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49 años de una huelga general que conmovió al mundo

El próximo lunes 27 se cumple el 49 aniversario del comienzo de la histórica huelga general desplegada por la Cnt como respuesta a la disolución de las Cámaras por parte de Juan María Bordaberry. A la central sindical se sumó la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) y los estudiantes de secundaria, además de centenares de organizaciones barriales y populares. Tuvo el epicentro en Montevideo y en los capitales con concentraciones obreras en el interior: Paysandú, Salto y Colonia. Miles de fábricas, centros de trabajo y de estudio fueron ocupadas. Conmovió al país entero y asombró al mundo.


Aunque tuvo que ser levantada sin lograr el objetivo perseguido, marcó profundamente al régimen que profundizaba su accionar represivo para convertirse en una sangrienta dictadura cívico militar. El 27 de junio es el final de un lento proceso de vaciamiento de las instituciones democráticas por parte de los sectores privilegiados de la sociedad uruguaya, en connivencia con los grupos de poder internacionales, especialmente de EEUU, para proceder a la reestructura del país en función de sus intereses.

Deterioro institucional: las medidas prontas de Pacheco

Desde mediados del año 55 Uruguay comenzó a transitar un período de crisis económica que generó un creciente descontento popular. Los dos  gobiernos del Partido Nacional a partir de 1959 no dieron respuesta a dicha situación. La agravaron.

En las elecciones de 1966 triunfa nuevamente el Partido Colorado y asume el general Oscar Gestido. Al fallecer, sorpresivamente, al cumplir un año de su mandato, asume Jorge Pacheco Areco. Con él como gobernante comienza el período conocido como Pasado Reciente, período caracterizado por la actuación ilegítima del Estado y que habrá de desembocar en el golpe de Estado y el terrorismo estatal a partir del 27 de junio de 1973.

El 13 de junio de 1968 Jorge Pacheco Areco, presidente en ejercicio, implantó las Medidas Prontas de Seguridad y suspendió las garantías individuales, para reprimir a los trabajadores bancarios que estaban en conflicto. Además, desconoció los acuerdos salariales que se estaban negociando en los diferentes ámbitos. Comenzó una etapa muy significativa en la vida del país, represiva, orientada en primer lugar hacia el movimiento sindical, tanto de la actividad pública como privada.

Las Medidas Prontas de Seguridad, un instrumento transitorio, de excepción, se mantuvieron vigentes de manera continua durante casi dos años. Al amparo de ellas, el gobierno de Jorge Pacheco Areco gobernó de manera discrecional, al servicio de los poderosos de siempre y en perjuicio de los trabajadores y de los sectores populares.

Miles de trabajadores fueron militarizados y detenidos, prohibiéndose la actividad sindical. Se eliminó la libertad de prensa, se clausuraron medios, se llegó a establecer la censura previa. La gravedad de la situación imperante llevó a la creación del Movimiento en Defensa de las Libertades donde se destacó el parlamentario del Partido Nacional Héctor Gutiérrez, férreo opositor a las Medidas Prontas de Seguridad junto con Francisco Rodríguez Camusso y Zelmar Michelini.

La dictadura al servicio de los poderosos

La política represiva de la dictadura estuvo al servicio de un proyecto de país que permitió el traspaso de más de 5.000 millones de dólares de los bolsillos de los trabajadores y sectores populares a las cuentas de las elites económicas. A la salida de la dictadura, luego de la quiebra de la “tablita”, el 40 % de los uruguayos vivían en la pobreza. Los trabajadores, jubilados y pensionistas, perdieron el 50% de su poder adquisitivo. Incluso, los jubilados y pensionistas perdieron el derecho al aguinaldo que, al día de hoy, solo siguen percibiendo los militares.

La huelga general: inicio del camino hacia la democracia

La huelga general que asombró al mundo fue levantada el 11 de julio. Durante el transcurso de ella miles de  uruguayos fueron detenidos y también despedidos de su trabajo. Se ilegalizó a la CNT y se pidió la captura de sus dirigentes. Ramón Peré, estudiante de la Facultad de Veterinaria,  y  Walter Medina, estudiante del Liceo 17, fueron asesinados mientras participaban en acciones de resistencia al golpe. El lunes 9 de julio a las 5 de la tarde una enorme manifestación popular fue salvajemente reprimida en pleno centro de Montevideo por efectivos militares y de la Policía. Se destrozó la sede de El Popular y miles de uruguayos fueron apaleados y recluidos en el Cilindro Municipal, predio en el cual hoy se levanta el Antel Arena.  El levantamiento de la huelga dio comienzo a una nueva etapa histórica y heroica, del pueblo uruguayo.

Una democracia a profundizar

La institucionalidad democrática es una gran conquista del pueblo uruguayo. Sin negar el contexto exterior favorable que influyó positivamente en que se hallara una salida, la democracia fue una conquista popular. Es el resultado de  luchas, de  movilizaciones, de  resistencia, en forma colectiva e individual, en Montevideo y en el Interior, dentro y fuera de fronteras. Los sectores populares demostraron una gran capacidad de sobreponerse a  fuerzas aparentemente superiores,  de superar sus diferencias políticas e ideológicas, de unirse y de contribuir a la búsqueda de salidas constructivas.

