sindical organizado en la CNT y al movimiento estudiantil es fácil y muy bien visto por los grupos de poder, de ayer y de hoy.

El fin del Batllismo

Jorge Pacheco Areco durante su gobierno abandonó la vieja metodología batllista de negociación para resolver los conflictos sociales. Las Medidas Prontas de Seguridad fueron una herramienta de gobierno para sortear al Parlamento, intentar destruir a la recién creada Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y aplicar un plan económico imposible de instrumentar sin cercenar la libertad de prensa, sin restringir las libertades sindicales y  de todo tipo. El plan económico del Fondo Monetario Internacional solo podía llevarse a cabo exitosamente en base a un fuerte e intenso disciplinamiento social.

---------------

(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

El crimen no paga

Un reciente artículo de Mauricio Pérez en Brecha (Sin retorno), informó que el año pasado la Justicia procesó a 25 represores y que en los últimos tres años se ha logrado el enjuiciamiento de 60 de ellos, militares, básicamente, policías y civiles, vinculados al terrorismo de Estado que vivió nuestro país.

Por Gastón Grisoni (*) – 03 03 2023

Teniente General Gregorio Alvarez

Dados los pedidos de procesamiento formulados por el Fiscal Especializado Ricardo Perciballe actualmente en curso, dicha cifra seguramente se incrementará en los próximos meses. Nuestro país se apronta para recordar los 50 años del Golpe de Estado y de la huelga general que lo enfrentó. Los golpistas de ayer, los nostálgicos del proceso y sus cómplices, aumentan e intensifican su prédica mediática para eludir sus responsabilidades históricas. Es  una batalla por la construcción de la Memoria Histórica en el imaginario ciudadano.

Represores importantes y significativos

La cifra actual de procesados y condenados por participar activamente en las campañas represivas desde el 13 de junio de 1968 y, muy especialmente, desde el momento en que se aprobó el Estado de Guerra Interno en abril de 1972 es, al día de hoy, significativa, equiparable a la alcanzada en la Argentina que ha sido muy operativa, con vaivenes históricos, en ese sentido.

La necesidad de mantener la movilización y el trabajo para que la justicie continúe su labor, se mantenga la búsqueda de los detenidos desaparecidos y el Estado cumpla a cabalidad con la Sentencia Diana Maidanik, Eduardo González, Oscar Tassino y otros de la Corte IDH, no debe impedirnos apreciar y evaluar la realidad en toda su dimensión.

Importa la cantidad de procesados pero también la jerarquía y la significación de ellos. La movilización de la ciudadanía uruguaya ha logrado que figuras emblemáticas del proceso golpista y represivo fueran enjuiciadas y condenadas como ocurrió con el Dr. Juan Carlos Blanco, exministro de Relaciones Exteriores hasta mediados de 1976, activo participante en el Plan Cóndor y en la desaparición de Elena Quinteros o el Dr. Juan María Bordaberry, el presidente que disolvió las cámaras el 27 de junio de 1973 con el apoyo de la Junta de Comandantes en Jefe. El teniente general Gregorio Alvarez, el Goyo, luego de cumplir una larga condena, y con una edad avanzada, terminó su existencia en prisión. Fue una figura estelar del proceso civil militar, desde fines del año 1971 cuando asumió como Jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército para encabezar la represión de las organizaciones armadas, junto con el coronel Ramón Trabal, hasta el fin de la dictadura.

Familiares y sobrevivientes: los grandes protagonistas

Un hecho significativo del proceso por justicia, es que en Uruguay, a diferencia de lo ocurrido en otros países, todas las causas judiciales, salvo una, Los Vagones, en Canelones, fueron promovidas por los familiares de los detenidos desaparecidos, de los asesinados o por los sobrevivientes de los secuestros, de las torturas, de los abusos y las violaciones sexuales, en un esfuerzo titánico que no ha tenido hasta el momento el reconocimiento social que merecen, por su valentía, por su integridad, por su entereza, su compromiso, su dedicación.

Los denunciantes, los promotores de las causas, los querellantes, debieron hacer frente a la presión y el hostigamiento de los grupos de poder y de los represores, de los medios de comunicación masivos, de  los centros militares,  de sus abogados, la indiferencia y en algunos casos hasta la hostilidad de los funcionarios judiciales y de magistrados involucrados, e, incluso, el rechazo y el menosprecio de las propias organizaciones políticas que habían integrado.

El Pit Cnt, Madres y Familiares, Serpaj, Ielsur, Amnistía Internacional, el Observatorio Luz Ibarburu (OLI) desde su creación, Crysol, y parte del sistema político, han jugado un papel  decisivo en esta parte de la batalla judicial que se desplegó entre los intersticios de la Ley de Caducidad en primera instancia para lograr el procesamiento del Dr. Juan Carlos Blanco. En segundo lugar, para lograr la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 15.848 en octubre de 2009, Resolución 365/2009 de la SCJ, en el caso Nibia Sabalsagaray.

La causa judicial, con la firma letrada del Dr. Juan Errandonea y el Dr. Ruben Waisrub, tuvo un enorme significado en la lucha contra la impunidad instalada por los dueños del poder desde el retorno a la institucionalidad democrática. Fue un antes y un después en el marco de una intensa campaña masiva de la sociedad promoviendo un recurso constitucional que no obtuvo los resultados esperados en las elecciones de ese año.

Este recurso de excepcionalidad, promovido por la exfiscal Dra. Mirtha Guianze, culminó con el procesamiento del general, ya fallecido, Miguel Dalmao, Jefe de la Región Militar Nº3 en el momento  en que se produjo su detención. De todos los procesados, es el único militar que se mantenía en actividad y ocupando, además, un cargo jerárquico de primer nivel en filas del Ejército.

Golpistas y terroristas de Estado: no escaparán

Al retornar a la democracia, a fines del año 1986, el Dr. Julio María Sanguinetti, en convivencia con los golpistas y terroristas estatales, promovió la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva para que los responsables de los crímenes y graves violaciones de los DDHH evadieran a la justicia. Tras décadas de lucha y movilización, luego del fallo de la Corte IDH en febrero de 2011 (Sentencia Gelman vs Uruguay), en octubre de ese año, el Parlamento aprobó la Ley 18 831 que restableció la pretensión punitiva del Estado en su Artículo 1.

