La teoría de los dos demonios fue desarrollada para ocultar la responsabilidad de quiénes fueron los promotores de la dictadura y el terrorismo estatal. Al principio se responsabilizaba a los insurgentes. El Dr. Julio María Sanguinetti incluyó al accionar del movimiento sindical.
Por Gastón Grisoni (*)
Histórica
movilización en 1983 contra la dictadura
En un continente dominado
por EEUU, lo ocurrido en Uruguay en el pasado reciente, en las décadas de los
sesenta, setenta y mediados de los ochenta, no puede interpretarse al margen de
las políticas globales de dicha nación para lo que siempre consideró su “patio
trasero”. Los hechos y los documentos desclasificados son contundentes aunque no
gusten. Basta tener presente que luego del triunfo de la revolución cubana en
1959, EEUU desarrolló una enorme campaña profiláctica para evitar nuevos procesos
insurgentes triunfantes.
De 1960 a 1964 hubo 8 golpes de Estado militares
en el continente: Argentina, Perú, El Salvador, Guatemala, Ecuador, República
Dominicana, Honduras y Brasil. Es público y notorio que en 1964 en nuestro país
hubo intentonas golpistas fracasadas con el general Oscar Aguerrondo como
principal promotor.
Pacheco
Areco convocó a las Fuerzas Armadas
En primer lugar, las
Fuerzas Armadas fueron convocadas a la escena política en junio de 1968 para
apoyar las Medidas Prontas de Seguridad y reprimir, militarizando, a los
gremios en conflicto. Jorge Pacheco Areco, reemplazante del general Oscar
Gestido fallecido en diciembre de 1967, implantó las Medidas Prontas de Seguridad
para aplicar un conjunto de iniciativas económicas propiciadas por el Fondo
Monetario Internacional, FMI, que incluyeron la congelación salarial para los
trabajadores. Fueron generadoras de una gran repulsa a nivel popular y de una
intensa movilización en su rechazo.
El decreto que las
implanta no hace mención a los estudiantes y, mucho menos, a la organización
que promovía acciones armadas. La misma habría de crecer exponencialmente ante
la política regresiva y represiva. Cuando se implantan las MPS el centro de la
preocupación gubernamental eran los gremios en general y muy especialmente la
central sindical que se había forjado.
En segundo lugar, las Fuerzas
Armadas comenzaron a cogobernar formalmente meses después de haber declarado
públicamente la destrucción de las organizaciones para las cuales fueron
convocadas a reprimir, por decreto, en setiembre de 1971, luego de la fuga del
Penal de Punta Carretas.
Cuando se disuelve el
Parlamento en junio de 1973, el Penal de Libertad y el Penal de Punta de Rieles
estaban funcionando a pleno y sin
plazas libres disponibles.
Un
error conceptual
Equiparar la conducta de
los particulares con la de los funcionarios del Estado es un error conceptual.
Los gobernantes, los funcionarios, deben cumplir sus funciones, deben gobernar
y hacerlo respetando las normas de DDHH,
sin excusas, sin explicaciones, sin justificaciones y sin obediencia debida.
Las normas de DDHH están
diseñadas para contener y moderar las conductas de los gobernantes, para
civilizar y humanizar la vida social. Como normas surgieron precisamente a
nivel internacional luego de las trágicas situaciones que se vivieron durante
el nazismo, el fascismo, la segunda guerra mundial y el holocausto del pueblo
judío. Solo los funcionarios del Estado violan las normas de DDHH.
Una
tragedia nacional
Las cifras son elocuentes
y esclarecedoras. La dictadura tuvo consecuencias
catástróficas. Sin negar la enorme
conmoción que se vivió en todos los planos de la sociedad, hubo un solo demonio
que golpeó al Uruguay: el terrorismo de Estado. Fue militar pero también fue
civil, contó con el respaldo de los principales grupos económicos de la época y
de los principales medios de comunicación.
La política represiva que
se aplicó desde el 13 de junio de 1968 fue necesaria, precisamente, para
apuntalar el proyecto económico, social y político de dichos sectores. Permitió
que los trabajadores y los sectores populares perdieran el 50% de su poder
adquisitivo y se llevara a cabo una redistribución regresiva de los ingresos
nacionales. Más de 5.000 millones de dólares fueron orientados a dichos
sectores. Al retornar a la institucionalidad democrática el 40% de los hogares
estaban por debajo de la línea de pobreza.
Las
Fuerzas Armadas fueron derrotadas
El proyecto constitucional
de las Fuerzas Armadas no tenía vocación democrática. Se promovió para legitimarse y mantenerse en
el gobierno. Fue derrotado en el plebiscito de 1980 de una manera contundente.
De ahí en más, la amplia movilización desplegada por el pueblo uruguayo condujo
a la reconquista luego de más de una década de institucionalidad vacía de
contenido y represiva.
En este país hay
democracia y libertad porque miles y miles de uruguayos supieron estar donde
había que estar, arriesgando sus vidas y libertades, enfrentando al gobierno de
Jorge Pacheco Areco, al de Bordaberry y luego al terrorismo de Estado, en todo
el país y fuera de fronteras, generando una enorme oleada de solidaridad
internacional que maniató a los gobernantes. El pueblo uruguayo pagó un duro precio en detenidos
desaparecidos, asesinados, presos, clandestinos y exiliados.
Para afirmar la libertad y
la democracia, las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron
en este país no pueden quedar impunes. Fueron masivas, sistemáticas y
generalizadas contra una población civil, tipificables como Crímenes de Lesa
Humanidad. Fueron cometidas por funcionarios del Estado que debían impedir que
ocurrieran. Tienen que ser esclarecidas y sancionadas por el poder del Estado
que tiene las prerrogativas constitucionales para hacerlo. Como hasta ahora,
los presuntos involucrados deben seguir contando con todas las garantías
constitucionales.
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(*) Gastón Grisoni es
Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen,
necesariamente, al colectivo como tal.
(**) Publicada en El Popular Nº 606 - 7 10 2022