La democracia uruguaya no le debe nada a las Fuerzas Armadas, a los sectores más conservadores de los Partidos Nacional y Colorado. Mucho menos al vocero oficial  de la dictadura el matutino El País. El plebiscito constitucional de 1980 puso al desnudo el proyecto institucional de nación que proyectaban y que pretendían legitimar, profundamente antidemocrático y antipopular. La histórica derrota que sufrieron generó las condiciones para un retroceso que cristalizó en el retorno a la democracia en 1985.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular Nº 593 – 24 6 22

La mejor INDDHH es la que no existe

Los cabildantes y multicolores al acecho de la INDDHH (*)

Juan Faroppa, Mariana Mota y Wilder Tayler, de la INDDHH. Foto: Ernesto Ryan

A impulso de los cabildantes, que han llegado incluso a proponer su eliminación, la coalición gubernamental, con amplias mayorías parlamentarias, se dispone a elegir en la Asamblea General a las nuevas autoridades de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Ya lo han señalado. No dejarán títere con cabeza. Harán una renovación total de autoridades. No reelegirán a ninguno de los actuales integrantes, aplicarán el bisturí a fondo, según informó el vocero gubernamental El País.

Por lo anunciado públicamente por algunos de sus voceros parlamentarios, desconociendo lo establecido por la misma ley que la creó, designarán a los integrantes mediante cuota política como si fuera un ente o un ministerio: habrá dos representantes del Partido Nacional, uno del Partido Colorado y otro de Cabildo Abierto. Dejarán un cargo a disposición del Frente Amplio.

Como ocurrió recientemente en el MSP, probablemente,  el representante de Cabildo Abierto hará todo lo posible por crear vacantes para coroneles retirados y allegados.

Un avance institucional

La existencia de órganos como la INDDHH, aunque no la cambian radicalmente, mejoran la calidad de la democracia más allá de los resultados concretos que ella pueda ofrecer. Pone de manifiesto que las normas de Derechos Humanos son un ideal social a seguir, un conjunto de normas de convivencia social importantes, que orientan la labor de los gobernantes y de sus funcionarios.

La INDDHH fue creada por la Ley 18 446 de diciembre de 2008. Es una unidad dependiente del Parlamento pero autónoma con el cometido específico de defender y promover los DDHH. Posteriormente, mediante reformas legislativas se le introdujeron nuevas tareas y responsabilidades, algunas de ellas referidas al período conocido como de actuación ilegítima y del terrorismo de Estado (1968 -1985).

En su momento, su concreción significó  un enorme progreso institucional en el camino de profundizar la democracia y la calidad de ella misma.

La INDDHH es una gran herramienta de la democracia para afirmar las normas de Derechos Humanas que están destinadas a dignificar la vida de todas las personas.

Escudo protector de los más vulnerables

Si bien la existencia de un órgano como la INDDHH favorece al conjunto de la sociedad, su mayor beneficio lo obtienen aquellos sectores más desprotegidos en una sociedad dividida en clases sociales. Es un instrumento fundamental y decisivo para aquellos ciudadanos más vulnerables, más desprotegidos, que no tienen acceso a tener su propia organización, a conocer sus derechos, reclamar y demandar su implementación.

El flagelo de la tortura

La tortura, causar  dolor y sufrimiento, físico, psicológico o mental a una persona detenida e indefensa por funcionarios del Estado, de manera intencional y deliberada,  es un acto cruel y repudiable, tanto desde el punto de vista legal, político o ético, cualquiera sea el fin que se invoque. Durante el terrorismo de Estado, asociada a las detenciones masivas y la reclusión prolongada, la tortura fue una práctica masiva sistemática y generalizada.

Desde el retorno a la institucionalidad democrática su uso se ha reducido y ha habido al respecto políticas claramente establecidas, lo cual no ha impedido que haya habido muertes por malos tratos en comisarías y se hayan detectado casos similares en diferentes ámbitos, tanto policial como carcelarios, incluso con menores. La actuación de la INDDHH ha sido muy importante al respecto y le ha generado el malestar gubernamental, tanto en los gobiernos del Frente Amplio como del actual que en diferentes ocasiones ha reaccionado de manera airada.

La calidad de la democracia amenazada

La integración del próximo Consejo Directivo no es, por lo mismo, un tema menor para quienes apostamos a fortalecer la institucionalidad democrática del país para seguir avanzando. El movimiento sindical, el movimiento estudiantil, las organizaciones de DDHH, las cooperativas, la ciudadanía en general, deben estar alertas y hacer sentir su opinión y sus inquietudes al respecto.

Los  futuros integrantes de la Comisión Directiva de la INDDHH deben tener un sólido y efectivo conocimiento y compromiso, indubitable, con las normas de DDHH, en lo declarativo y también en cuanto al compromiso de vida. Como lo establece la norma vigente, sus candidaturas deben surgir desde las organizaciones de la sociedad civil.

La dictadura cívico militar y su terrible legado sobrevuela a la hora de promover, apoyar y examinar candidaturas. No hay justificaciones ni explicaciones para las graves violaciones a los DDHH. Quienes las defienden para el pasado reciente pueden promover candidatos  para el presente y el futuro. Y serán un peligro si integran el órgano de conducción de la institución. Los cabildantes son un caballo de Troya de la institucionalidad de DDHH.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

 (**) Publicado en El Popular Nº 592 del 17 06 2022

Habrá memorial para las ex presas políticas

 En el mediodía ayer, con una sencilla ceremoria llevada a cabo en el Espacio Julia Arévalo frente al Anexo del Palacio Legislativo, la Intendenta de Montevideo Ing. Carolina Cosse anunció que el 27 de junio se llamará a concurso de ideas para la construcción de un Memorial para las ex presas políticas.