Desde ese momento, no existen obstáculos legales para que el Poder Judicial cumpla con sus cometidos constitucionales. La creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y la designación del Dr. Ricardo Perciballe al frente de ella, con un equipo de trabajo eficiente y comprometido, ha dado resultados satisfactorios.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) hasta el momento, pese a la existencia de un mandato de cumplimiento obligatorio por parte de la Corte IDH en tal sentido, sigue sin reconocer el carácter de Crímenes de Lesa Humanidad a las graves violaciones a los DDHH que se cometieron en Uruguay. En la magistratura uruguaya, sigue habiendo juezas y jueces que la honran, como supo decir acerca de la Dra. Mariana Mota, el notable jurista francés, ya fallecido, Philip Joinet.

De todos modos, el proceso histórico permite extraer lecciones de vida para el presente y el futuro: en Uruguay, los golpistas y terroristas estatales, aunque demore 50 años, terminan enjuiciados y condenados. Un mensaje potente para quienes cargan y cargarán una pesada mochila. Y sus cómplices.

---------------

(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

Gobierno conservador: frutos en sintonía

Dos proyectos de ley aprobados en la Cámara de Senadores en las últimas semanas por parte de la coalición gubernamental, muestran a las claras el rumbo conservador y retrógrado del actual gobierno.

Por Gastón Grisoni (*) – 3 02 23 

El más importante y significativo para el país es el referido a la reforma del sistema jubilatorio, con graves consecuencias en caso de ser aprobado para los actuales jubilados y pensionistas y, también, para quienes se vayan a jubilar en el futuro.

Trabajar más, más años: ganar menos

Tal como fue aprobado en la Cámara de Senadores, los futuros jubilados deberán trabajar más años, aportar más y, muy posiblemente, percibirán menos ingresos. El sistema seguirá siendo financiado básicamente por los propios trabajadores, al tiempo que los dueños de la riqueza, los más acomodados, aportarán cada vez menos.

Por si lo anterior fuera poco, se adoptan medidas destinadas a privatizar aún más el sistema previsional para mejor beneficio de las empresas privadas. Las encuestas de opinión públicas son  lapidarias en cuanto al rechazo de un proyecto de ley que ya ha merecido la repulsa de todos los sectores populares, incluso, nuestro propio colectivo.

Un pretexto: invisibilizar al terrorismo de Estado

El otro proyecto, tan conservador como nostálgico, es el que se ha presentado con el pretexto de asistir a las víctimas de la violencia no estatal en el período que va desde el 1º de enero de 1963 hasta fines del año 1976.

Luego de presentado con la firma de todos los ministros y aprobado en un trámite exprés en el Senado, para que no faltaran los votos para la reforma jubilatoria, la opinión pública tomó conocimiento de que los funcionarios militares ya fueron resarcidos en términos económicos hace ya casi 50 años. Y lo fueron en montos  superiores a los que percibieron las víctimas del terrorismo de estatal, luego de 25 años del retorno a la vida democrática.

Mientras en los programas de la televisión abierta privada nunca invitan a Crysol (Polémica en el Bar, Periodistas, El living, Esta boca es mía, Todas las voces, etc, etc), se hacía referencia al hecho de que existían víctimas de primera y segunda categoría, haciendo referencia a los resarcimientos percibidos por los ex presos políticos, se supo que ley 14 106 de 1973, aprobada cuando los mandos de las FFAA ya cogobernaban integrando el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), estableció un monto significativamente inferior para los familiares del personal de tropa y subalterno que el que recibieron los familiares de los oficiales fallecidos en actos de servicio.

Un proyecto malintencionado

El proyecto de ley que lleva la firma de todos los ministros, son todos responsables, del primero al último y de uno en uno, como solía decir la inolvidable Luisa Cuesta, basado en mentiras, manipulando los legítimos sentimientos de la ciudadanía, pretende, por la vía de los hechos, poner en el centro de la atención ciudadana, los daños ocasionados por la violencia no estatal. Se enfoca en el período de graves confrontaciones sociales que vivió nuestro país, luego que Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad para poder aplicar las recomendaciones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los familiares de la inmensa mayoría de los ciudadanos que fallecieron (funcionarios policiales y militares) debido al clima de confrontación que sufrió nuestro país desde el 13 de junio de 1968 ya fueron resarcidos económicamente. Los proponentes de este proyecto de ley, lo saben. Es evidente, entonces, que su objetivo no es asistir a los familiares de las víctimas. Hacen politiquería. Pretenden influenciar a la opinión pública y a la ciudadanía para quitar trascendencia, significado e importancia, a la violencia  estatal generada por los funcionarios del Estado desde las propias esferas gubernamentales. Quieren ocultar al terrorismo de Estado.

Olvidar las normas de DDHH

Surgidas luego de la Segunda Guerra Mundial y de la formación del Tribunal de Nuremberg para juzgar a los criminales nazis, las normas de DDHH forman parte de una nueva rama del Derecho Internacional. Se consagra  a la protección de los ciudadanos frente a los potenciales abusos de poder de los funcionarios estatales en sus distintas variantes. Ese es su cometido. Por ese motivo, para esta nueva rama del derecho, solamente los funcionarios del Estado violentan las normas de DDHH. La conducta de los particulares, ya sea a título individual o colectivo, es penalizada por otras ramas del Derecho.

Los funcionarios del Estado, tienen la obligación de respetar y garantizar el cumplimiento de las leyes y de las normas que protegen a los ciudadanos. Por eso, cuando por acción o por simple omisión, no cumplen con sus obligaciones esenciales, sus conductas son siempre graves, a diferencia de lo que ocurre con las conductas de los particulares que son penalizadas por el Código Penal.

El proyecto de reparación a las “víctimas de la guerrilla” como lo denominan los nostálgicos de la dictadura, sus defensores y sus cómplices, medios masivos de comunicación incluidos, es una bazofia reaccionaria en todos los sentidos. Pone al desnudo “el alma de la coalición republicana” y de quienes firmaron el proyecto de ley que se envió al Senado. No se salvarán en el tribunal de la historia. Aunque nos monitoreen a todas y todos desde las cámaras del Ministerio del Interior como lo puso al descubierto el hombre de confianza del actual gobierno, caído en desgracia, “el Gran Alejandro Astesiano”.

