En
la ciudad de Canelones comenzó esta semana el primer juicio oral y público por
graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de
Estado. Un juicio sumamente destacable por varias circunstancias.
Por Gastón Grisoni (*)
Dr Pablo Chargonia (Observatorio Luz
Ibarburu)
Única
denuncia estatal
Un primer hecho a destacar
es que la denuncia fue presentada por la
Secretaría de DDHH del gobierno departamental de Canelones cuando la titular
era Valeria Rubino. La presentó junto con la asociación civil Ágora, Identidad,
Derechos Humanos y Memoria Canaria. La primera y la única denuncia presentada hasta el momento por funcionarios estatales en
todo el país.
En un hecho sumamente
significativo, todas las causas judiciales por hechos referidos al pasado
dictatorial en Uruguay fueron presentadas por las propias víctimas, sus
familiares y allegados, recayendo en ellos toda la responsabilidad y el
trabajo. El respaldo de las organizaciones vinculadas a la temática ha sido muy
importante y destacado para que las mismas prosperaran. Para evitar cometer
omisiones involuntarias no se menciona a ninguna. Son varias y todas integran
el colectivo de organizaciones sociales hermanadas en la lucha contra la
impunidad y a favor de la justicia.
Recogiendo testimonios
sobre lo sucedido en Canelones durante el período del terrorismo de Estado, la Secretaría de DDHH del departamento,
tomó conocimiento sobre la existencia de Los
Vagones como centro clandestino de detención y torturas. La Secretaría adoptó la decisión de presentar
formalmente la denuncia para esclarecer los hechos y evitar que prosperara la
impunidad. Las víctimas cumplieron con su deber de testimoniar e incluso a lo
largo del juicio sufrieron agresiones y amenazas.
Los
Vagones
Se denomina con ese nombre
al Centro clandestino por el hecho de que funcionaba en dos vagones de AFE que
estuvieron instalados en el Parque Artigas y posteriormente en el barrio
Olímpico de la capital departamental. Su funcionamiento se encuadró en el marco
de la Operación Morgan que a fines del año 1975 se desplegó por parte de la
dictadura contra las estructuras y los militantes del Partido Comunista del
Uruguay (PCU).
La asociación civil Ágora,
Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria junto con el Observatorio Luz
Ibarburu (OLI) han jugado un papel decisivo para que esta causa prospere y
continúe.
Juez
Luis Sobot: un pronunciamiento insólito
Un primer contratiempo
surgió cuando el año pasado el juez de garantías de 1º turno de Canelones
definió la prescripción del delito de tortura que se imputó a los policías
retirados Hugo Guillén, Winston Vitale y Alejandro Ferreira, que operaban en el
centro clandestino de torturas que funcionó en la capital del departamento.
Lo escandaloso del fallo
es que el juez Luis Sobot computó a los efectos del cálculo prescripcional el
tiempo en que estuvo vigente la Ley 15 848 (Ley de Caducidad) y también el
período en que había dictadura en el país. Durante la vigencia de la Ley de
Caducidad el Poder Judicial estuvo sometido a la tutela del Poder Ejecutivo y
las víctimas estuvieron impedidas de acceder a la justicia tal como lo expresó
la Resolución 365/2009 de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en un fallo
histórico.
Durante la dictadura,
obviamente, no existían condiciones para que las víctimas pudieran presentarse
ante la Justicia a radicar las denuncias correspondientes. Sus propias vidas y
su libertad estaban en riesgo en caso de hacerlo, como señaló el abogado de las
víctimas el doctor Pablo Chargonia.
El tribunal de Apelaciones
revirtió el fallo del juez Sobot y la causa pudo continuar. El Tribunal de
Apelaciones invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada
por Uruguay mediante la Ley 15 737 en
marzo de 1985 al regresar a la institucionalidad democrática y también el Artículo
72 de la Constitución.
Oral
y público
La inmensa mayoría de los
juicios sobre casos y hechos del “pasado reciente” se han tramitado mediante el
viejo código del proceso tal como correspondía de acuerdo a las disposiciones
constitucionales. Todos los juicios se tramitaban por escrito, eran normalmente
lentos y los jueces tenían un papel protagónico.
Ya que la denuncia por las
violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Canelones fue presentada con
posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código del proceso penal, esta
causa se lleva cabo mediante dichas disposiciones y la Fiscalía Especializada
en Crímenes de Lesa Humanidad y las víctimas a través de su representación
legal, el doctor Pablo Chargonia del Observatorio Luz Ibarburu (OLI), están en
condiciones de actuar de una manera más activa.
Justicia,
justicia y más justicia
El proceso iniciado el 13
de junio de 1968 cuando Jorge Pacheco
Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) y que culminó en la
dictadura cívico militar que se prolongó hasta febrero de 1985, fue una calamidad
nacional. Fue la respuesta de los grupos uruguayos de poder dominantes, aliados
a EEUU, para reestructurar la economía del país a costa del nivel de vida, de
los salarios de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionistas y de
los sectores populares. A sangre y fuego.
Las graves violaciones a
los DDHH, desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, secuestros de niños,
privación ilegítima de la libertad, no pueden quedar impunes. Es necesario que
las mismas sean investigadas, esclarecidas y sancionadas, penal y
administrativamente. Los autores intelectuales y materiales de ellas, con todas
las garantías del debido proceso, como ha ocurrido hasta el presente, deben
rendir cuentas ante la justicia y ante la memoria histórica del país. No se
mira hacia atrás. Se mira hacia adelante, hacia el futuro, hacia una democracia
fuerte y consolidada. Con plena vigencia de las normas de DDHH y del Estado de
Derecho. De eso, simplemente, se trata.
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(*) Gastón Grisoni es
Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen,
necesariamente, al colectivo como tal.
(**) Publicado en El Popular Nº 617 - 9 12 022