Con la presencia de la Directora de DDHH para el Pasado Reciente Sra. Matilde Rodríguez Larreta, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas Sr. Pablo Ruiz, autoridades municipales y numeroso público, la actividad introduce la perspectiva a corto plazo de poder contar con espacio propio para un sector muy especial de la población.

En un lugar emblemático de la ciudad, contiguo al Palacio de las Leyes, habrá un Memorial que recuerde y rinda homenaje a  las ex presas políticas de todo el país, a esas miles de uruguayas que de mútiples e infinitas maneras enfrentaron las Medidas Prontas de Seguridad, las militarizaciones, la dictadura cívico militar, el propio terrorismo estatal y que por ello estuvieron detenidas, privadas de su libertad, en la gran mayoría de los casos por largos períodos de tiempo.

La concreción de este Memorial por parte de la Intendencia de Montevideo, hará justicia con todas ellas y les dará un lugar propio que recuerde sus luchas, sus compromisos, sus sufrimientos y dolores, pero fundamentalmente su contribución a que en este país hayan libertades, haya derechos, haya legalidad, haya democracia.

La democracia una conquista popular

A nivel mundial, Uruguay destaca como un país avanzado en materia de institucionalidad y Estado de derecho, como país democrático. La institucionalidad democrática que disfruta  nuestro país es una gran conquista del pueblo uruguayo.

Sin negar el contexto exterior favorable, fruto de la solidaridad internacional organizada, que influyó positivamente en que se hallara una salida política, la democracia fue una conquista popular. Es el resultado de  luchas, de  movilizaciones, de  resistencia, en forma individual y colectiva, en Montevideo y en el Interior, dentro y fuera de fronteras. En esa batalla histórica las mujeres supieron participar activamente en todos los planos y en todos los frentes.

Las mujeres uruguayas, desde diferentes roles y lugares, en todo el proceso del pasado reciente, jugaron un papel decisivo. Fueron detenidas desaparecidas, fueron asesinadas, fueron exiliadas, fueron  clandestinas, lucharon en el mayor anonimato, fueron “rehenas”, fueron presas políticas, incluso niñas y adolescentes, en Cárcel Central, en Cabildo, en Carlos Nery, en el Hogar Yaguarón, en el Buen Pastor, en la Cárcel de Paso de los Toros, en la Cárcel del Este, en Punta de Rieles, en el IMES, en el Blandengues, en los centros clandestinos de detención y tortura, en Boiso Lanza, en Prefectura, en el Fusna  y en diferentes  cuarteles de todo el país.

Las cárceles: una trinchera de solidaridad y resistencia

Los centros de reclusión, las cárceles, formales e informales, diseñados para la destrucción física, síquica y moral, fueron transformados, por su amor a la vida, a sus convicciones y valores, en centros de resistencia y enfrentamiento, basadas en la solidaridad diaria e inquebrantable, enfrentando, incluso, el hostigamiento directo, como autoridades carcelarias, de sus torturadores y abusadores como Jorge “Pajarito” Silveira y José “Nino” Gavazzo.

Ha pasado mucho tiempo desde el retorno a la democracia y es tiempo de que este Memorial rinda a homenaje a esas miles de luchadoras sindicales, estudiantiles, sociales y políticas, para que siga  inspirando en la tarea de construir una democracia más justa, más digna y más plena.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular 591 del 10 06 2022

La democracia es una conquista del pueblo

La institucionalidad democrática que disfruta  nuestro país desde hace décadas  es una gran conquista del pueblo uruguayo. Sin negar el contexto exterior favorable que influyó positivamente en que se hallara una salida, la democracia fue una conquista popular. Es el resultado de  luchas, de  movilizaciones, de  resistencia, en forma colectiva e individual, en Montevideo y en el Interior, dentro y fuera de fronteras. Los sectores populares demostraron una gran capacidad de sobreponerse a  fuerzas aparentemente superiores,  de superar sus diferencias políticas e ideológicas, de unirse y de contribuir a la búsqueda de salidas constructivas.


La democracia uruguaya no le debe nada a las Fuerzas Armadas, a los sectores más conservadores de los Partidos Nacional y Colorado. Mucho menos al vocero oficial  de la dictadura el matutino El País. El plebiscito constitucional de 1980 puso al desnudo el proyecto institucional de nación que proyectaban y que pretendían legitimar, profundamente antidemocrático y antipopular. La histórica derrota que sufrieron generó las condiciones para un retroceso que cristalizó en el retorno a la democracia en 1985.

13 de junio de 1968: las medidas prontas de Pacheco

El período conocido como Pasado Reciente, período caracterizado por la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo estatal, se ubica entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. Fueron años de mucha violencia, muchos conflictos y mucho dolor para la mayoría del pueblo uruguayo.

Ese día, Jorge Pacheco Areco, presidente en ejercicio, implantó las Medidas Prontas de Seguridad y suspendió las garantías individuales, para reprimir a los trabajadores bancarios que estaban en conflicto. Además, desconoció los acuerdos salariales que se estaban negociando en los diferentes ámbitos. Comenzó una etapa muy significativa en la vida del país, represiva, orientada en primer lugar hacia el movimiento sindical, tanto de la actividad pública como privada.