---------------

(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

Un proyecto malicioso y deleznable:

 Un proyecto malicioso y deleznable: ocultar al

 terrorismo de Estado

A toda prisa, para poder aprobar la ley de reforma jubilatoria, sin pudor republicano, la coalición gobernante aprobó en el Senado una ley engañosa y manipuladora.

Por Gastón Grisoni (*) – 13. 01. 23

De acuerdo a la información disponible,  la gran mayoría de las personas que se aduce resarcir económicamente ya fueron asistidas, oportunamente, por el Estado desde  el mismo momento en que ocurrieron los hechos. Salvo honrosas excepciones, básicamente civiles, todas fueron o debieron ser resarcidas en función de las normas legales vigentes o que se aprobaron posteriormente.

En el caso de los familiares de los  militares caídos en actos de servicio fueron amparados por el Artículo 115 de la Ley 14 106 de marzo de 1973. Todos  ellos percibieron  un monto superior al que otorgó la ley 18 596, aprobada en setiembre de 2009, durante el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, a los familiares de los detenidos desaparecidos y asesinados, ya sea por el Escuadrón de la Muerte o por las fuerzas represivas.

Víctimas de primera y segunda categoría

El ministro de Defensa Nacional doctor Javier García ha declarado en los medios televisivos subsidiados por el gobierno que es inadmisible que en este país existan víctimas de primera y segunda categoría. En sentido contrario a lo manifestado por él, lo cierto es que hubo y hay, hasta el día de hoy, víctimas de primera y de segunda categoría.

La vida humana no tiene precio. Es un bien único. Pero lo cierto es que en el caso de los familiares de los oficiales de las Fuerzas Armadas caídos en actos de servicio, percibieron,  un monto mucho mayor, un 25 por ciento mayor, que el que percibieron los familiares de los detenidos desaparecidos y de los asesinados por los servicios represivos. También percibieron un monto 10% superior al que recibieron los familiares del personal de tropa.

El cangrejo debajo de la piedra

Con esta información disponible, es muy fácil deducir que la presentación de esta iniciativa  no se trata de un proyecto ni humanitario ni altruista como señalan los nostálgicos de la dictadura y los cabildantes. La iniciativa pone en el centro de la agenda informativa  una faceta parcial de la historia reciente. La resalta, la amplifica a través de los programas de la televisión abierta. Es una iniciativa maliciosa, estratégica, con la finalidad de ocultar y neutralizar los estragos del terrorismo de Estado en la memoria del imaginario social.

Es razonable que los familiares de las víctimas de la violencia NO estatal durante el período del pasado reciente que no hayan sido resarcidas hasta el momento, ya sea por leyes generales o específicas que se hayan promulgado, sean asistidas económicamente por el Estado.

Más allá de las apariencias, invocando a las víctimas para generar empatía y manipulando el legítimo dolor de los familiares de las personas involucradas y los sentimientos de la ciudadanía, en lo fundamental, en lo sustantivo, este es un proyecto de los nostálgicos de la dictadura para ocultar, neutralizar y diluir, solapadamente, maliciosamente, ante la opinión pública al terrorismo de Estado y revitalizar  la teoría de los dos demonios.

Un período terrible de la historia

El terrorismo de Estado fue un período histórico trágico y doloroso para la inmensa mayoría de la población. Estuvo al servicio de la implantación de un modelo de país en  beneficio exclusivo  de los grupos de poder privilegiados, los hoy conocidos en jerga gubernamental como los “malla oro”. Ningún hecho, ninguna situación, por más luctuosa que ella sea, puede explicar, justificar, neutralizar ni atenuar la gravedad del terrorismo estatal en los crímenes de Lesa Humanidad.

En materia de violaciones a los DDHH el saldo es significativo: casi 200 detenidos desaparecidos, más de 200 asesinados, más de 25.000 personas detenidas, 7.500 personas formalmente condenadas por tribunales militares, más de 30.000 condenados al exilio forzado. Un país entre rejas.

El proyecto  aprobado en la Cámara de Senadores  es horroroso técnicamente, por lo que establece y las omisiones. Su intencionalidad oculta es abonar la teoría de los dos demonios, de una manera sibilina, para ocultar la responsabilidad de los dueños del poder. Los cabildantes y los nostálgicos de la dictadura, con la complicidad militante de los dueños de los medios masivos y hegemónicos de comunicación, pretenden conducir al olvido la memoria del terrorismo de Estado. Es una batalla cultural por el pasado para dominar el presente y el futuro.

-------

(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

A pura mentira

 El artículo 115 de la Ley 14 106 del 14 de marzo de 1973 reparó económicamente a los militares fallecidos en actos de servicio. Los familiares recibieron 85 mil dólares al día de hoy.

Por Gastón Grisoni (*) – 30.12.22

Los senadores de Cabildo Abierto

Mintiendo descaradamente, sin ninguna razón que explique con sensatez tanto apuro, la coalición de gobierno aprobó en el Senado, presionada por Cabildo Abierto, un proyecto de ley que es un auténtico mamarracho jurídico. Además se sustenta en una gran falsedad.

Abusando de la imperiosa necesidad de contar con sus votos en la Cámara de Senadores para aprobar el proyecto de Reforma Jubilatoria, Cabildo Abierto hizo aprobar una minuta de aspiración, sin mayor justificación aparente, en la semana anterior. Logró el envío de un proyecto de ley con la firma de todos los ministros y del propio presidente, su ingreso y aprobación en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara el martes 27 y su votación al otro día en el Plenario. Un procedimiento alejado de las prácticas democráticas y parlamentarias que los senadores cabildantes obviamente desconocen.

Mienten: los militares fueron reparados

Aduciendo que las víctimas de la violencia no estatal durante el período predictadura y durante el terrorismo de Estado no habían sido reparadas y que había muertos de primera y de segunda categoría, según el Ministro de Defensa Nacional Dr. Javier García, se fundamentó en el breve debate que hubo, el proyecto de ley aprobado en la sesión del Plenario de la Cámara de Senadores.