Las Medidas Prontas de Seguridad, un instrumento transitorio, de excepción, se mantuvieron vigentes de manera continua durante casi dos años. Al amparo de ellas, el gobierno de Jorge Pacheco Areco gobernó de manera discrecional, al servicio de los poderosos de siempre y en perjuicio de los trabajadores y de los sectores populares.

Miles de trabajadores fueron militarizados y detenidos, prohibiéndose la actividad sindical. Se eliminó la libertad de prensa, se clausuraron medios, se llegó a establecer la censura previa. La gravedad de la situación imperante llevó a la creación del Movimiento en Defensa de las Libertades donde se destacó el parlamentario del Partido Nacional Héctor Gutiérrez, férreo opositor a las Medidas Prontas de Seguridad junto con Francisco Rodríguez Camusso y Zelmar Michelini.

Sangre estudiantil

Cuando Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad lo hace en función de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, del proyecto de los dueños del poder de reestructurar la economía y la sociedad ante la crisis económica y la muy probable resistencia de los trabajadores. A las semanas, estalla la movilización de los gremios estudiantiles que se suman a la movilización sindical promovida por la CNT y también con sus propias reivindicaciones. La brutal represión callejera de las fuerzas policiales lleva a que surjan los primeros mártires en la lucha por la democracia y las libertades: Líber Arce, Hugo de los Santos y Susana Pintos. Los estudiantes de secundaria y universitarios comenzaron a ser protagonistas permanentes de las luchas.

Actuación ilegítima del Estado

Desde el 13 de junio de 1968 el Estado uruguayo comenzó a actuar de manera ilegítima, violentando los derechos ciudadanos, limitando las libertades, eliminando la libertad de prensa, reprimiendo brutalmente, asesinando, promoviendo bandas fascistas y al Escuadrón de la Muerte desde el Ministerio del Interior como consta en las actas judiciales.

El relato de los sectores afines a la dictadura cívico militar hace hincapié en el papel negativo de los grupos guerrilleros en la generación de la violencia en nuestro país. La realidad indica que cuando Pacheco Areco implanta por decreto las Medidas Prontas de Seguridad solo alude al movimiento sindical para justificarlas. No menciona ni a los estudiantes ni a los grupos armados que hasta ese momento ejercían muy poca influencia en la vida del país.

En un contexto latinoamericano y regional de dictaduras militares, las Medidas Prontas de Seguridad incendiaron la pradera en nuestro país. Generaron la violencia que conmovió al país. Apuntaban contra los trabajadores, el movimiento sindical y la gran herramienta creada: la CNT.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.


Multitudinaria y silenciosa

 Una enorme multitud  recorrió el pasado viernes nuestra principal avenida, sorprendiendo a propios y extraños, conmoviendo a todo el país. La causa de los Detenidos Desaparecidos es una causa nacional de ayer, de hoy y de siempre.

Milka Gonzalez, Elena Zaffaroni y Maria Bellizzi, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, este miércoles, en APU. Foto: Ernesto Ryan

La IMM: un ejemplo

En la mañana, por segundo año consecutivo, las principales autoridades departamentales rindieron homenaje a los Detenidos Desaparecidos en el Memorial del Cerro. Por razones de salud, la Intendenta Carolina Cosse no pudo asistir pero estuvieron presentes todas las jerarquías ciudadanas. El año anterior, en medio de una crisis sanitaria importante, la ceremonia se llevó a cabo de una manera informal, pero significativa. En un hecho no menor, la intendenta convoca a participar junto con ella a representantes de Madres y Familiares, una organización referente en la vida del país, y a Crysol, la asociación de todas y todos los ex presos políticos.

La democracia es una conquista del pueblo

La institucionalidad democrática que disfruta  nuestro país desde hace décadas  es una gran conquista del pueblo uruguayo. Es el resultado de sus luchas, de sus movilizaciones, de su resistencia, en forma colectiva e individual, en Montevideo y en el Interior, dentro y fuera de fronteras, de su capacidad de sobreponerse a  fuerzas aparentemente superiores, de su capacidad de superar sus diferencias políticas e ideológicas, de unirse y de contribuir a la búsqueda de salidas constructivas. La democracia uruguaya no le debe nada a las Fuerzas Armadas y mucho menos al vocero oficial  de la dictadura el matutino El País.

La desaparición forzada de ciudadanos que son secuestrados, torturados atrozmente, asesinados y sus restos deliberadamente ocultados, por razones gremiales, sindicales, políticas o ideológicas es una práctica represiva abominable. En Uruguay, durante el terrorismo de Estado fue una práctica habitual y extendida, dentro y fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor.

Sin negar el sufrimiento padecido por miles de compatriotas en el período comprendido entre 1968 y 1985, los 197 Detenidos Desaparecidos representan al grupo de ciudadanas y ciudadanos que, por ser luchadores sociales y políticos, pagaron el mayor precio, al igual que sus familiares y sobrevivientes.

Desde el año 1996 miles y miles de uruguayos se concentran y marchan reclamando conocer su paradero y su destino, hallar sus restos para darles sepultura y esclarecer las circunstancias de su desaparición. También es un ritual cívico de homenaje y de reconocimiento. Todas y todos sabemos que la Verdad está secuestrada y cada vez somos más y más quiénes decimos Todos somos Familiares. En la cárcel de Domingo Arena están algunos de los principales ejecutores de las desapariciones forzadas aunque no les haya podido tipificar los delitos que ameritan y corresponden. Ellos saben y además saben quiénes saben. Ocultan los archivos que contienen la información.