Sin embargo, el Artículo 115 de la Ley 14 106 de marzo de 1973, aprobada aún en democracia, no deja lugar a dudas. Aunque para esa ley hay muertos de primera y de segunda, repara a los militares víctimas de la violencia no estatal.

“Fíjase la prestación que deberá pagar el Estado por concepto de reparación a los causahabientes del personal militar  fallecido con motivo o a causa de la lucha antisubversiva en los siguientes montos en Unidades Reajustables (Artículo 38 y concordantes de la ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968).

   A) Para los causahabientes del personal de categoría Superior: 2.480 (dos mil cuatrocientas ochenta) Unidades Reajustables. (u$s 85.000.- al día de hoy).

   B) Para los causahabientes del personal categoría Subalterna: 2.170 (dos mil ciento setenta) Unidades Reajustables. (u$s 75.000.- al día de hoy).

Los militares, por lo mismo, tenían un marco legal habilitante para ser reparados. De hecho lo fueron, según consta en informes brindados por el exministro del Dr. Julio María Sanguinetti,  Yamandú Fau a requerimiento de la Cámara de Diputados. Cuesta creer que Cabildo Abierto, liderado por el general retirado Guido Manini Ríos, secundado por el coronel retirado Raúl Lozano, no estuviera al tanto.

Quitar gravedad a la actuación de los terroristas de Estado

Cabildo Abierto ha propuesto reimplantar la Ley de Caducidad para que los criminales del terrorismo no sean condenados. Ha hecho su defensa pública una y otra vez y ha presionado, de manera obscena, al Poder Judicial. Mediante este proyecto de ley, con la complicidad del resto de los integrantes de la coalición gubernamental, pretende, de manera indirecta, quitar gravedad a las desapariciones forzadas, a los secuestros de niños, a los asesinatos, a las torturas, a las calamidades sufridas por miles de exiliados y de insiliados forzosos.

Las normas de Derechos Humanos son una conquista de la humanidad, un gran logro de los pueblos. Luego de la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial, las mismas surgieron a nivel internacional para proteger a los ciudadanos de los potenciales abusos de los funcionarios estatales, civiles, militares y policiales. En este sentido, solamente los funcionarios del Estado violan las normas de DDHH tal como lo ha señalado hace pocas semanas en un reportaje el actual presidente de la INDDHH el Sr. Marcos Israel.

La violencia fue generada desde el poder

El proceso iniciado el 13 de junio de 1968, cuando Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS), desembocó en la dictadura y luego en el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel protagónico, cargan y cargarán, históricamente, una pesada mochila. Fue una calamidad nacional. Sobre dicho proceso recae toda la responsabilidad por los costos directos e indirectos del mismo, en daños y sufrimientos, humanos y materiales.

Los funcionarios del Estado tienen la obligación de respetar las normas de Derechos Humanos y asegurar el pleno usufructo de ellas a toda la ciudadanía. El accionar de los particulares nunca puede ser equiparado ni igualado al de los funcionarios del Estado.

En realidad, lo que se pretende, como parece sugerir el modo en que se presentó el proyecto, se manejó públicamente en los medios y se aprobó, es quitarle gravedad, importancia y significado a los delitos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como crímenes de Lesa Humanidad en la Sentencia Diana Maidanik  y otros, de noviembre de 2021 y que está, aún,  pendiente de implementar por parte del gobierno.

El debate en la Cámara de Representantes, impedirá que este auténtico mamarracho jurídico, sin montos, sin aclaraciones básicas, pueda prosperar. La calidad de la democracia estará en juego. La más amplia movilización en el marco de evitar la continua pérdida de la capacidad adquisitiva y del nivel de vida de los trabajadores, los jubilados y los pensionistas, de los derechos conquistados, de impedir la aprobación de la Reforma Jubilatoria regresiva, será fundamental.

---------------

(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

Un agregado militar que no honra al país

 El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) acaba de designar al capitán de navío Marcos Saralegui como agregado militar en la Embajada de Alemania. Su designación no prestigia al país. En el año 2017, participó  en el Tribunal de Honor que juzgó al capitán de fragata Juan Carlos Larcebeau. Al absolver de toda falta al involucrado,  desconoció al Poder Judicial e incurrió, de hecho, en apología del accionar terrorista por parte del Estado durante el pasado reciente.

Por Gastón Grisoni (*) – 24. 12.22

Capitán de fragata retirado Juan Carlos Larcebeau

El Plan Cóndor

Las dictaduras del Cono Sur en la década de los 70, con gran intensidad y ferocidad en los años 74 al 78, desarrollaron una intensa coordinación represiva contra los opositores a dichos regímenes, sin importar el lugar en que ellos se encontraran.

Las Fuerzas Armadas uruguayas, con la colaboración de la Policía, llevaron a cabo una verdadera campaña de persecución y aniquilamiento de los uruguayos que, escapando de la represión en el país,  se habían refugiado en Chile, Paraguay, Brasil y fundamentalmente en la Argentina.

Luego del golpe de Estado de Videla en marzo de 1976 la represión se incrementó notablemente con misiones casi permanentes de los servicios de inteligencia operando en el local de la calle Bacacay, en Automotores Orletti y otros centros clandestinos de detención. Oficiales uruguayos como Manuel Cordero han sido condenados por la justicia argentina y cumplen su condena en dicho país.

En noviembre de 1974 se llevó a cabo el secuestro, tortura, traslado clandestino, a Uruguay de los militantes uruguayos que posteriormente serían asesinados en la localidad de Soca como supuesta represalia por la muerte en Francia del coronel Ramón Trabal.

El Fusna: un centro siniestro

La Armada Nacional participó activamente en las campañas represivas desplegadas desde abril de 1972 cuando se le atribuyó a la justicia militar la potestad de juzgar a todas las personas que se entendiera comprometidas en actividades antigubernamentales consideradas fuera de la ley.

Las instalaciones del Fusna, en el puerto de Montevideo, se transformaron en un lugar de tormento y torturas para centenares de luchadores sociales y políticos que fueron interrogados, torturados y recluidos en dicho lugar. Los testimonios de las víctimas en las causas judiciales son estremecedores respecto.

Oficiales del Fusna y marinos, participaron activamente en diferentes operaciones represivas desarrolladas en la Argentina en los años 76, 77 y 78. Tanto en Uruguay como en Argentina y en Italia fue posible identificar a varios de los represores y condenarlos. Uno de ellos, precisamente, fue el fallecido capitán de fragata retirado Juan Carlos Larcebeau, juzgado y condenado por tres instancias diferentes en Uruguay.

Un tribunal de Honor bochornoso

Tal como informó el periodista Leonardo Haberkorn en El Observador, el capitán de fragata retirado Juan Carlos Larcebeau, fallecido en el 2021, en prisión mientras cumplía su condena, fue sometido a un tribunal de honor integrado por los capitanes de navío Marcelo Pazos y Gabriel Guida (hoy retirados) y el capitán de navío Marcos Saralegui quien se encontraba en actividad. El objetivo del tribunal era determinar si los hechos por los cuales fue condenado ante la justicia penal afectaron el honor de la Armada.

El tribunal, que sometió a Larcebeau a un cuestionario ínfimo y no citó a otros testigos, entendió que no. El fallo final fue: “Absolución. Falta absoluta de culpabilidad”. Pero el tribunal fue más allá aún.

Basándose en los juicios elogiosos escritos en el legajo de Larcebeau durante la dictadura, los integrantes del Tribunal de Honor concluyeron que el oficial “era un ejemplo en su actuar profesional para todos sus pares”.

En los fundamentos de su voto, cada uno de los integrantes del tribunal fue aún más explícito. “Se puede establecer que este Señor Oficial era un ejemplo de conducta”, escribió Saralegui. “Se lo podía considerar un modelo militar”.

Agregó que Larcebeau “honraba el uniforme” y que “se destaca su corrección y dignidad en la vida militar”. Fue “un ejemplo y educador de sus subalternos”. De acuerdo con Saralegui, “no se puede considerar que (Larcebeau) no haya actuado con escrupuloso respeto a la dignidad de la Armada”.

Militares que desconocen al Poder Judicial

Los tres marinos que juzgaron a Larcebeau desconocieron al Poder Judicial, el órgano que en nuestro país tiene las potestades constitucionales para investigar, esclarecer y sancionar las conductas delictivas. Al egresar de la Escuela Naval, en su momento, el capitán de fragata retirado Juan Carlos Larcebeau juró por su Honor respetar y acatar la Constitución y las leyes. Desde el mismo momento en que fue condenado por la justicia es un delincuente y al mismo tiempo un perjuro.

Los integrantes del Tribunal de Honor cuyo fallo no fue homologado por el Poder Ejecutivo, obviamente, desconocieron el rol de los tribunales en instancias de esa naturaleza, despreciaron al poder judicial y al mismo tiempo, por los juicios emitidos, hicieron la apología del accionar terrorista del Estado.

Designar al capitán de navío Marcos Saralegui es una decisión equivocada y perniciosa para el país,  para su imagen internacional tan golpeada por sucesos como el de Marset y Astesiano.

Los oficiales de las Fuerzas Armadas que no adhieren a los principios democráticos republicanos y hacen la apología de los criminales estatales, pueden hacerlo desde las filas militantes de Cabildo Abierto pero no dentro de las instituciones estatales con principios  y valores democráticos. El ministro debe actuar tal como lo solicitó Crysol.

---------------

(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular web.

Una minuta para hacer prensa y poco más

 A instancias de Cabildo Abierto el Senado de la República aprobó una minuta de aspiración al Poder Ejecutivo con los votos de los integrantes de la coalición. Se solicita un proyecto de ley que repare e indemnice a las víctimas del accionar de lo que ellos denominan organizaciones ideológicas.

Por Gastón Grisoni (*)

Coronel Raúl Lozano, general Guido Manini Ríos y escribano Guillermo Domenech

Con esa denominación se refieren a las organizaciones que durante el pasado reciente llevaron a cabo distintas acciones de carácter armado pero que eluden mencionar.

Ya fueron reparadas en su mayoría

Un aspecto importante a tener en cuenta es que se solicita reparar económicamente a familiares que ya fueron oportunamente resarcidas por el Estado de acuerdo a las leyes vigentes. Esa es la situación de los funcionarios policiales y militares fallecidos en actos de servicio. Tanto el coronel Raúl Lozano como el general Guido Manini Ríos deben conocer perfectamente las disposiciones al respecto.

Aunque en reiteradas ocasiones El País ha editorializado falseando la verdad, lo cierto es que la legislación uruguaya, desde hace décadas, cuenta con normas que contemplan situaciones tan dolorosas como estas. Los familiares de los funcionarios policiales y militares que fallecieron en actos de servicio ya fueron oportunamente resarcidos en los momentos en que ocurrieron los hechos y también recibieron las correspondientes honras fúnebres.

Fechas incongruentes y antojadizas

La minuta de aspiración aprobada por la coalición comienza señalando que se pretende reparar a víctimas del período 1º de enero de 1962 al 31 de diciembre de 1976 sin llevar a cabo ninguna fundamentación ni aclaración acerca de la elección realizada ni de las razones que se invocan para ello.

Vale la pena tener en cuenta que uno de los principales amplificadores del accionar del MLN para alentar la teoría de los dos demonios sitúa los comienzos de su accionar en julio del año 1963. Para ello, califica el robo de las armas en el Club de Tiro Suizo como la “primera acción espectacular del MLN” (sic).

Al mismo tiempo, las Fuerzas Conjuntas (FFCC) de la época declararon públicamente derrotado al MLN en la primavera del año 1972, a los meses de haber sido declarado el Estado de Guerra Interno. Con la excepción de la matanza de las Muchachas de Abril, ocurrido en abril de 1974, no hay conocimiento público ni de acciones ni de enfrentamientos armados con posterioridad a esa fecha que ameriten extender el plazo hasta fines de 1976.

El funcionario policial y el militar que fallecieron en dicha ocasión, además, recibieron disparos provenientes de armamento de exclusivo uso de las fuerzas represivas.