Interpela a los terroristas de Estado

Luego de dos años en que no hubo marchas presenciales, este 2022, con empuje renovado e inusitado, se retomaron las acciones en todo el país. Nos sorprendió Montevideo, pero sorprendió el apoyo y la participación en todo el país. Multitudinario. Conmovedor. Silencioso. Militante.

Homenajear a los Detenidos Desaparecidos es un obligación ciudadana y republicana, un compromiso con el pasado, con el presente y con el futuro. La verdad sigue secuestrada.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular  589 del 27 05 2022

Suprema dignidad

 Con la Directora de Cultura  María Inés Obaldía en representación de la Intendenta Carolina Cosse, ausente por razones de salud, y la presencia de todo el gabinete en pleno del gobierno municipal, la Intendencia de Montevideo, por segundo año consecutivo, rindió homenaje a los Detenidos Desaparecidos en el Memorial que los recuerda en el Parque Vaz Ferreira en el Cerro. Una decisión inspiradora y elogiable. Es lo que deben hacer las autoridades del Estado a todos los niveles.


Foto: Federico Gutiérrez. La diaria

La institucionalidad democrática que disfruta  nuestro país desde hace décadas  es una gran conquista del pueblo uruguayo. Es el resultado de sus luchas, de sus movilizaciones, de su resistencia, en forma colectiva e individual, en Montevideo y en el Interior, dentro y fuera de fronteras, de su capacidad de sobreponerse a fuerzas aparentemente superiores, de su capacidad de superar sus diferencias políticas e ideológicas, de unirse y de contribuir a la búsqueda de salidas constructivas. La democracia uruguaya no le debe nada a las Fuerzas Armadas y mucho menos al vocero oficial  de la dictadura el matutino El País.

La desaparición forzada de ciudadanos que son secuestrados, torturados atrozmente, asesinados y sus restos deliberadamente ocultados, por razones gremiales, sindicales, políticas o ideológicas es una práctica represiva abominable. En Uruguay, durante el terrorismo de Estado fue una práctica habitual y extendida, dentro y fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor.

Sin negar el sufrimiento padecido por miles de compatriotas en el período comprendido entre 1968 y 1985, los 197 Detenidos Desaparecidos representan al grupo de ciudadanas y ciudadanos que, por ser luchadores sociales y políticos, pagaron el mayor precio, al igual que sus familiares y sobrevivientes.

Desde el año 1996 miles y miles de uruguayos se concentran y marchan reclamando conocer su paradero y su destino, hallar sus restos para darles sepultura y esclarecer las circunstancias de su desaparición. También es un ritual cívico de homenaje y de reconocimiento. Todas y todos sabemos que la Verdad está secuestrada y cada vez somos más y más quiénes decimos Todos somos Familiares.

Un ejemplo a imitar

La sencilla ceremonia realizada en la mañana de ayer, rindiendo nuevamente homenaje a los Detenidos Desaparecidos, contrasta con el silencio de las más altas autoridades del país que no emitieron ni una sola palabra, que no acompañaron la marcha y que ni siquiera reciben a las organizaciones sociales que nuclean a las víctimas.

El comunicado emitido por la Secretaría de DDHH para el pasado reciente en la voz de la querida Matilde Rodríguez Larreta es la única señal que no permite disimular el silencio de los principales jerarcas tan proclives a la exposición mediática en una fecha tan significativa.

Homenajear a los Detenidos Desaparecidos es un obligación ciudadana y republicana, un compromiso con el pasado, con el presente y con el futuro.

La foto que acompaña esta columna, tomada en la mañana de ayer, en el Parque Vaz Ferreira, es conmovedora. Dos adultos mayores, ejemplares, tomados de la mano, en la fría mañana otoñal, diciendo presente a la ceremonia convocada por la IMM representan el sentimiento de adhesión de nuestro pueblo a esta causa nacional de las grandes mayorías.

El homenaje de la IMM a los Detenidos Desaparecidos debería ser institucionalizado. Los Detenidos Desaparecidos, ciudadanos como todos nosotros, son un claro recordatorio de cuánto le costó a los trabajadores y al pueblo uruguayo conquistar la libertad y la democracia.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.


Nuevamente a las calles!

 197 detenidos desaparecidos

La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado 

La desaparición forzada de ciudadanos que son secuestrados, atrozmente torturados, asesinados y sus restos ocultados, por razones gremiales, sindicales, políticas o ideológicas es una práctica represiva abominable, cruel e inhumana. En Uruguay, durante el terrorismo de Estado fue una práctica habitual y extendida, dentro y fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor.


Las investigaciones llevadas adelante por distintas instancias, a nivel privado y estatal,  desde el retorno a la vida democrática han documentado hasta el momento 197 casos de Detenidos Desaparecidos durante el proceso iniciado en junio de 1968. Esa fecha es un jalón importante en la vida del país.

El presidente de entonces, Jorge Pacheco Areco, implantó las Medidas Prontas de Seguridad para reprimir los conflictos sindicales del momento. Las mismas se mantuvieron en forma casi permanente durante su gobierno como procedimiento de gobierno.

Al amparo de ellas se clausuraron medios de prensa, se estableció la censura previa y se restringió la libertad de expresión, se prohibió la actividad sindical, se detuvieron a centenares de militantes gremiales y políticos, se militarizaron miles de trabajadores, públicos y privados. Aumentó la represión y la sangre estudiantil corrió en las calles montevideanas. Se congelaron los salarios y se intervino la educación.

Las Medidas Prontas de Seguridad: contra los trabajadores.

El decreto por el cual Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad que suspendía derechos constitucionales se orientó básicamente al movimiento sindical, a los trabajadores, públicos y privados. La implantación de las medidas restrictivas no hizo mención a los estudiantes y mucho menos a las organizaciones armadas que, si bien habían surgido algunos años antes, tenían un desarrollo incipiente. Es precisamente durante el gobierno de Pacheco Areco que ocurren las primeras desapariciones, realizadas por el Escuadrón de la Muerte con la cobertura del Ministerio del Interior y otros jerarcas gubernamentales.

Una práctica institucional

Roberto Gomensoro Josman fue el primer detenido desaparecido con responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas como lo puso de manifiesto José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor que juzgó su responsabilidad. La decisión de ocultar sus restos mortales fue adoptada por las más altas jerarquías militares.

Durante muchos años los represores negaron la existencia de Detenidos Desaparecidos. La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, Ley 15 848, promovida por las Fuerzas Armadas y votada por el Parlamento en 1986, fue un escudo protector para impedir la actuación de la justicia.

La intensa lucha desplegada por generaciones de luchadores sociales y políticos, con un papel protagónico de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Pit Cnt, permitió ir logrando avances parciales y pequeños que comenzaron a filtrar la muralla de la impunidad. El triunfo de  Néstor Kirchner en Argentina y su activa política de DDHH hacia la dictadura militar y la llegada al gobierno del Dr. Tabaré Vázquez en nuestro país permitieron los primeros avances judiciales.

Parte de la verdad, comenzó a surgir y, especialmente, quedó en evidencia que la desaparición forzada de ciudadanos fue una metodología represiva asidua por parte de la dictadura y el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas reprimieron activamente en la Argentina. Hubo traslados clandestinos de prisioneros. Hubo vuelos clandestinos como lo admitió la Fuerza Aérea en el 2005

En octubre de 2009, la SCJ presidida por el Dr. Jorge Chediak declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. En el año 2011, la Ley 18 831 restableció la pretensión punitiva del Estado y autorizó al Poder Judicial a retomar las obligaciones constitucionales.

En Domingo Arena saben

Con la excepción de Manuel Cordero condenado en la Argentina, de Jorge Tróccoli preso en Italia, de Pedro Matos prófugo de la justicia en Brasil, Ernesto Avelino Ramas en prisión domiciliaria,  en la cárcel de Domingo Arena se encuentran los principales represores involucrados en las prácticas represivas y en las desapariciones forzadas. Ellos saben y saben, además, quiénes saben. En los Tribunales de Honor han dicho la verdad.

Hoy, en todo el país y allende, miles y miles, seguiremos reclamando. Es lo que corresponde. Lo que necesita el país: la desaparición forzada de ciudadanos merece ser repudiada una y otra vez. Aunque al senador Gustavo Penadés lo exaspere la consigna: todos somos familiares.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular del 30.05.2022

Un botón de muestra

 Salió a la venta un libro que bajo el pomposo título de Operación Verdad

aborda el pasado reciente de una forma maliciosa. Desde el mismo prefacio,

mediante afirmaciones temerarias y sin fundamento,  muestra la hilacha y las

simpatías emocionales e ideológicas.

Para aligerar y disminuir la responsabilidad jurídica, política y moral de los represores, de los servicios de seguridad de la dictadura cívico militar y del terrorismo de Estado, afirma que tanto las fuerzas de seguridad como los guerrilleros, seguidores de Fidel Castro, violaron los derechos humanos en lo que se denomina el pasado reciente. Son muchos los funcionarios de la actual administración, algunos con rango ministerial,  que adhieren a esta tesis errónea.

Un desconocimiento intencional

Nadie niega ni oculta que las organizaciones que enfrentaron al gobierno liberticida y autoritario de Jorge Pacheco Areco y a su continuador Juan María Bordaberry, camino hacia la dictadura, llevaron a cabo múltiples acciones que violentaban las leyes, atacaban y dañaban propiedades privadas y estatales, que causaron dolor y sufrimiento a muchas familias, que, incluso, ocasionaron pérdida de vidas, algunas de ellas no intencionales. Es un dato de la realidad. Los propios protagonistas lo han señalado, tanto en forma individual y/o colectiva. Lo han reconocido en forma pública en innumerables ocasiones. Hasta han promovido la colocación de recordatorios permanentes en el lugar en que fallecieron algunas de las personas afectadas.

Las normas de DDHH fueron reconocidas a nivel mundial en 1948 luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, para regular y reglamentar las conductas y los comportamientos de los Estados, especialmente de los funcionarios que portan armas intimidatorias.  Aprobadas por la comunidad de naciones, son normas destinadas a humanizar y dignificar la vida en sociedad, a proteger a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, ante los potenciales abusos y atropellos de los funcionarios estatales.

Solamente los funcionarios del Estado

Las fuerzas policiales y los integrantes de las fuerzas armadas poseen el privilegio del porte de armas para garantizar el pleno usufructo de la libertad al conjunto de la ciudadanía. Por ese motivo, cuando violan los derechos humanos de los ciudadanos, sus delitos son particularmente graves. Son cometidos por funcionarios que tienen beneficios y prerrogativas especiales con respecto al conjunto de los particulares en forma individual y colectiva.