El Estado generó la violencia

La historia uruguaya está marcada por las insurrecciones y los levantamientos armados. El MLN surgió a comienzos de la década de los años sesenta, luego del triunfo de la Revolución Cubana y de la oleada golpista promovida por EEUU en todo el continente con carácter preventivo y profiláctico para evitar nuevos procesos insurgentes y alzamientos populares. De 1960 a 1964 hubo ocho golpes de Estado militares en el continente: Argentina, Perú, El Salvador, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Honduras y Brasil.

Aunque la historia recoge numerosas acciones por parte del MLN desde su creación,  todas ellas fueron menores y sin trascendencia a nivel político hasta mediados y fines de 1968.

Cuando Jorge Pacheco Areco, sucesor del fallecido general Oscar Gestido, implantó las Medidas Prontas de Seguridad para suspender las garantías constitucionales, reprimir al movimiento sindical, destruir a la incipiente CNT y aplicar los lineamientos económicos del Fondo Monetario Internacional, no invocó ni la movilización estudiantil y el accionar del MLN como factores distorsionantes del orden interno.

Pacheco Areco asumió la presidencia de la República ilegalizando al Partido Socialista  otras organizaciones políticas menores, clausurando órganos de prensa. Su talante represivo se puso de manifiesto frente a la marcha de los cañeros y en la brutal saña policial con que se impidió la celebración del Día de los Trabajadores en el centro de Montevideo que le costó la vida a una participante.

Sin lugar a dudas, el Estado es responsable de los daños directos que el accionar ilegítimo de sus funcionarios generó y también de los daños y sufrimientos indirectos que la aplicación de su política generó, de la explosiva conflictividad social y de la violencia que conmovió a la sociedad.

Cabildo Abierto respalda a los terroristas de Estado

El partido político liderado por el general Guido Manini Ríos se ha convertido en un pertinaz detractor del Poder Judicial, de sus operadores, de la Fiscalía Especializada en crímenes de Lesa Humanidad y en un defensor público de todos los criminales condenados por las acciones fuera de la ley cometidas desde el 13 de junio de 1968, momento en que Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad.

En democracia Cabildo Abierto tiene derecho a expresar sus puntos de vista con total libertad. Las víctimas del terrorismo de Estado seguirán trabajando para que la justicia cumpla con sus cometidos constitucionales y todos los crímenes sean investigados, esclarecidos y castigados. Es el camino para evitar la reiteración.

---------------

(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular web el 17 12 2022

Un juicio histórico

En la ciudad de Canelones comenzó esta semana el primer juicio oral y público por graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Un juicio sumamente destacable por varias circunstancias.

Por Gastón Grisoni (*) 

Dr Pablo Chargonia (Observatorio Luz Ibarburu)

Única denuncia estatal

Un primer hecho a destacar  es que la denuncia fue presentada por la Secretaría de DDHH del gobierno departamental de Canelones cuando la titular era Valeria Rubino. La presentó junto con la asociación civil Ágora, Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria. La primera y la única denuncia presentada  hasta el momento por funcionarios estatales en todo el país.

En un hecho sumamente significativo, todas las causas judiciales por hechos referidos al pasado dictatorial en Uruguay fueron presentadas por las propias víctimas, sus familiares y allegados, recayendo en ellos toda la responsabilidad y el trabajo. El respaldo de las organizaciones vinculadas a la temática ha sido muy importante y destacado para que las mismas prosperaran. Para evitar cometer omisiones involuntarias no se menciona a ninguna. Son varias y todas integran el colectivo de organizaciones sociales hermanadas en la lucha contra la impunidad y a favor de la justicia.

Recogiendo testimonios sobre lo sucedido en Canelones durante el período del terrorismo  de Estado, la Secretaría de DDHH del departamento, tomó conocimiento sobre la existencia de Los Vagones como centro clandestino de detención y torturas. La  Secretaría adoptó la decisión de presentar formalmente la denuncia para esclarecer los hechos y evitar que prosperara la impunidad. Las víctimas cumplieron con su deber de testimoniar e incluso a lo largo del juicio sufrieron agresiones y amenazas.

Los Vagones

Se denomina con ese nombre al Centro clandestino por el hecho de que funcionaba en dos vagones de AFE que estuvieron instalados en el Parque Artigas y posteriormente en el barrio Olímpico de la capital departamental. Su funcionamiento se encuadró en el marco de la Operación Morgan que a fines del año 1975 se desplegó por parte de la dictadura contra las estructuras y los militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU).

La asociación civil Ágora, Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria junto con el Observatorio Luz Ibarburu (OLI) han jugado un papel decisivo para que esta causa prospere y continúe.

Juez Luis  Sobot: un pronunciamiento insólito

Un primer contratiempo surgió cuando el año pasado el juez de garantías de 1º turno de Canelones definió la prescripción del delito de tortura que se imputó a los policías retirados Hugo Guillén, Winston Vitale y Alejandro Ferreira, que operaban en el centro clandestino de torturas que funcionó en la capital del departamento.

Lo escandaloso del fallo es que el juez Luis Sobot computó a los efectos del cálculo prescripcional el tiempo en que estuvo vigente la Ley 15 848 (Ley de Caducidad) y también el período en que había dictadura en el país. Durante la vigencia de la Ley de Caducidad el Poder Judicial estuvo sometido a la tutela del Poder Ejecutivo y las víctimas estuvieron impedidas de acceder a la justicia tal como lo expresó la Resolución 365/2009 de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en un fallo histórico.

Durante la dictadura, obviamente, no existían condiciones para que las víctimas pudieran presentarse ante la Justicia a radicar las denuncias correspondientes. Sus propias vidas y su libertad estaban en riesgo en caso de hacerlo, como señaló el abogado de las víctimas el doctor Pablo Chargonia.

El tribunal de Apelaciones revirtió el fallo del juez Sobot y la causa pudo continuar. El Tribunal de Apelaciones invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por Uruguay mediante la Ley 15 737  en marzo de 1985 al regresar a la institucionalidad democrática y también el Artículo 72 de la Constitución.

Oral y público

La inmensa mayoría de los juicios sobre casos y hechos del “pasado reciente” se han tramitado mediante el viejo código del proceso tal como correspondía de acuerdo a las disposiciones constitucionales. Todos los juicios se tramitaban por escrito, eran normalmente lentos y los jueces tenían un papel protagónico.

Ya que la denuncia por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Canelones fue presentada con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código del proceso penal, esta causa se lleva cabo mediante dichas disposiciones y la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y las víctimas a través de su representación legal, el doctor Pablo Chargonia del Observatorio Luz Ibarburu (OLI), están en condiciones de actuar de una manera más activa.

Justicia, justicia y más justicia

El proceso iniciado el 13 de junio  de 1968 cuando Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) y que culminó en la dictadura cívico militar que se prolongó hasta febrero de 1985, fue una calamidad nacional. Fue la respuesta de los grupos uruguayos de poder dominantes, aliados a EEUU, para reestructurar la economía del país a costa del nivel de vida, de los salarios de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionistas y de los sectores populares. A sangre y fuego.

Las graves violaciones a los DDHH, desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, secuestros de niños, privación ilegítima de la libertad, no pueden quedar impunes. Es necesario que las mismas sean investigadas, esclarecidas y sancionadas, penal y administrativamente. Los autores intelectuales y materiales de ellas, con todas las garantías del debido proceso, como ha ocurrido hasta el presente, deben rendir cuentas ante la justicia y ante la memoria histórica del país. No se mira hacia atrás. Se mira hacia adelante, hacia el futuro, hacia una democracia fuerte y consolidada. Con plena vigencia de las normas de DDHH y del Estado de Derecho. De eso, simplemente, se trata.

---------------

(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular Nº 617 - 9 12 022

Un antes y un después

 13 de junio de 1968: una fecha clave de Uruguay

Por Gastón Grisoni (*)

La implantación de las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) el 13 de junio de 1968 por el presidente de la época Jorge Pacheco Areco fue un acontecimiento político de enorme significado en la vida de Uruguay. Marcó el comienzo de una etapa histórica.

Medidas represivas preventivas

Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad cuando decidió que el camino a seguir para superar la crisis económica y el descontento popular era aceptar las recomendaciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional para conceder créditos indispensables. Uruguay no estaba en condiciones de asumir sus obligaciones financieras internacionales. Los trabajadores y los asalariados debían reducir sus ingresos y aceptar un deterioro creciente de sus condiciones de vida.

En los hechos, tal como lo señaló la oposición nacionalista en una interpelación parlamentaria llevada a cabo unos meses antes, se reiteraba, con otro nombre el camino iniciado en 1958 por el primer gobierno nacionalista del siglo XX al firmar la Carta de Intención con el FMI. Ahora se llamaban Recomendaciones.

Al momento de tomar la decisión no existía en el país una situación de conflictividad o de movilización social que justificara la suspensión de las garantías individuales, la prohibición de realizar actividades sindicales y, mucho menos, que se impusieran restricciones a la libertad de prensa. Los trabajadores bancarios habían decidido poner fin a los reclamos con movilización que desarrollaban en esas semanas al igual que el gremio de funcionarios públicos que no integraban la Convención Nacional de Trabajadores (CNT).

La Constitución que regía había sido aprobada en las elecciones del año 1966. El país regresó al sistema presidencialista de gobierno. Previstas como una herramienta para circunstancias excepcionales, Jorge Pacheco Areco, sucesor del general Oscar Gestido fallecido en el ejercicio de la Presidencia, comenzó a emplear las Medidas Prontas de Seguridad de manera permanente y sistemática como instrumento gubernamental.

Al amparo de ellas, Pacheco Areco adoptó decisiones de distinta naturaleza eludiendo el debate y el control parlamentario: decisiones económicas y de distinta índole.  Incluso en 1971, mediante un simple decreto se le otorgó a las Fuerzas Armadas la tarea de hacer frente a las organizaciones armadas y se modificaron sus  estructuras de funcionamiento de igual modo.

Las Fuerzas Armadas ingresan a la política

A los pocos días de imponer las MPS, Jorge Pacheco Areco decretó la congelación salarial a nivel de los trabajadores privados, envió al Parlamento la Ley de Presupuesto sin otorgar aumento a los funcionarios públicos y convocó a las Fuerzas Armadas para reprimir a los gremios en conflicto.

En primera instancia se las convocó para militarizar a los trabajadores del BROU y del Banco Central aunque posteriormente se extendió su uso para otros sectores estatales y también privados, en el marco de una gran campaña represiva contra todos los gremios y, muy especialmente, orientada a destruir a la recientemente creada CNT. La detención de sus dirigentes, el allanamiento de sus locales, la represión de las acciones y movilizaciones pasaron a ser una constante de la vida del país.

Accionar ilegítimo del Estado

Al implantarse las MPS el 13 de junio, que se mantendrían de manera ininterrumpida hasta julio de 1971, tres ministros presentaron sus renuncias: Alba Roballo (Educación y Cultura), Carlos Queraltó (Relaciones Exteriores) y Manuel Flores Mora (Trabajo y Seguridad Social). (1)

Las medidas económicas adoptadas por Pacheco Areco, congelación salarial tanto para la actividad privada como pública, desconociendo, incluso, los acuerdos alcanzados en la mesa de negociaciones, junto al desarrollo de una política restrictiva de las libertades públicas, claramente represiva y una brutalidad policial desconocida hasta ese momento, generaron un clima de gran descontento y movilización popular.

La CNT encabezó una decidida línea de oposición y enfrentamiento a la política de Jorge Pacheco Areco y desplegó su accionar y movilización de manera permanente, fortaleciéndose y adquiriendo experiencia colectiva de funcionamiento, tanto en defensa de sus reivindicaciones como de la Universidad y de las libertades públicas.

A partir de la implantación de las MPS, el movimiento estudiantil universitario, con una larga trayectoria de movilización, se volcó a las calles, reforzado con el aporte multitudinario de los estudiantes de secundaria con su propia plataforma reivindicativa. La brutalidad de la represión policial fue inaudita: Líber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos fueron asesinados mientras participaban en acciones de protesta.

Las organizaciones armadas que hasta ese momento realizaban, básicamente acciones de pertrechamiento y de propaganda, sin influir en la agenda política del país, a partir de ese momento, comenzaron a incrementar su accionar y su presencia en diferentes ámbitos. Empezaron a ser un referente en la vida política, en un Estado que actuaba de manera improcedente al margen de las leyes y las normas vigentes, estableciendo la censura previa, limitaciones de todo tipo a la libertad de prensa, clausurando medios y, organizando comandos parapoliciales desde el Ministerio del Interior como ha quedado judicialmente documentado.