Solamente los funcionarios del Estado son quienes violan las normas de DDHH. Esas normas, tan manoseadas en los discursos de la actual administración, están concebidas para limitar el accionar de los gobernantes y de los funcionarios del Estado. Son escudos protectores de los ciudadanos, de los más pobres, de los más desprotegidos en el mundo capitalista.

Equiparar el accionar de los funcionarios del Estado durante la dictadura y terrorismo de Estado con las acciones de los particulares y/o colectivos en el mismo período no tiene bases jurídicas, éticas ni políticas. Es simplemente parte de la campaña que llevan adelante los portavoces y voceros de los terroristas estatales para disminuir su responsabilidad histórica.

Mayo: mes de la Memoria

En mayo de 1976, en pleno desarrollo de la Operación Morgan contra el PCU y la UJC, desaparecieron al Dr. Manuel Liberoff quién había sido expulsado del país por su militancia antidictatorial.  A los días secuestraron a Rosario Barredo, a William Whitelaw, a Zelmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, Argentina. Aparecieron asesinados. Wilson Ferreira Aldunate, líder del Partido Nacional, se salvó en el anca de un piojo. Fue una operación criminal de la dictadura. No hay dudas. Fue un mensaje al conjunto de la oposición, a los militantes de la resistencia. La causa judicial aún se sigue procesando.

El próximo viernes 20 de mayo, las y los uruguayos, en todo el país y en todo el mundo, levantaremos las banderas de Verdad, Memoria y Justicia: la Verdad sigue estando secuestrada. En Domingo Arenas y en la Republicana están los que saben y que saben quiénes saben.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

(**) Publicado en El Popular el 13 5 2022


Mayo: un mes de memoria militante

Mayo es el mes de la Memoria, un mes que convoca a la más amplia movilización ciudadana en lo que ya es, por imperio de la movilización desplegada por generaciones de militantes, una sagrada causa nacional. 



La consigna para este año que ha formulado la organización referente, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos es bien clara. La verdad sigue secuestrada: responsabilidad del Estado. 

Una práctica represiva institucional 

Roberto Gomensoro Josman, joven militante del MLN de 26 años, fue el primer detenido desaparecido por parte de las Fuerzas Armadas en marzo de 1973. 

Su asesinato y posterior ocultamiento de su cuerpo se produjo cuatro meses después de que las Fuerzas Conjuntas anunciaran públicamente la desarticulación total de dicha organización y tres meses antes de que se disolvieran las Cámaras y estallara la huelga general de los trabajadores enfrentando el golpe de Estado. Roberto Gomensoro fue detenido y trasladado al Cuartel de Artillería Nº 1 (La Paloma) en el Cerro. 

Fue torturado y asesinado por quien era en ese momento el segundo jefe del cuartel, el teniente coronel José Nino Gavazzo. Ante la muerte, no intencional pero previsible, de acuerdo a las prácticas militares, Gavazzo informó a sus superiores y solicitó instrucciones. 

Con el visto bueno de quien era el Comandante en Jefe del Ejército, el general Esteban Cristi, jefe de la Región Militar Nº 1, ordenó a Gavazzo trasladar los restos de Gomensoro a la represa de Baygorria en Paso de los Toros y hacerlos desaparecer. Hacer desaparecer los restos de Roberto Josman para ocultar su crimen mientras era torturado en “democracia”, al amparo de la Declaración del Estado de Guerra Interno, fue, claramente, una decisión institucional del ejército uruguayo que marcaría una línea de actuación al respecto. 

Haber recibido la orden de hacer desaparecer a Gomensoro fue declarado por José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor que juzgó su conducta en el año 2018 y que Guido Manini Ríos no informó al Poder Judicial como corresponde que hagan todos los funcionarios públicos al tomar conocimiento de hechos delictivos. Ante el Poder Judicial, Nino Gavazzo había negado conocer a Roberto Gomensoro, aunque existían testimonios contundentes en su contra cuando el entonces joven juez de Paso de los Toros, Dr. Jorge Dìaz, retomó la causa. Un delito permanente 

La desaparición forzada de ciudadanos que son secuestrados, torturados atrozmente, asesinados y sus restos desaparecidos, por razones gremiales, sindicales, políticas o ideológicas es una práctica represiva abominable, cruel e inhumana. En Uruguay, durante el terrorismo de Estado fue una práctica habitual y extendida, dentro y fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor. 

La sentencia Maidanic y otros de la Corte Interamericana de DDHH en noviembre del año pasado condenó a Uruguay a continuar la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos y a esclarecer las circunstancias de las mismas. La sentencia Maidanic involucra a las “Muchachas de Abril” asesinadas en el año 1974, en Brazo Oriental, a Luis Eduardo González detenido y desaparecido desde ese momento a fines de ese año y a Oscar Tassino militante de Aute y del PCU en el año 1977. 

Seguir reclamando por nuestros detenidos desaparecidos es una batalla estratégica de afirmación de la institucionalidad democrática, para seguir avanzando en democracia. En la cárcel de Domingo Arena y en la Republicana están detenidos algunos de los principales involucrados en la política represiva del Estado. Ellos saben y saben quiénes saben, además.
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 (*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal. 

(**) Publicado en el Popular el 6 5 2022

Ese bicho no existe

24.10.11

El país del domingo 23 de octubre dedica su editorial a atacar al partido de gobierno por varias razones. Entre ellas, por su intención de hacer aprobar un proyecto de ley que ponga de manifiesto la disposición legislativa de cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman vs Uruguay.