Una referencia básica

Cualquier trabajo  del pasado reciente, que no tome en cuenta la implantación de las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968, es una narrativa sin seriedad y sin rigor científico, un “simple relato”, aunque tenga pretensiones académicas, abundancia de información y prólogos destacados. El 13 de junio marcó el comienzo de una época. Pacheco Areco lideró, en los comienzos, el proyecto de los grandes grupos de poder uruguayos ante la crisis de la economía uruguayo. Comenzó el lento camino hacia la dictadura y el terrorismo de Estado. La teoría de los dos demonios, en cualquiera de sus versiones, hay varias y variadas, esconde las responsabilidades históricas de sectores sociales, políticos y de medios de comunicación que apoyaron y respaldaron dicho proceso.

----------

      1.  Prof. Carlos Demasi. El 68 uruguayo. El año que vivimos en peligro. Ediciones de la Banda Oriental.

---------------

(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular Nº 616 – 2 12 2022

Una realidad inocultable

 El pasado y el presente en disputa

Por Gastón Grisoni (*)

La actual coalición gubernamental ha llegado para retrotraer al país a épocas ya superadas, todos sus esfuerzos van en ese sentido. La enseñanza histórica, la interpretación de lo ocurrido en el pasado reciente, no escapa a ese afán restaurador. Excluyen a Carlos Demasi e  incorporan  dos textos militantes de la teoría de los dos demonios.

Un aspecto clave

La exclusión del Prof. Carlos Demasi tiene razones importantes. Su estudio de la historia uruguaya destruye el mito de la teoría de los dos demonios para explicar lo ocurrido.

El 13 de junio del año 1968 es un día de gran significación en el acontecer nacional. Ese día, el presidente Jorge Pacheco Areco suspendió las garantías individuales e impuso las Medidas Prontas de Seguridad como mecanismo de gobierno.  Las mismas se mantuvieron de manera permanente hasta poco antes de las elecciones llevadas a cabo en noviembre de 1971. Su decisión de implantar las Medidas obligó a renunciar al Ministro de Trabajo y Seguridad Social de entonces Manuel Flores Mora en rechazo.

El proceso iniciado el 13 de junio de 1968 condujo a la dictadura y desembocó en el terrorismo de Estado. Fue la respuesta de los grandes grupos de poder, aliados a EEUU, ante la crisis de la estructura económica del país que se venía manifestando desde 1955. Mediante ese proceso autoritario, represivo, terrorista, los grupos económicos privilegiados procedieron a reestructurar la economía uruguaya en perjuicio de los trabajadores, los jubilados y los sectores populares.

Pacheco Areco encendió la mecha

Cuando el 13 de junio de 1968 Jorge Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad (MPS), un instrumento de gobierno temporal, para gobernar al margen del Parlamento, dio comienzo a un lento y prolongado proceso de deterioro institucional que se mantuvo hasta febrero de 1985.

En ese marco, a fines del mes de junio, Jorge Pacheco Areco convocó a las Fuerzas Armadas para reprimir a los gremios en conflicto, tanto públicos como privados que se opusieron a su programa de ajustes económicos siguiendo las pautas del Fondo Monetario Internacional.

La dictadura civil – militar fue una calamidad para el país y su gente pero un gran negocio para los poderosos. Los trabajadores y los sectores populares perdieron el 50% del poder adquisitivo de los salarios, vieron seriamente disminuida sus condiciones laborales y de vida, los jubilados y pensionistas perdieron el aguinaldo anual como resultado del Acta Institucional Nº 9. Al final del proceso, el 40% de los hogares uruguayos estaban en la pobreza según cifras oficiales. Los grupos económicos se apropiaron de más de tres mil millones de dólares que fueron redistribuidos de los bolsillos de los trabajadores.

Militantes de la teoría de los dos demonios

Tanto Alfonso Lessa como  Julio María Sanguinetti, con matices y diferencias entre ellos, explican el proceso político uruguayo, la dictadura civil – militar, a la luz de la irrupción de las organizaciones armadas en la vida política. Lessa destaca y amplifica el desarrollo de las acciones de los grupos armados, señala su surgimiento al principio de los años sesenta luego de la Revolución Cubana. Lo hace cuando es público y notorio que la guerrilla, como la denomina, adquiere relevancia mucho después de que Jorge Pacheco Areco decretara las Medidas Prontas de Seguridad y desatara una brutal represión contra los trabajadores sindicalizados y el movimiento estudiantil.

El profesor Carlos Demasi,  con  rigor supo estudiar y presentar las vicisitudes de ese 1968 uruguayo tan impactante (1). Dejó muy claro que el decreto de Pacheco Areco  para implantar las Medidas Prontas de Seguridad no menciona ni a los estudiantes y, mucho menos, a los grupos insurgentes. Las Medidas Prontas de Seguridad se aplicaron para llevar adelante las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

El doctor Julio María Sanguinetti coincide con Lessa  en líneas generales pero es  más amplio, más minucioso, incorpora el accionar de los sindicatos  y sus reclamos como un elemento pernicioso que condujo a que ocurriera lo que ocurrió.

El movimiento sindical: un papel decisivo

En forma contraria a lo sostenido por el Dr. Julio María Sanguinetti, los trabajadores uruguayos, nucleados en la CNT, históricamente han jugado un papel decisivo y positivo. Supieron enfrentar al proyecto antipopular y represivo de Pacheco Areco y luego el golpe de Estado de Juan María Bordaberry con 14 heroicos días de huelga general. Fueron un motor decisivo de la resistencia popular y de la reconquista democrática. El crecimiento de las organizaciones armadas fue la expresión de la conmoción y conflictividad desatada a nivel de toda la sociedad por el intento de descargar la crisis de la economía uruguaya en las espaldas de los trabajadores y de los sectores populares.

----------

1)1) Prof. Carlos Demasi. El 68 uruguayo. El año que vivimos en peligro. Ediciones de la Banda Oriental. 

---------------

(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular Nº 615 - 25 11 2022