Quien fuera el vocero oficial del Terrorismo de Estado durante el siniestro período que vivió nuestro país se siente en condiciones morales de dar lecciones de democracia y constitucionalidad a la ciudadanía.

Siguiendo la línea argumental de los profesionales que defienden a quienes ya se encuentran procesados por su participación en los exquisitos crímenes seriales, hacen caso omiso a la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman vs Uruguay. Para ellos, las normas internacionales de derechos humanos no existen, salvo que beneficien a delincuentes como los hermanos Peirano. La Corte IDH menos.

Uruguay ratificó la Convención Americana de DDHH.

En abril de 1985, al retornar a la institucionalidad democrática, por unanimidad de todos los parlamentarios, Uruguay suscribió, libre y soberanamente, la Convención Americana de DDHH, también conocida como Pacto de San José, en referencia al lugar en que se aprobó dicho instrumento en noviembre de 1969.

En consonancia con la Declaración Universal de 1948, para los países que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA), dicha convención es el documento que establece los derechos de los ciudadanos, las garantías legales y las obligaciones ineludibles de los Estados para asentar y consolidar un régimen de libertad personal y de justicia social, basado en el respeto de los derechos esenciales en un marco de instituciones democráticas.

Los Estados se comprometieron a respetar los derechos y las libertades y a garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas sujetas a sus jurisdicciones.

La Corte IDH es el máximo órgano.

Al suscribir la Convención Americana, nuestro país aceptó que la Corte IDH es el máximo órgano jurisdiccional en materia de DDHH. Así lo dispone el artículo 68.2 de la misma.

La Corte IDH es el máximo tribunal y sus fallos son definitivos e inapelables. Es obligatorio para quienes suscribieron la Convención dar cumplimiento a sus sentencias de buena fe y de manera integral.

La Ley de Caducidad ya fue anulada por la Corte IDH.

Los juristas que nunca faltan cuando de defender a los terroristas de Estado se trata, han señalado que la iniciativa a estudio del Parlamento es inconstitucional pues deroga tácitamente la Ley de Caducidad.

Quienes aducen este disparate intencionado, olvidan que el 24 de febrero de este año, la Corte IDH ya anuló la Ley de Caducidad pues violenta los compromisos asumidos por el Estado uruguayo al suscribir la Convención Americana de DDHH.

Según la sentencia, la Ley de Caducidad carece de efectos jurídicos. Alcanza con haber pasado por la puerta de la Facultad de Derecho para saber que una norma legal que no tiene efectos jurídicos, no existe y por lo tanto no puede ser derogada.

Tal como afirmara el catedrático Dr. Alberto Pérez Pérez que algo sabe de estas cuestiones, ante la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, no se puede derogar una ley carente de efectos jurídicos: no se puede matar a un muerto.

La Suprema Corte es un problema para la justicia.

El fallo de la Corte IDH que liberó al Poder Judicial de la supeditación al Poder Ejecutivo impuesta en diciembre de 1986 por la ley ya anulada, es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos del Estado uruguayo.

Hasta el momento el único órgano del país que ha desconocido flagrantemente el fallo del máximo tribunal americano, paradójicamente, es la Suprema Corte de Justicia.

Algunos operadores del sistema han actuado en sus fallos y resoluciones en total armonía con las normas constitucionales y las disposiciones del derecho internacional. Quienes debieran dar el ejemplo y liderar la implementación, los integrantes de la SCJ, han desconocido vergonzosamente el texto explícito de la sentencia, con la sola excepción del Dr. Leslie Van Rompaey.

Con la enorme autoridad moral que le confieren las décadas de actuación en defensa de los DDHH de quienes eran torturados, privados de su libertad, asesinados y desaparecidos por el régimen militar, Amnistía Internacional (AI) ha cuestionado seriamente el proceder de la SCJ, instándola públicamente a que corrija su conducta prontamente para no seguir siendo un obstáculo para la justicia que debería efectivizar.

Nunca Más terrorismo de Estado.

Como no podía ser de otra manera, el senador Pedro Bordaberry y su partido se ha puesto al frente de la oposición a que se cumpla a cabalidad la sentencia de la Corte IDH. Quiere impedir que la justicia pueda seguir avanzando y que se restablezca la verdad de lo ocurrido durante el proceso represivo que se inició en junio de 1968 cuando Jorge Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad para enfrentar a los trabajadores, sofrenar sus luchas y reprimir salvajemente al movimiento sindical y estudiantil.

La transición democrática iniciada en 1985 fue obstaculizada durante la vigencia de la Ley de Caducidad que impuso la cultura de la impunidad, impidió la plena aplicación de las normas constitucionales y el acceso a la justicia a miles de uruguayos que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos dentro y fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor.

El cumplimiento a cabalidad de la sentencia de la Corte IDH por parte de los poderes del Estado, tal como reclaman las organizaciones defensoras de los DDHH lideradas por el Pit-Cnt, es de fundamental importancia para superar las tragedias del pasado terrorista por parte del Estado. Es un paso decisivo para afirmar la democracia, la independencia del Poder Judicial y las normas internacionales de DDHH como base esencial de la convivencia civilizada y plena.

Como lo estableció la sentencia de la Corte IDH con respecto a lo ocurrido en Uruguay, la tortura, la privación agravada de la libertad, las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios políticos y la desaparición forzada de personas, fueron, son y serán siempre delitos de Lesa Humanidad. El sistema político, los partidos comprometidos con la democracia, deben confirmarlo en esta instancia parlamentaria.
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